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7 de Mayo de 2013

Arriesga perder permiso ambiental: Pascua Lama reconoce que incumplió normativa

La firma canadiense reconoció y aceptó 22 de los 23 cargos formulados en su contra por ese organismo, relacionados con el manejo de aguas con ácido de roca que no deben llegar a los cultivos de los agricultores de la zona. La firma además arriesga una multa de US$ 10 millones.

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La nueva administración del cuestionado proyecto Pascua Lama, controlado por firma canadiense Barrick, reconoció que incumplió, en general, el plan de manejo de protección de las aguas exigido en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Esta era la principal medida de mitigación del proyecto, ya que está enfocado a evitar que el agua contaminada por ácido de roca llegue a los cultivos de los agricultores de la zona, consigna La Tercera.

Derek James Riehm, representante legal de la minera entregó a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) un escrito en el que se reconocen y aceptan 22 de los 23 cargos formulados en su contra por ese organismo, relacionados concretamente con el manejo de aguas.

Esta decisión da cuenta de un giro en la postura de la canadiense, ya que en un primer momento negaron las acusaciones y además presentaron un recurso de reclamación ante el Tribunal Ambiental a través de su filial Minera Nevada SpA. Sin embargo, este lunes Barrick optó por desistirse de este proceso, con lo que la audiencia fijada para mañana, quedó suspendida.

La estrategia ahora parece apuntar a reconocer los errores, todo esto en línea con el cambio en la administración, que busca destrabar la paralización de la iniciativa.

En el texto, la empresa admite haber construido obras no autorizadas y que otras no se realizaron en los lugares adecuados. También, se reconoce que edificaciones comprometidas en la RCA para el manejo de aguas no fueron realizadas. Igualmente se solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) realizar una serie de cambios, “destinados a solucionar o dar cumplimiento a las directrices planteadas por la autoridad”.

El objetivo y los costos 

Según Riehm la aceptación de los cargos formulados por la SMA tiene que ver con el deseo de “demostrar el compromiso de dar cumplimiento a la legislación ambiental vigente y a las disposiciones establecidas en la RCA”.

Tras reconocer esto incumplimientos, el gigante minero arriesga la revocación de su permiso ambiental y una multa -que sería la primera que aplica la SMA-, que podría alcanzar hasta 10.000 UTA (unos US$ 10 millones).

Al interior de Barrick están conscientes de que las sanciones que pueden sufrir son bastante altas, dado el nivel de incumplimiento que están reconociendo. La compañía tiene previsto seguir con el proyecto, más allá de la resolución de la SMA y, si es necesario, hacer un nuevo estudio de impacto ambiental, lo que podría retrasar Pascua Lama en más de dos años. Aunque aseguran que no contaminaron las aguas, están conscientes de que se les puede abrir un flanco legal.

El polémico proyecto, que ya tiene un 80% de avance, tenía prevista su apertura para fines de 2014 y destaca como el mayor  proyecto de oro del país. La iniciativa, ubicada en la frontera de Chile y Argentina, comprende una inversión de hasta US$ 8.500 millones.

En su escrito la minera detalló su intención de aplicar una serie de cambios con “el objeto de restablecer el cumplimiento de lo dispuesto en el proceso de evaluación ambiental y el funcionamiento de las obras y actividades, consideradas indispensables para el resguardo del componente hídrico”.

En esta línea, buscará habilitar una solución a largo plazo para el manejo de aguas de no contacto (no contaminadas por material minero), por lo que se incurrirá en el mejoramiento de canales y obras de captación, de retención de sedimentos y de traspaso en descarga a tuberías de alta pendiente.

Asimismo, indicaron que requerirán el pronunciamiento del director del SEA, respecto de la regularización de la metodología de cálculo de los niveles de alerta de calidad del agua, y de la construcción y funcionamiento de la cámara de captación y restitución, que posibilita el control y monitoreo de las aguas del subsistema de manejo de aguas de contacto (con material minero), y que determina si se captan o desvían hacia el río Estrecho, dependiendo de su calidad.

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