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Opinión

Ambigüedades políticas

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Ahora bien, acá no hay un error por parte de la Juez de Garantía, pues ante la solicitud con base fundada se suspendió la medida cautelar, y el fundamento fue la invitación de parte de la Comisión de DD.HH. al Congreso, un hecho imprudente que a todas luces es una interferencia inadmisible en otro poder del Estado.

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Director asociado Humano Comunicaciones

Es común escuchar decir a nuestros políticos y autoridades “dejemos que las instituciones funcionen”, particularmente en el mundo parlamentario, con lo que al parecer se quiere transmitir la idea de que cada una de ellas debe actuar en consecuencia con sus postulados y facultades, sin interferencia de otras instituciones.

Es precisamente eso lo que la Constitución declara en relación a los Poderes del Estado y donde radica gran parte de su valor, que sus resoluciones son completamente independientes de los otros poderes, ya que solo tienen como límite el respeto a la institucionalidad y al resto de los poderes.

Es así que en estos días está a punto de estallar un nuevo conflicto entre dos poderes del Estado, el Judicial y el Legislativo, enfrentamiento generado tras un descuido (otro más) de los diputados pertenecientes a la Comisión de Derechos Humanos, quienes no se percataron de la inteligente proposición defendida a ultranza por el diputado Hugo Gutiérrez, luego de invitar a exponer ante la comisión a uno de los imputados por el crimen del matrimonio Luchsinger-MacKay.

Lo más increíble es que todo esto ocurre cuando el juicio está todavía en proceso de investigación. Ahora bien, acá no hay un error por parte de la Juez de Garantía, pues ante la solicitud con base fundada se suspendió la medida cautelar, y el fundamento fue la invitación de parte de la Comisión de DD.HH. al Congreso, un hecho imprudente que a todas luces es una interferencia inadmisible en otro poder del Estado.

En tanto, ¿cuál sería el propósito de la invitación si ninguno es fiscal ni abogado defensor del imputado? Acá no se cuestiona el que puedan o no opinar sobre el caso, o gustarles el resultado del mismo, pero dista mucho de interrogar a un imputado. Además, qué pasa si este cambia las declaraciones realizadas otra vez, resultando falsa esta o las anteriores, ¿en qué pie queda la investigación?

Ante la conmoción generada por este episodio, que ha provocado fuertes declaraciones tanto del ex contralor General de la República, Ramiro Mendoza, como de otros destacados abogados constitucionalistas, el presidente de la comisión, Tucapel Jiménez, está tratando junto a otros miembros aplazar o cancelar la exposición del imputado, algo que requiere de la unanimidad de sus miembros, la que no se lograría por la oposición del diputado Gutiérrez.

Lo curioso es que muchos parlamentarios, incluidos algunos de los citados, abogan permanentemente por la independencia de los poderes y del llamado “funcionamiento de las instituciones”.

Aquí nos encontramos ante dos situaciones anómalas: la primera es cómo dos miembros de la comisión presentan una proposición de esta índole cuando saben que no pueden intervenir en decisiones de otro poder del Estado, y por lo tanto deben acatar; y la segunda, cómo es posible que no se den cuenta que posteriormente se arrepienten de decisiones como estas.

Y después se preguntan con asombro a qué se debe el creciente desprestigio de la clase política.

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