Ayer fuimos testigos de un triste espectáculo por parte del Consejo Nacional de Educación (CNED) y el Ministerio de Educación (Mineduc), el que se vio coronado con la aprobación de las bases curriculares de historia, geografía y ciencias sociales para el ciclo de primero a sexto básico. Lamentablemente se optó por zanjar una polémica de la peor forma, apelando a una inaceptable teoría del empate.
A nuestros estudiantes de sexto básico se les enseñará sobre “régimen militar o dictadura”, utilizando un recurso lingüístico que además de relativizar, no da cuenta de lo que nuestro país requiere. Para el caso de la enseñanza de la historia necesitamos que se reflexione, desde la niñez, sobre las graves implicancias que tanto la anulación de la democracia, como la violación sistemática de derechos humanos, tuvieron para nuestra sociedad tras él largo período en que vivimos en dictadura. Cualquier relativización de lo anterior abre las puertas para que se cuestione el valor “permanente” de la constitución democrática de nuestra sociedad.
Hay quienes se han conformado con este verdadero “giro lingüístico” relativizador señalando que permitirá un debate en los establecimientos escolares. Sin embargo, los propios informes de expertos curriculares convocados por el CNED dejan en evidencia las dificultades de esto, puesto que el espacio para hacerse cargo de los objetivos de aprendizaje asociados a nuestra historia reciente es mínimo.
Uno de los informes que tuvo en sus manos el CNED para aprobar las bases el 9 de diciembre señala lo siguiente: “No es comprensible ni conveniente que en el abordaje de la historia de Chile, desde la independencia hasta nuestros días, sólo 2 de los 9 OA [Objetivos de Aprendizaje], estén referidos a lo vivido durante el siglo XX e inicios del XXI…”. El espacio para el debate simplemente no existe.
Lo más grave es que la opción del empate termina contradiciendo una serie de principios, que si bien declarados en las nuevas bases curriculares, pierden credibilidad. El eje de Formación Ciudadana comentado por los evaluadores deja en evidencia que el curriculum asume un compromiso con la valoración de la democracia. ¿Implica la noción “régimen militar o dictadura” un verdadero compromiso con la valoración de la democracia? Creo que no.
Las contradicciones del nuevo curriculum son claras y van mucho más allá de la discusión de nuestro pasado reciente. Los tres ejes que lo conforman (historia, geografía y formación ciudadana) deberían tener una coherencia que no fue lograda, seguramente por la premura con que se buscó la aprobación de la propuesta.
Así lo destacó otro de los expertos evaluadores quien detalló que para el caso de historia y formación ciudadana existe una desarticulación que afecta a ésta última, limitando también la concepción de lo que se entiende por ciudadanía: “La consecuencia de esta desarticulación da como resultado un listado de normas, responsabilidades, deberes y derechos”.
Podría continuar con muchos otros ejemplos de las inconsistencias del curriculum que fueron señaladas por algunos de los tres evaluadores de quienes obtuve sus informes anónimos, gracias a la Ley de Transparencia, como es el caso de los curiosos saltos espaciales y temporales entre segundo básico (pueblos originarios y conquista de Chile), tercero básico (Grecia y Roma) y cuarto básico (Mayas, Aztecas e Incas).
Sin embargo, me detengo aquí para formular una crítica mucho más profunda al modelo de trabajo curricular que permitió que, a pesar de todo lo anteriormente señalado, se aprobaran las bases curriculares en el área de historia, geografía y ciencias sociales por parte del CNED.
Es altamente cuestionable el procedimiento de trabajo voluntarista, acelerado y poco serio impuesto por la Unidad de Curriculum del Mineduc, así como la validez de la aprobación de las nuevas bases curriculares por parte de un Consejo que ni siquiera está constituido conforme a la ley. Tal como señaló el renunciado consejero Alejandro Goic, el Consejo ni siquiera cuenta con un Presidente y menos con el tipo de miembros definidos por ley:
“Artículo 55.- El Consejo estará compuesto por 10 miembros, todos los cuales deberán ser académicos, docentes o profesionales destacados, que cuenten con una amplia trayectoria en docencia y gestión educacional, y con especialización en educación, ciencia, tecnología, gestión y administración, o en humanidades y ciencias sociales”.
El Gobierno ha optado por no cumplir con el mandato de la ley al no renovar la composición del CNED, transformando al Consejo en un buzón de depósito de bases curriculares, debido a su falta de independencia, pluralidad y competencia en el ámbito curricular.
Lo razonable era que luego de la renuncia de Alejadro Goic se hubiese conformado un nuevo Consejo, congelando la aprobación de las nuevas bases curriculares. No se hizo así, lo que genera desconfianza del valor que este gobierno le asigna a la participación ciudadana y al respeto por la diversidad.
Si realmente quieren formar ciudadanos respetuosos de la institucionalidad democrática, el Mineduc y el Gobierno debieran partir por dar el ejemplo y cumplir con lo que la ley exige, sobre todo considerando que este año buscarán aprobar las nuevas bases de educación media. De otro modo se abre un flanco para que se cuestione la legitimidad ética y legal de los cambios curriculares aprobados por el CNED.
