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El Dínamo

Bernardo Larraín y la decisión del Comité de ministros por HidroAysén: “No hay que dramatizar”

A cuatro días de la definición del Comité de Ministros sobre el futuro del proyecto hidroeléctrico, el presidente de la generadora Colbún fustigó las demoras que lo han marcado tras la entrega de la RCA en 2011. También aborda la agenda de energía, la definición de las cuencas y los proyectos prioritarios.


Ambiente

6 de junio, 2014

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La agenda de Energía lanzada por el Gobierno junto a los proyectos de ley anunciado por el ministro Máximo Pacheco que apuntan a aumentar la competencia en el sector y bajar los costos de la energía, son vistos por el  presidente de la generadora Colbún, Bernardo Larraín Matte, como desafíos ambiciosos, que él aplaude debido a que se “establecen metas claras, lo que permite anclar la discusión en algo que es importante para todos, como son los costos de la energía”.

En conversación con Pulso, Larraín también se refirió a la cita en la que el Comité de Ministros, se pronunciará el martes próximo, respecto del futuro del polémico proyecto HidroAysén. Consultado por sus expectativas, en primer lugar se niega a especular, luego agrega que “no hay que dramatizar esa resolución, porque esta es una etapa más de la institucionalidad ambiental y en función de la resolución que el Comité de Ministros adopte, los distintos actores que están participando podrán definir si recurren a la instancia siguiente que es el Tribunal Ambiental, que fue creado hacia fines del primer gobierno de Bachelet, y que precisamente tuvo como propósito completar la institucionalidad ambiental con una instancia especializada que integre en sus decisiones criterios legales, técnicos y científicos”.

En tercer lugar sostiene que “lo más relevante para la discusión país sobre el desarrollo del potencial hidroeléctrico de Chile, incluido el de Aysén, son los procesos contenidos en la Agenda: la zonificación territorial de cuencas y el proceso de política energética participativo; ahí es donde Chile debiera enfrentar el tema”.

De cara a la opción de llegar a la Corte Suprema, donde HidroAysén ya ganó en una ocasión, dice que “es pertinente analizar la tramitación ambiental de HidroAysén a la hora de reflexionar sobre cómo el Estado ha actuado en relación a la institucionalidad ambiental. Se dice que la institucionalidad no ha dado el ancho y se debate sobre su perfeccionamiento: zonificación territorial, evaluación ambiental estratégica y participación ciudadana temprana. También se dice que las empresas no han dado el ancho, y que deben iniciar más temprano la socialización de los proyectos. Ambas discusiones legítimas. Se habla menos, sin embargo, sobre las acciones y omisiones del Estado, que en algunos casos han debilitado fuertemente la institucionalidad ambiental. Una institucionalidad puede ser adecuada, pero puede ser mal administrada. Y ha sido así en muchas situaciones. Nadie discute hoy que la resolución del Presidente Piñera en Barrancones infringió un daño a la institucionalidad ambiental.

De cara a HidroAysén el presidente de Colbún recuerda el largo camino recorrido por el proyecto al detallar que “se ingresa a evaluación ambiental en agosto de 2008, en un contexto donde la política energética del gobierno de la época indicaba que era un imperativo estratégico desarrollar el potencial hidroeléctrico del sur del Canal de Chacao. Fue sujeto de 4 mil observaciones de 35 servicios públicos durante dos administraciones. Se aprueba en mayo de 2011; se somete a una gran cantidad de recursos judiciales de los cuales el 100% son fallados a favor de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), incluida la Corte Suprema que la valida. A pesar de todo lo anterior, y teniendo un plazo legal perentorio de 60 días, el Comité de Ministros, después de casi 3 años, se reúne y resuelve sólo parcialmente. En definitiva, después de casi 6 años estamos a 4 días de que la parte de la institucionalidad que administra el poder ejecutivo, dicte una resolución definitiva. Más allá del sentido de la resolución que se adopte, estos procesos, así como muchos otros de proyectos de distintos tamaños y tecnologías, debiera preocuparnos por el daño que se le infringe a la institucionalidad ambiental. Es importante re-legitimar la institucionalidad ambiental, promoviendo los perfeccionamientos que en parte se plantean en la Agenda Energética, y tan importante como lo anterior, que todos los actores actuemos dentro de ella, con mejores estándares y de acuerdo al marco regulatorio.

Consultado por la posibilidad -ya filtrada- de que la instancia interministerial deje sin efecto la RCA del proyecto que Colbún comparte con Endesa, insiste en que no hay que especular.

Nosotros como HidroAysén hicimos una comparecencia ante el Comité de Ministros donde dejamos establecidos nuestros argumentos… Cualquier actor diligente debe velar por el valor de sus activos que se basan en un trabajo de los últimos 8 años de muchos profesionales, instituciones y consultores de primer nivel, explica.

El ejecutivo evita pronunciarse respecto de la posibilidad de que se demande al Estado chileno ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) si el Comité de ministros les cierra la puerta, e indica que “como empresa chilena tenemos plena confianza en la institucionalidad en Chile, sin perjuicio que tanto el Estado como las empresas hemos pasado por un proceso de adaptación a un nuevo contexto, que no ha estado exento de dificultades”.

La agenda, cuencas y proyectos proritarios

A ojos de Larraín la agenda energética lanzada el pasado 15 de mayo es ambiciosa y además  “establece metas claras, lo que permite anclar la discusión en algo que es importante para todos cómo son los costos de la energía. Cuando se ancla la discusión en algo tan sensible para todos se consigue visibilizar la discusión y movilizar acciones. El desafío es ver cómo se van bajando los enunciados de la agenda.

La propuesta de  llevar a cabo una planificación territorial de cuencas y priorizar seis de ellas, afirma que será interesante ver cómo se baja ese proceso, qué cuencas se van a priorizar.

Respecto de los criterios a aplicar en este proceso, plantea que “sería virtuoso un proceso como este si se aplica a cuencas donde hay dilemas y hay complejidades socio ambientales relevantes. Me refiero a cuencas que no están intervenidas, que a la vez tienen potencial hidroeléctrico relevante, pero también valores ambientales, de conservación o turismo. En esas cuencas es donde es especialmente valioso el ejercicio de planificación territorial. Y cuencas cuyo potencial hidroeléctrico tenga ciertos atributos que lo diferencien de la generación hidroeléctrica actual. Hoy, el 75% de la generación hidroeléctrica está concentrada en la zona centro sur, que es la más expuesta a una reducción en las precipitaciones por el cambio climático”.

La priorización de las cuencas que tengan potencial pero que también posean  valor ambiental y turístico, será un tema complejo, de ahí que el timonel de Colbún comente que “se establece un proceso que es un cambio de paradigma, en que antes de evaluar los proyectos individuales se hace un ejercicio, de una macro zona, que contiene distintas cuencas, que tienen varias cosas a la vez: potencial hidroeléctrico, valores ambientales, potencial turístico. Hay que equilibrar dos propósitos, la participación, que es muy valiosa como ejercicio previo, con enfrentar discusiones y tomar definiciones que son complejas, cómo es qué hacer con el gran potencial hidroeléctrico de los ríos del sur de Chile. Y no me refiero sólo a Aysén. Hay un gran potencial hidroeléctrico en una macro zona que parte desde la Región de la Araucanía hacia el sur, y que tiene el atributo de no estar tan expuesta, como los ríos de la zona centro sur, a la volatilidad climática. Pero que a la vez tienen una riqueza ambiental y potencial turístico”.

“Lo que encontraría una postergación de la discusión relevante, sería priorizar cuencas ya intervenidas de la zona centro sur, que tienen proyectos potenciales futuros, pero que ya están siendo desarrollados o tramitados ambientalmente, o cerca de iniciar su tramitación. ¿Dónde debiera aplicarse este nuevo proceso? Donde mayor complejidad hay, donde mayor potencial hidroeléctrico hay y donde mayor usos alternativos hay”, subraya.

La definición de una matriz energética, tema que no se decantó en la agenda sectorial no le preocupa ya que a su juicio se anunció un proceso de política energética que va a dar lineamientos de matriz energética y detalla que “pensar en un plan a 15 años con una matriz energética muy precisa es no conocer la dinámica del mundo, no tiene mucho sentido, las cosas cambian, lo que se dan son ciertos lineamientos, prioridades, con la información que tenemos hoy día, por eso es relevante que esa formulación sea antecedida de un proceso participativo”.

Sobre los proyectos de ley que debieran prorizarse a nivel energético opina que “el proyecto de ley de eficiencia energética es relevante. Y otro muy relevante es el de transmisión, que por lo que se insinúa es un cambio bastante estructural, no solamente en lo que se refiere a la forma de definir la franja territorial por donde pasan los sistemas de transmisión, que era lo que contenía el proyecto de ley de carretera eléctrica, sino que también a través de un estudio con la Universidad Católica, va a analizar la regulación de la transmisión, cómo se tarifica.

Igualmente admite que en las últimas licitaciones de suministro de empresas distribuidoras,” no ha habido suficiente dinamismo competitivo”, pero añade que  estos “no necesariamente está relacionado con los niveles de concentración, que en Chile ha bajado en los últimos 30 años. Empresas interesadas en entrar en Chile ha habido varias y grades: E.ON intentó entrar con Castilla, Suez intentó volver al SIG con Barrancones, SN Power intentó hacer el proyecto hidroeléctrico Maqueo en el sur. ¿Por qué nuevos actores no han podido ingresar a Chile?, todos los que he mencionado hubieran participado activamente en las licitaciones de suministro. ¿Cuál es la principal barrera de entrada? La dificultad para hacer nuevos proyectos de generación”.

“No hay ningún proyecto que no esté expuesto a un entorno complejo, que no es sino la otra cara del desarrollo. Es un cambio de contexto que amerita un cambio de las empresas, pero también implica un cambio del Estado. Hay responsabilidad del Estado, la judicialización es un síntoma, ¿por qué se llega a que la Suprema resuelva un proyecto?, porque las instancias previas no lograron resolverlo”, sostiene.

Luego enfatiza que todas las partes deben asumir una cuota de autocritica y dice que “El Estado tiene dos alternativas: o perfecciona la institucionalidad, o actúa dentro de ella. Lo que no puede hacer es actuar fuera de la institucionalidad porque la debilita”.

Finalmente se le indica que el ministro Pacheco ya ha dicho que el Estado no es neutral al desarrollo de los proyectos y si esto no generara una mirada más política y menos técnica. Bernardo Larraín  replica que “el desarrollo energético no debe ser visto con un criterio solamente técnico, los procesos participativos donde confluyen varios actores, son procesos políticos”.

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