Todo partió el 2010, a pocos días de asumido el Gobierno del Presidente Piñera, las miras telescópicas de muchos de los nuevos funcionarios de Gobierno apuntaron al Servicio civil.
Cómo una avalancha, durante semanas se cuestionó esta institución, y en sólo 6 meses se despidió al 42% de los puestos de primera jerarquía concursados recientemente.
Salieron directores, se intervino de facto esta institución, y un profundo daño a la credibilidad de un sistema que tomó años consolidar, fue generada. No pasó mucho tiempo para que las miras telescópicas se dirigieran al Poder Judicial, ante los malos resultados en materia de seguridad ciudadana, el Gobierno apuntó todos sus dardos a deslegitimar la acción de los jueces frente a la ciudadanía, tal fue la virulencia de los ataques, que de manera inédita, el presidente de la Corte Suprema de aquel entonces, Milton Juica, lanzó duras declaraciones contra el Gobierno, tales como “Yo diría que existe una actividad política destinada a presionar la función de los jueces frente a un fracaso de una promesa de seguridad que no se ha cumplido“, u “hoy por hoy, hay una presión política mayor que en la época de la vuelta a la democracia”.
Nuevamente, al igual como ocurrió con el Servicio Civil, el poder judicial termina siendo parte de las conversaciones familiares del día Domingo, la institución queda expuesta a todo tipo de ataques infundados, y de paso la institucionalidad sufre una profunda herida.
Sin embargo este actuar contra instituciones que ostentan cierta autonomía no fue puntual. Sin dejar los cuestionamientos a los jueces, en paralelo el Ministro del Interior critica hasta hoy ante los medios de comunicación al Fiscal Nacional Sabas Chauán y los funcionarios del Ministerio público en su actuar.
Los casos de debilitamiento público de instituciones frente a la ciudadanía suman y siguen, y en las últimas semanas el Consejo para la Transparencia ha sido objeto de una seguidilla de ataques a sus atribuciones, no de manera privada por supuesto, si no que con cartas, columnas, y declaraciones de parte de miembros del Gobierno y partidos oficialistas en los medios de comunicación, atacando los fallos del Consejo en diversas materias y debilitando peligrosamente la capacidad de este consejo para discernir sobre competencias que le fueron entregadas por el legislador, pero que mediante la coerción comunicacional y judicial, el Gobierno intenta revertir.
En el mundo de la especulación financiera, desde donde varios de nuestros conspicuos gobernantes tienen su origen, la compra y venta de papeles transables no tienen un horizonte de vida más allá de la acción concreta de vender, lo importante es obtener la mayor rentabilidad posible en un momento determinado, el futuro del papel vendido, o la empresa detrás de aquel no es problema del vendedor por cuanto lo que importa es la rentabilidad del momento, y no las consecuencias que pueda tener esa venta.
Pero los códigos que pueden funcionar muy bien en la especulación bursátil, no funcionan en el mundo de la política, las acciones emprendidas por un Gobierno frente a las instituciones que rigen las cuestiones judiciales, de transparencia y probidad, o cualquier dimensión más allá de la esfera del poder ejecutivo, tienen un impacto en el mediano plazo, se puede vender al Fiscal Nacional por unos minutos en el noticiario central y obtener una rentabilidad en la CEP del mes siguiente, pero el impacto puede ser tan costoso para el sistema político general, que una victoria pírrica determinada, puede terminar dejándonos en el mediano plazo con un sistema político incapaz de encauzar las demandas sociales que se están levantando.
Es urgente un giro en la relación del Gobierno hacia las distintas instituciones, una relación más madura y de Estado para comprender y relacionarse con organizaciones autónomas que cumplen una delicada función en el ecosistema estatal, instituciones que son garantes de muchos derechos civiles, y que hoy se ven expuestas a la desconfianza ciudadana.
No vale la pena para Chile las confrontaciones públicas del Gobierno con aquellas instituciones que de una u otra manera fiscalizan o incomodan el actuar de los funcionarios, si no existe este cambio, quien quiera que resulte electo en las próximas elecciones, tendrá una tarea muy dura para gobernar una sociedad desconfiada frente a quienes se supone, están llamados a resguardar los derechos ciudadanos.
