Tras acuerdo entre AES Gener y Aguas Andinas: Parlamentarios y ambientalistas piden fiscalización a Super de Servicios Sanitarios

El senador Alfonso de Urresti junto a Sara Larraín, Anthony Prior y Nathalie Joignat de la Coordinadora Ríos del Maipo se reunieron este jueves con Patricia Arriagada, Subcontralora General de la República, para solicitar la fiscalización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) ante la autorización dada a Aguas Andinas para entregar a AES Gener (y en concreto para el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo) aguas afectas a la concesión sanitaria del agua potable de Santiago.

La documentación entregada a Patricia Arriagada, reúne todos los antecedentes del caso y contó con el apoyo y firma de los senadores: Alfonso de Urresti, Antonio Horvath, Jaime Quintana, Fulvio Rossi y Ricardo Lagos Weber; los diputados Cristina Girardi y Daniel Melo; los concejales de San José de Maipo Marco Quintanilla y Maite Birke; los dirigentes de la Coordinadora Ríos del Maipo: Anthony Prior y Nathalie Joignat y la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín.

Tras la cita De Urresti expresó que “la comunidad está muy preocupada por el proyecto Alto Maipo y la consulta que le hacemos a la contraloría es respecto de la legalidad de un acuerdo suscrito entre Aguas Andinas y Aes Gener. Creemos que la Superintendencia de Servicios Sanitarios no ha ejercido su potestad, al no tomar razón ni transparentar un acuerdo llevado a cabo de manera oculta”.

Cabe recordar que dos años después de la calificación ambiental del mega Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, el 7 de junio de 2011, la empresa AES Gener S.A. informó en carácter de hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros, un acuerdo con Aguas Andinas, para utilizar en la generación eléctrica, aguas de Laguna Negra y Lo Encañado que están destinadas al agua potable de Santiago. En el acuerdo, Aguas Andinas traspasa a AES Gener S.A. un caudal de 2,5 m3/s de las aguas efluentes de Laguna Negra y Laguna Lo Encañado. Como contraprestación, la empresa eléctrica hará a Aguas Andinas pagos mensuales por potencia y energía. El convenio tiene un plazo de vigencia de 40 años.

Este acuerdo entre las privadas, involucra bienes afectos a la concesión de producción y distribución de agua potable de Santiago, que de acuerdo al Decreto con Fuerza de Ley 382, de 1989, del Ministerio de Obras Públicas (Artículo 7) obliga a las concesionarias de distribución de agua potable y de recolección de aguas servidas, a destinar las aguas e instalaciones al servicio público respectivo.

Anthony Prior, vocero de la Coordinadora Ríos del Maipo expuso en la reunión que “el contrato entre la empresa sanitaria y la eléctrica contravino la legislación, dado que no contó con autorización previa y la Superintendencia al tomar conocimiento de la infracción no ejerció su potestad fiscalizadora”.

Respecto de la relación entre ambas empresas Sara Larraín manifestó en la reunión que “anexamos a nuestra solicitud varios documentos, entre ellos el que dice relación con la oposición de Aguas Andinas al proyecto por la utilización de estas aguas, donde expresan que Alto Maipo va a afectar el suministro de agua potable de Santiago, y que como concesionaria no pueden garantizar el servicio continuo si este proyecto se realiza. Aes Gener les responde que en ninguna parte de la legislación se establece que el agua para uso sanitario tenga preeminencia sobre el uso eléctrico. Todo esto, claramente, previo al acuerdo secreto suscrito entre ambas empresas”.

“El contexto de esta hidroeléctrica es tremendamente invasiva para una cuenca estratégica, ya que alimenta la capital del país. La tendencia mundial es que estas cuencas se protejan y lo que se está haciendo acá es lo contrario”, dijo Nathalie Joignat, también vocera de la Coordinadora Ríos del Maipo.

La solicitud quedó en manos de la Subcontralora, Patricia Arriagada, por lo que senadores, diputados concejales y la Coordinadora Ríos del Maipo quedaron a la espera del estudio de los antecedentes y los procedimientos disciplinarios correspondientes de confirmarse las infracciones denunciadas.