Crisis económica e intereses: Conoce las razones tras el fin de la iniciativa ecológica Yasuni ITT
"La crisis económica mundial, las necesidades de desarrollo del país y los intereses de algunos países” no permitieron que la iniciativa Yasuní ITT se convierta en realidad, dijo Ivonne Baki, ex secretaria de Estado de Ecuador para el proyecto ecológico.
Por EFEIvonne Baki, quien fuera la secretaria de Estado de Ecuador para el emblemático proyecto ecológico Yasuní ITT con el que se pretendía librar a un parque nacional en la Amazonía de la explotación petrolera, culpó hoy a la crisis económica y a los “intereses de algunos países” del fracaso de la iniciativa.
“La crisis económica mundial, las necesidades de desarrollo del país y los intereses de algunos países” no permitieron que la iniciativa Yasuní ITT se convierta en realidad, dijo Baki, quien manifestó una “profunda tristeza” por ese hecho.
La iniciativa del gobierno ecuatoriano pretendía que otros países y organismos se comprometieran aportar dinero con el fin de compensar la pérdida de ingresos que supondría para Ecuador no explotar el petróleo de los campos Ishpingo Tambococha y Tiputini (ITT), situados en el parque nacional Yasuní, para no dañar ese lugar con una alta biodiversidad.
Baki tildó la propuesta de “revolucionaria, pionera y única”, y agradeció a Australia, Bélgica, Chile, Colombia, Alemania, España, Francia, Georgia, Italia, Indonesia, Luxemburgo y Turquía.
Asimismo, destacó el trabajo desarrollado con las Naciones Unidas y el apoyo de organismos como la Unión de Naciones Suramericanas.
El fin del convenio
Tras su decisión de la semana pasada de terminar con la iniciativa ecológica, Correa dijo que el mundo “ha fallado” al no contribuir con el proyecto que pretendía proteger un sector de la selva amazónica. A continuación este martes, el mandatario dio por terminado, de manera unilateral, un convenio con Alemania para conservar el parque Yasuní y rechazó una aparente intromisión germana en política interna.
“La dignidad del país no está en venta. Señores (alemanes), quédense con su plata, rechazamos unilateralmente el convenio. Sabremos salir adelante sin la prepotencia de ciertos países que siempre se han creído los dueños del mundo”, dijo Correa.
Se refería a las declaraciones del portavoz del Ministerio alemán de Cooperación Sebastian Lesch, quien el lunes explicó que su Gobierno tendrá que estudiar la concreción de la decisión ecuatoriana y sus efectos sobre el acuerdo bilateral por el que Berlín se sumaba, con ciertas condiciones, al proyecto Yasuní-ITT.
Baki aseguró que con un presupuesto “de sólo 7,3 millones de dólares en tres años”, lograron conseguir “contribuciones cincuenta veces mayores a lo invertido y posicionar al Yasuní como la iniciativa “emblemática” del Gobierno.
Según Correa, sólo se han recogido 13,3 millones de dólares de aportes depositados en los fideicomisos constituidos para llevar adelante la iniciativa, lo que representa “apenas el 0,37 % de lo esperado”, dijo al anunciar el fin de la iniciativa.
Apuntó, además, que existen otros 116 millones de dólares en “compromisos” de apoyo vinculados no directamente con el proyecto.
El antecedente Chevron
Tras el anuncio de Correa, quien indicó que pedirá autorización a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, para explotar los campos ITT con el menor impacto medioambiental posible, han surgido diversas voces para exigir una consulta popular y en favor del mantenimiento del crudo bajo tierra.
Entre ellas, las de quienes se consideran afectados por las operaciones de Texaco (hoy Chevron) en Ecuador, a la que han demandado por daños medioambientales.
En una Asamblea los afectados decidieron pedir a Correa que revise su decisión, “teniendo como sustento los preceptos constitucionales relacionados con la protección de la naturaleza y los pueblos originarios que viven en este Parque”.
La Unión de afectados por Texaco aglutina a 30.000 personas que dicen haber sufrido consecuencias negativas por las operaciones de esa petrolera adquirida luego por Chevron.
En 2011, la Corte de Justicia de Sucumbíos, en el noreste de Ecuador, condenó a Chevron a pagar más de 19.000 millones de dólares por los daños medioambientales causados entre 1964 y 1990 por Texaco.
Los demandantes, al considerar que Chevron no tiene activos en Ecuador, han iniciado causas de ejecución de la sentencia en otros países como Argentina, Brasil y Canadá.
La petrolera, por su parte, asegura que la condena en Ecuador obedece a un “fraude” en su contra por parte de los abogados que patrocinan a los demandantes ecuatorianos
