Domingo, 20 de abril de 2014

Administración desleal de La Polar

Esta forma particular de hacer negocios tenía su origen en una práctica sistemática, que obedecía a un desarrollo estratégico de La Polar a través de su gerencia, (comercial y financiera de créditos).

El escándalo de la multitienda La Polar que a través de un comunicado de prensa reconoció haber realizado malas prácticas crediticias es solamente la punta del iceberg.

El Sernac presentó hace unos días una demanda colectiva en los juzgados civiles de Santiago, a eso hay que sumar que ya la primera semana de junio este organismo tenía más de dos mil reclamos contra la empresa por realizar repactaciones de
deudas en forma unilateral
, es decir, sin el consentimiento del cliente. Es así que estas repactaciones fantasma provocaron que si una persona tenía una deuda inicial de trescientos mil pesos podía llegar a deber un millón novecientos mil pesos, como señala la página web Reclamos.cl.

Esta forma particular de hacer negocios tenía su origen en una práctica sistemática, que obedecía a un desarrollo estratégico de La Polar a través de su gerencia, (comercial y financiera de créditos).

Al parecer, para no tener que castigar la cartera vencida, la empresa repactaba esos créditos. Así, se cree que sus ejecutivos habrían adulterado los balances y estados financieros, los que a su vez eran auditados por Price Waterhouse. Este caso sólo reventó por las denuncias ante los abusos. Y aún queda por esclarecer la verdad de todo esto.

De estos breves hechos hay algunas preguntas y retos a los que nos enfrentamos.

La Polar es una empresa cuyas acciones se transan en la bolsa, de las cuales el 27% corresponde a las AFP que administran nuestros fondos previsionales, y que nombraron directores poco diligentes en esta empresa, en otras palabras, personas de confianza que hacen mal su trabajo. O ejecutivos que reciben bonos que provocan un efecto pernicioso.

Si es que se han llegado a adulterar los balances, existiría lo que se llama administración desleal, sin embargo esta práctica no se encuentra tipificada como delito especial en Chile, y por lo tanto, la ciudadanía se encuentra sin las herramientas necesarias para sancionar drásticamente esta acción según estándares internacionales.

En nuestro país aún tenemos vigente un Código Penal que data del año 1874, y una legislación vaga que está diseminada, pero además una zona gris que ha permitido este tipo de acciones. Digo esto porque hay un ante proyecto de Código Penal del año 2005, elaborado por el foro penal, el que en su artículo 336 sanciona estas prácticas con pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, o el 339 que sanciona al contador o auditor que dictamine falsamente sobre la situación financiera.

Las legislaciones de Estados Unidos, España e Italia nos llevan la delantera. Países donde existen las figuras de la administración desleal, información social falsa, imposición de acuerdos abusivos, adopción de acuerdos lesivos, negativa a someterse a la fiscalización de autoridades, y así se podría enumerar una lista extensa.

Desde diciembre de 2009 está vigente la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y que obedeció a compromisos de Chile con la OCDE. Este caso demuestra que éste es el momento para crear legislación acorde con los estándares internacionales que contemple sanciones penales, civiles y administrativas, que castiguen de manera eficaz y ejemplar este tipo de prácticas.

Nuestro Congreso tiene la oportunidad de abordar este tema y solicitar al Ejecutivo una iniciativa de ley consensuada por todas las bancadas que permita dar una señal ejemplarizadora que tienda a fortalecer la fe pública y proteger a los consumidores. Estas medidas son necesarias para que exista real igualdad ante la ley, y no quede la sensación de en Chile se aplica a algunos el derecho penal del enemigo y a otros el derecho de guante blanco.

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