Sábado, 19 de abril de 2014

Trabajadoras a honorarios: Las mujeres sin derecho al Postnatal

/ Agencia Uno/ Agencia Uno

Scarlet Pino era parte del programa de protección de la infancia de Sename en La Florida, la misma comuna donde el Presidente Sebastián Piñera promulgó el posnatal de seis meses. La funcionaria, sin embargo, fue notificada de su desvinculación a partir del 31 de diciembre. Ella pertenece al universo de profesionales que no está protegida por el Código del Trabajo y no tiene derecho a los beneficios del proyecto estrella del Presidente.

El 6 de octubre pasado el Presidente Sebastián Piñera llegó a la Casa de la Cultura de La Florida para promulgar la Ley del Postnatal de 6 meses. A su lado, la ministra del Sernam, Carolina Schmidt, y el alcalde de la comuna, Rodolfo Carter, escuchaban atentos al Mandatario que afirmaba que con la iniciativa “se beneficiará a todas las mujeres en edad fértil porque saben que a partir de hoy, la maternidad contará con mayor comprensión y colaboración de todos”.

Entre los presentes en la ceremonia estaba Scarlet Pinto, encargada del programa de protección de los derechos de la infancia del Sename (Servicio Nacional de Menores), que en ese entonces tenía casi 2 meses de embarazo.

El pasado miércoles 14 de diciembre, a poco más de dos meses de la emotiva y significativa ceremonia, esta asistente social de 32 años, madre de una hija de 3 años y medio, recibió una mala noticia.

Como su vínculo contractual (a honorarios) vencía el próximo 31 de diciembre solicitó una reunión al municipio para que alguien le diera una  señal en torno a quien seguía en 2012, detalla. La cita fue suspendida en 4 ocasiones y luego que Scarlet insistiera, enviándole un correo al Jefe de Gabinete del alcalde, le comunicaron que no estaba considerada en la nómima de profesionales para el 2012.

Cuando me notifican no me dan razones técnicas de desvinculación y tampoco señales de reubicarme en otro programa”, señala. Dice que estaba sorprendida porque contaba con una buena evaluación del Sename y había informado por escrito de su estado el pasado 17 de noviembre. Pero eso no fue tomado en cuenta.

“Nosotros averiguamos y legalmemte no tenemos ninguna obligación de contratarte porque tu estás embarazada”, afirma que le dijeron desde el municipio. “Además de estar discriminando, te disvinculan del mercado laboral mínimo un año. ¿Quién me va a contratar con 4 meses de embarazo, o cuando esté amamantando?”, se lamenta.

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Junto a su esposo buscó la asesoría de un abogado, aunque sabe que tiene las de perder. Contactaron a Alfredo Morgado, pero el profesional no aceptó tomar el caso.

El beneficio para el hijo tan ansiado del que hablaba la ministra Schmidt es inalcanzable para un universo importante de trabajadoras, particularmente quienes no están acogidas al Código del Trabajo, como son aquellas funcionarias contratadas a honorarios en dependencias públicas y municipales.

 

 

Vacío legal

Para los expertos en derecho laboral, como el abogado Carlos Bazignan, casos como el de Scarlet demuestran el vacío legal que existe en nuestro país en materia de fuero maternal. “En el sector público, si están a honorarios, prácticamente no se aplica (…) Hay un retroceso en materia jurisprudencial en contra, no sólo de la mujer, sino que de los niños”.

El profesional aclara que en materia pública no hay fuero, que “se hace cumplir el contrato antes de preocuparse si la mujer está embarazada”, situación que no ocurre en el mundo privado. “Esa disparidad, que es muy notoria y arbitraria, debería zanjarse a través de un cambio legislativo”, refuerza.

Precisamente, la discusión de este tema en el Congreso fue larga. Las parlamentarias que trabajaron en el proyecto de la extensión del postnatal reconocen la existencia del vacío legal. La diputada PPD, Adriana Muñoz, confiesa que “cuando se estaba tramitando el postnatal no se intentó alargar a las mujeres contratadas a honorarios. Es una situación bastante recurrente que sean despedidas cuando se sabe que están embarazadas o cuando vuelven de su postnatal”.

En tanto, la diputada Carolina Goic (DC) asume que la situación de los funcionarios a honorarios, a diferencia de los a contrata y de planta, es un tema “que hay que resolver. Quedan desprotegidos en materia de seguridad social y en el caso de la administración pública hay que dar el ejemplo. A una mujer que está embarazada, independiente de la interpretación, corresponde que se le mantenga su trabajo”.

Según el Estatuto Administrativo, que rige a quienes se desempeñan en el terreno público, “las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto”.

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Desde el Sernam (Servicio Nacional de la Mujer) explican que “a pesar de esto, muchos servicios públicos incluyen cláusulas de protección a la maternidad en los contratos de honorarios de las funcionarias”, aunque asumen que “es necesario revisar esta normativa para generar una efectiva protección de las mujeres embarazadas”.

De todas formas, Bazignan considera que para revertir esta situación los jueces deberían hacer una nueva interpretación de las leyes, porque existen normas que están sobre otras normas comunes, como la garantía constitucional del derecho a la vida.

“Con esas normas es perfectamente posible proteger a las mujeres del sector público. Pero como no se ha hecho, lo único que les quedaría es agotar todas las instancias internas a nivel nacional y luego recurrir a instancias internacionales, para que ese fallo le sea impuesto al Estado chileno, para que adecue su legislación a dichos estándares”, aclara el abogado.

Hasta la Contraloría llegan cientos de casos, similares al de Scarlet, y que no son acogidos, como el dictamen Nº75568 entregado el pasado 2 de diciembre, que indica lo siguiente: “De las consideraciones expuestas, cabe concluir que a la señora Blanca Ruiz Otárola, no le asiste el fuero reclamado, toda vez que no se encuentra contemplado en su contrato”.

En el caso de Scarlet Pinto, la municipalidad de La Florida se abrió a evaluar una eventual reincorporación tras ser consultada para este artículo. No obstante  al cierre de esta edición, la afectada  aún no recibía una notificación oficial, ni oral ni escrita, de su reintegro.

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