No pocas veces he recurrido como abogado ante el Servicio de Impuestos Internos, en adelante el Servicio, para lograr una conciliación, que implique condonar multas e intereses a cambio de no seguir debatiendo en una sede cuyo resultado es incierto. La postura de las autoridades anteriores, siempre había sido flexible, pues como lo señaló el mismo Director “más vale pájaro en mano que cien volando”. Obviamente que estas conciliaciones se lograban en el marco de un juicio en el que las posturas de ambas partes resultaba consistente. Es decir de no mediar éstas, existía el riesgo de que el Fisco recibiera cero, no porque la empresa quebrara sino simplemente porque era posible que su postura se impusiera.
Puedo en esta parte dar varios ejemplos que conozco en forma directa. Por lo mismo no me extraña que si Johnson estaba en juicio, sus abogados apelaran a la incertidumbre propia de los juicios, para conseguir una condonación significativa, y que el Servicio accediera a ella, porque la materia que entiendo dio origen a la discusión es de suyo debatible. De hecho, existe jurisprudencia administrativa del propio Servicio que valida el uso del gasto de las quiebras.
También existe jurisprudencia judicial que también conozco directamente que señala que a las empresas a lo menos debe reconocérsele como pérdida el capital que tenían cuando se produjo la quiebra. No me parece por lo tanto que se cuestione una decisión que se motiva en la idea de proteger y no de perjudicar la caja fiscal, máxime cuando la posición del contribuyente se encuentra avalada con dictámenes anteriores del mismo Servicio. Lo que me pareció extraño, debo decirlo, es que esto haya sido decidido por la actual administración, toda vez que lo que la ha caracterizado, por lo menos esa ha sido mi experiencia, es precisamente que se han negado a llegar a algún acuerdo cuando existe un juicio. Es más, cuando uno se ha acercado con ese objetivo, su posición es que uno se desista y con el desistimiento sobre la mesa se conversa. Sin ningún compromiso ni un acuerdo previo. Incluso ha habido casos en que existiendo fallo de los propios Tribunales Superiores en favor de los contribuyentes por los mismos hechos, la posición sea seguir debatiendo.
No obstante que lo obvio es que los tribunales superiores que ya fallaron en beneficio de ese contribuyente lo vuelvan a hacer en el otro juicio, se asume esa posición, porque se quiere ser muy celoso con los intereses del Estado, especialmente porque no se quiere que posteriormente se cuestione que por haber estado en la vereda del frente, se tiene hoy una posición favorable a los contribuyentes. Por eso cuando me enteré lo de Johnson lejos de molestarme y considerar que lo que hubo fue una discriminación injusta, me alegré. Lo hice, porque visualicé un cambio de actitud. Me pareció valiente que se tuviera el coraje de aplicar el máximo de condonación en favor de una empresa que legítimamente había decidido defenderse judicialmente de un criterio técnicamente discutible.
Lamentablemente, esta decisión que debiera ser la primera de varias que vayan en la línea que considero correcta, que es sacar de la judicialización los casos y buscar acuerdos que signifiquen recursos para el Fisco, sobre todo cuando lo que se discute es debatible y con resultado incierto, se transforma hoy en un nuevo problema para los contribuyentes. Ya no sólo deben debatir con el taxímetro corriendo, ante un tribunal que le es hostil, sino que ante una administración, que si antes no llegaba a ningún acuerdo, hoy y después de que todo lo que ha ocurrido, repondrá su política de que sean los tribunales los que resuelvan. Me parece malo para el país. El Servicio no es infalible. Dice una cosa un día y la cambia en otro. Muchas veces sin decirlo. El contribuyente al medio, no sabe qué hacer, si elige una alternativa, el riesgo es que el Servicio lo liquide y tenga que discutir en tribunales, con un interés mensual de un 1,5% por mes, más reajustes y multas. Por eso los montos tan millonarios.
Sin entrar al debate de si influyó en la decisión de condonar a Johnson el hecho de que las actuales autoridades se hayan desempeñado en el pasado, como consultores de la auditora que le prestaba asesoría, me parece pertinente subrayar que tanto en la Concertación como en la Alianza, se hizo en su minuto una definición política, en el sentido de que nada obstaba para que un consultor tributario fuere designado Director del Servicio. Nadie puede argumentar que en ese momento no se previó que se producirían conflictos de intereses. Se previeron, sólo que se asumió que si los había, en la ley estaba la forma de zanjarlos.
De hecho, la misma Contraloría a propósito de la Polar, estableció como criterio el deber de abstención. Por eso es que el Director, lo primero que hizo cuando se produce el cuestionamiento, es identificar a los funcionarios intervinientes, todos de carrera, y señalar que en esa decisión él no intervino. Parece lógico y consistente con la ley. Lo que no parece correcto en cambio, es que las autoridades políticas rasguen vestiduras por su nombramiento. No puede hacerlo la concertación ni tampoco el gobierno. Ambos pudieron evaluar si resultaba razonable designar en cargos tan relevantes a personas que podían haber hecho informes contrarios a los criterios del Servicio, o defendido en juicio esas posiciones o incluso haber hecho planeamientos tributarios orientados a diferir la carga tributaria.
No, nada se hizo, y no se hizo entiendo porque se consideró que era más rentable nombrar en ese cargo a alguien que conociera al contribuyente. Nadie puede alegar que eso no diera resultado. Se corrigieron oficios y se impulsaron leyes que suponen un conocimiento cabal de lo que los privados hacen. Es más algunas fiscalizaciones se han hecho a contratos específicos, porque quienes llegan saben de ese negocio, y la forma que los privados lo han estructurado. Cuando eso ocurre, nadie dice nada, y no lo dicen porque el objetivo se cumple. Basta sin embargo, que ese mismo conocimiento se vuelva en contra del Fisco, para que todos lo que han guardado silencio, argumenten lo impresentable que resulta el que quien antes ayudó a un privado, ose ahora beneficiarlo. No pondera que ese conocimiento le permite visualizar el riesgo que tiene el Fisco en el juicio, sea en el resultado mismo o en la posterior recaudación; y menos que por el deber de abstención que hemos recordado, el Director tal como él lo dijo, no intervino en la decisión.
