Greenpeace: Pascua Lama no se resuelve con acuerdos privados, Barrick debe responder a la justicia

Ante la noticia aparecida en las últimas horas sobre un posible acuerdo de la minera Barrick con una sección de las comunidades diaguitas por Pascua Lama, la ONG ambientalista Greenpeace ve en este movimiento un intento por desviar la atención del proceso judicial en curso en el que la empresa arriesga el retiro de los permisos ambientales.

La organización considera que Barrick debe responder ante la justicia y la institucionalidad ambiental. Ya el tribunal ambiental señaló que la firma debe ser sancionada por las atrocidades cometidas y la Corte Suprema debe ratificarlo. Existe evidencia suficiente para señalar que la empresa ha cometido reiteradas faltas a su resolución de calificación ambiental y que ha ocultado información a la justicia.

“El ejercicio de la Ley no lo deciden las empresas, está en manos de la justicia y ella debe actuar. Son los tribunales y la Superintendencia de Medio Ambiente quienes deben responder ante Chile y hacer justicia retirando los permisos a Pascua Lama”, declaró Matías Asún, director nacional de Greenpeace en Chile.

Para la organización ecologista ésta es una prueba más de que necesitamos una legislación proactiva que resguarde la protección de los Glaciares. Mientras los glaciares sigan desprotegidos empresas como Barrick podrán seguir destruyéndolos y causando un daño irreparable, utilizando su poder económico para ocultarlo.

El daño a los glaciares no tiene precio ni debe avalarse jamás de ningún modo. Greenpeace se solidariza con aquellas comunidades que han mantenido resistencia contra el actuar nefasto de esta gigantesca empresa y que no van a ceder en buscar justicia.

Esta postura de rechazo al acuerdo logrado por 15 organizaciones indígenas junto al abogado Lorenzo Soto, su suma a los ácidos cuestionamientos efectuados por organizaciones comunitarias, agricultores, crianceros  organizaciones religiosas de la zona quienes apuntan que se trató de una medida inconsulta.

De ahí que invaliden “todo acto de negociación de comunidades que no representan a los más de 70.000 habitantes que podemos ser afectados por este proyecto”.