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Opinión

Así nos friegan las evaluaciones de proyecto

Así nos friegan las evaluaciones de proyecto Así nos friegan las evaluaciones de proyecto

"Nada tiene que ver la ESP con superación de la pobreza, ni con enfocarse en los más desfavorecidos. Un proyecto con 'rentabilidad social' no es uno que ayuda a los más pobres".

Rodrigo Quijada

Por


Miembro de Ciudad Viva - Ingeniero de Transporte

En Chile la ley exige que todo proyecto de inversión haga -y apruebe- previamente una Evaluación Social de Proyecto (ESP). Un trámite burocrático que hoy por hoy sólo nos friega sin aportar ningún valor.

Cuando a un ministro se le ocurre un proyecto, lo que debe hacer en la práctica es hacerle la ESP, obtener el resultado positivo después de uno a dos años, y luego con ese visto bueno gastar la plata para materializarlo. La ESP pretende determinar si los beneficios del proyecto son mayores que sus costos. Buscamos “rentabilidad social”. La idea es identificar a tiempo malos proyectos (con costos mayores a los beneficios) y atajarlos para no desperdiciar la plata. Noble objetivo, sin duda, pero el tiempo ha hecho sus estragos.

Muchos se confunden con la palabra “social”. Usted no lo haga. Nada tiene que ver la ESP con superación de la pobreza, ni con enfocarse en los más desfavorecidos. Un proyecto con “rentabilidad social” no es uno que ayuda a los más pobres. “Social” solo hace referencia a su signficado más original: interesa “la sociedad en su conjunto”. Pretende hacer la diferencia con “evaluación privada”, en el sentido de que no se evalúa si es o no un buen negocio para un inversionista; se evalúa si es beneficioso o no para la sociedad.

Y en eso se hace evidente, para partir, el primer problema de la ESP: su incapacidad para diferenciar entre proyectos progresistas y regresivos. En escenarios con iguales condiciones, la idea de hacer un puente -por decir algo- en una comuna rica y en una pobre, darían el mismo resultado según la ESP. Es insensible a quiénes obtienen el beneficio. Y por ello esta, la única herramienta que permitiría darle sustento técnico a la elección entre un proyecto u otro por cuestiones de pobreza, termina por el contrario oscureciendo el panorama.

Un segundo problema es que para obtener el resultado las ESP comparan un escenario en que el proyecto se hace, contra no hacer nada. No se necesita ser un genio para anticipar que la abrumadora mayoría de los proyectos cumplen ese sencillo criterio. ¡Tu proyecto tendría que ser realmente muy re-malo para que sea mejor quedarse de brazos cruzados que materializarlo! Hay algunos así de malos, por cierto, pero son de una rareza exótica que solo significa que la utilidad de la ESP es en extremo limitada.

Para el típico proyecto más normal, lo anterior se traduce en que la ESP se vuelve solo un estúpido trámite burocrático: uno a dos años de demora en hacer una evaluación cuyo resultado ya conoces de antemano: es mejor hacerlo que no hacer nada.

Por supuesto la ESP sería mucho más útil si los proyectos compitieran entre sí. En ese caso la autoridad vería unos con más rentabilidad social que otros, lo cual lo ayudaría a elegir los verdaderamente mejores. Así lo haría un inversionista privado con sus proyectos privados. Pero no el Estado. Nada obliga a la autoridad a comparar proyectos, ni menos lo fuerza a optar por aquellos con más rentabilidad. Y eso permite a la autoridad lo que realmente quiere: poder llevar a cabo los proyectos que se le antoja sin que sea cuestionada técnicamente porque tiene un estudio bajo el brazo que dice que su proyecto es rentable socialmente.

Otro problema de nuestras ESP es que varias de ellas están bien obsoletas. El encargado de definir las metodologías es el Sistema Nacional de Inversiones (SNI) dependiente del Ministerio de Desarrollo de Social, quien ha demostrado una pasmosa lentitud para incorporar cambios. Por ejemplo, en proyectos de transporte los únicos beneficios que importan son los mismos que en los años 80s cuando se creó: la reducción de tiempos de viaje y combustible. Eso significa que si tienes un proyecto que por ejemplo reduce accidentes, no vale nada. En serio.

Otro problema muy grave del SNI es que es muy susceptible a dar resultados torcidos. Es lo que sucede cuando un sistema no tiene contrapesos ni chequeos, pese al durísimo conflicto de interés existente pues el gobierno está evaluando proyectos del gobierno… Evaluador y evaluado tienen el mismo jefe; y nadie se fiscaliza bien a sí mismo, tú sabes.

Un caso reciente de esto es la evaluación de la autopista Vespucio Oriente. Lo que ella proyectó es que en hora punta los vehículos se moverán en la autopista en promedio a, redoble de tambores, 100 km/h… Para un especialista el número es ridículo con solo mirarlo. Para el resto: ¿has andado en hora punta en una autopista en Santiago? ¿has andado en alguna autopista urbana en el mundo en la hora pico? Al SNI le importó un comino lo fantaseoso del número, y como Contraloría ni nadie lo está mirando, aprobó el resultado. Claro, porque si La Moneda quiere construir una autopista entre Vitacura y La Reina, ¿qué subalterno se va a interponer evaluando realistamente la cuestión?

Por último, en casi todos los proyectos ocurre que hay ganadores y perdedores. Algunos empeoran para que otros mejoren. Probablemente estaremos todos de acuerdo que si los que ganan son muchos más que los que pierden, el proyecto debe hacerse, compensando apropiadamente a los perdedores. La ESP sin embargo hace ojos ciegos de esta cuestión y no permite identificar cuántos pierden y cuántos ganan, o quiénes son, ni cuánto pierden los que pierden.

En resumen, tenemos un sistema que te dice lo obvio -es mejor hacer proyectos que no hacerlos-, con metodologías obsoletas que ignoran beneficios claros, con resultados que pueden torcerse para agradar a las autoridades gracias a que nadie lo vigila, que no busca los proyectos más rentables ni los proyectos que más ayudan a los pobres, que no sabe cuánta gente pierde ni cuánta gana producto del proyecto, y cuyo único real efecto es burocratizar la ejecución de proyectos.

Miento; tiene un segundo efecto: Sirve a la clase política, que gusta de vestirse de aires técnicos para ocultar sus preferencias y agendas sesgadas, simulando una racionalidad y neutralidad que en realidad el sistema no le otorga.

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