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Opinión

Comenzamos a tener las herramientas para resguardar y resguardarnos

Comenzamos a tener las herramientas para resguardar y resguardarnos Comenzamos a tener las herramientas para resguardar y resguardarnos

Lo cierto hoy, es que el país necesita con urgencia de una legislación que consolide la institucionalidad y maneje los incidentes de seguridad informática en el país.

Jaime Soto

Por


Secretario General de ACTI

El jueves recién pasado la Presidenta Michelle Bachelet firmó la nueva “Política Nacional de Ciberseguridad”, una hoja de ruta que contempla medidas que se implementarán este año y el 2018, puntos y aspectos que el gobierno entrante deberá asumir y dar continuidad, y que debe quedar absolutamente implementada en el 2022.

Como ACTI celebramos este necesario y esperado paso, que en una de sus aristas buscar educar a las personas acerca del uso de la web y también de los riesgos de la misma; que el país cuente con una infraestructura de la información robusta y resiliente, preparada para resistir y recuperarse de incidentes de ciberseguridad; que se proteja la infraestructura de la información y que se cuente con equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad, entre otros puntos.

Concordamos y apoyamos que dentro del paquete de medidas a implementar en el más corto plazo se contemplen: Preparar y enviar al Congreso Nacional el Proyecto de Ley sobre Ciberseguridad; Tramitar nueva ley de datos personales; Actualizar normativa sobre delitos informáticos; Adherir e implementar el Convenio de Budapest; Fomentar el patrocinio del Estado a proyectos de I+D+i en materias de Ciberseguridad y Promover el desarrollo de capital humano avanzado en asuntos de Ciberseguridad, entre otros.

Veamos algunas cifras. Según el propio documento estatal: Chile ostenta la mayor tasa de penetración de internet en América Latina, con más de un 70% de su población conectada; y la economía digital nacional creció en torno al 11% entre 2014-2015, pasando de U$34 mil 127 millones a U$39 mil 485 millones. En tanto, en la Cumbre Latinoamericana de Analistas de Seguridad, realizada en septiembre de 2016, se aseguró que entre agosto de 2015 y agosto de 2016, el continente Latinoamericano alcanzó una cantidad de un millón cien mil ataques de malware al año. Y agreguemos que Chile aún se encuentra lejos de países como Estados Unidos, Israel, Estonia y República de Corea, cuyo nivel de protección es muy alta y es prioridad para cada uno de los gobiernos.

Por eso, en un tiempo en que la tecnología y la digitalización marcan pautas, resguardarnos del cibercrimen es una tarea compartida y todos los sectores deben involucrarse: público, privado y Estado. Es un tema que hay que tomar muy en serio y dimensionar su alcance.

De hecho, con el avance de la digitalización, de las tecnologías y del IoT entre otras varias aristas, uno de los temas que preocupan a los expertos es la seguridad de la información de las personas, hasta qué punto todos entregaremos información personal y valiosa cada vez que se de “aceptar” a los términos y condiciones de uso. Para eso, para ese y otros resguardps se requiere de una renovada y estricta política de protección.

Lo cierto hoy, es que el país necesita con urgencia de una legislación que consolide la institucionalidad y maneje los incidentes de seguridad informática en el país. El Estado debe entender y tomar el resguardo que los chilenos necesitamos de mantener nuestra ciber-privacidad. Esto es un paso necesario, sin duda; pero debemos prontamente ir por más.

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