Sí la recomendación del Directorio de Colbún de suspender la evaluación ambiental de la línea de transmisión de HidroAysén significa el fracaso del proyecto, es algo que el tiempo nos dirá. No es difícil intuir posiciones contrapuestas en los dueños de la hidroeléctrica: inmediatamente después del pronunciamiento de Colbún, HidroAysén informó que el proyecto, por el momento, sigue adelante. Lo sucedido podría tratarse de un obstáculo más a superar por parte del proyecto, o bien del primer indicio de que el proyecto cambiará para resultar menos agresivo, o bien podría ser simplemente el inicio de un final que estaría muy próximo.
Pero tan importante como el futuro del proyecto, es el escenario que se abre a partir de la potencia y claridad con que Colbún ha manifestado su posición: no existe una política nacional de energía en Chile que cuente con amplio consenso, y por lo tanto no existen condiciones apropiadas para el desarrollo de un proyecto de la magnitud y complejidad de HidroAysén. La declaración es verídica y reconocida por muchos especialistas, pero de boca de Colbún suena enorme. A parte de ser un dato para sus socios, es por sobre todo una pasada de cuenta feroz a este Gobierno y los anteriores.
Desde un punto de vista, las declaraciones de Colbún han generado desconfianza y se han entendido desde todo tipo de fórmula conspirativa, incluso como una señal de presión al Gobierno para conseguir mayor apoyo para HidroAysén. Aunque hayan motivos para desconfiar, lo señalado por Colbún resulta tan profundo que huele a honestidad. De cierta forma, Colbún simplemente está traduciendo al castellano esa sensación que se ha incubado a partir de una serie de casos, y que nos dicen que más que casos aislados es el sistema el que esta fallando.
Barrancones: que nos dijo que el propio Presidente no cree en la institucionalidad ambiental. HidroAysén: que nos mostró lo fundamental que es el rol público en la generación de energía. Agrosuper: que nos sembró la duda sobre qué tipo de proyectos estamos permitiendo. Río Cuervo: que dejó en claro la pobreza con que los desarrolladores de proyectos enfrentan el proceso de evaluación ambiental. Por todo esto, las condiciones para el desarrollo de proyectos complejos no están dadas.
Habrá que esperar un tiempo aún para ver hacia qué lugar nos dirigiremos. Las primeras reacciones las dio el Gobierno y fueron muy poco esperanzadoras: primero, indicando que la suspensión del proyectos es una decisión privada, cuando lo que Colbún –un privado que se ha desarrollado en las reglas del modelo- ha señalado que justamente se necesita más Estado en esto; y segundo, afirmando que sí existe una Política de Energía diseñada recientemente por un Comité de Expertos, cuando lo que Colbún ha pedido son políticas consensuadas ampliamente fuera de las aulas de los expertos.
Nuestro deber, partiendo por el Gobierno, es tomar la oportunidad y entender la actitud de Colbún para bien. No es el momento de desconfiar; es el momento de buscar acuerdo consientes de nuestras diferencias, teniendo al frente a un país que esta pidiendo mayor honestidad en este tipo de decisiones.
Necesitamos una política ambiental apropiada y una política de energía consistente, estándares adecuados para los proyectos hidroeléctricos, procesos honestos y transparentes, mejores capacidades técnicas, y que la política llene todos aquellos espacios que torpemente traspasó a la arena técnica y al mercado en algún momento. Todos los sectores, desde los políticos a los técnicos, desde los ambientalistas a los empresarios, deben buscar ser más. Si Colbún pudo, y confiemos que así fue, ¿por qué otros no podrían?.
