En una columna anterior me referí a la importancia que tiene “contar” pobres, y sobre todo, contarlos bien. Ahora quiero centrarme en las razones por las cuales existe una inercia que dificulta hacer los cambios necesarios en la manera como medimos la pobreza.
Las líneas de indigencia y de pobreza usadas para determinar que hay un 14.4% de pobres según la CASEN 2011 están desactualizadas. Son un termómetro que quizás mide bien la tendencia pero no el nivel de pobreza verdadera. Dado que se basan en patrones de consumo medidos en la Encuesta de Presupuestos Familiares de 1988, reflejan la realidad de las personas pobres hace 24 años atrás. Esto implica que las cifras oficiales entregas la semana pasada subestiman el verdadero porcentaje de personas en situación de pobreza en Chile.
El gobierno está consciente de estos problemas, e incluso se ha comprometido con el Congreso a implementar las recomendaciones de la Comisión Para la Medición de la Pobreza (véase Informe Final). Más todavía, el propio ministro de Hacienda, en su rol de académico, clamaba hace algunos años por realizar cambios al respecto, estimando que la verdadera cifra era de 4 millones de pobres (véase Estudio). Pero los cambios comprometidos por el actual gobierno recién se implementarían en la medición del año 2013.
Más allá de las complejidades técnicas del caso, esto refleja que el gobierno quiere “patear” el problema para adelante. Más aún, se prefiere mostrar éxitos usando la metodología actual, que se sabe que está obsoleta. Y sobre todo, muestra poca voluntad política de levantar con fuerza el tema de la pobreza como un problema que sigue siendo prioritario, a pesar de la baja en las cifras recién entregadas. Lo que parece contradictorio con los esfuerzos de reposicionar el antiguo Mideplan como el nuevo Ministerio de Desarrollo Social, dándole mayor jerarquía política al ubicar a su ministro en la propia Moneda.
¿Qué hace que no exista una mayor voluntad de hacer estos cambios que cuentan con consenso técnico con más celeridad y prioridad política?.
Obviamente, ningún gobierno quiere aparecer como el que hace subir la pobreza. Tampoco ayuda que el gobierno actual tenga como compromiso textual “erradicar la pobreza extrema” en su período. ¿Cuál pobreza extrema? ¿Medida con el termómetro obsoleto o con el termómetro más adecuado? Esto genera claros incentivos a no querer cambiar la metodología, aun cuando se sepa que genera información equivocada.
Otra fuente de inercia es sobredimensionar la capacidad del indicador de pobreza agregada como vara para decirnos “qué tan bien lo estamos haciendo” en cuanto a las políticas sociales del gobierno de turno. Este indicador no permite concluir si se deben cerrar o abrir nuevos programas, ni tampoco evaluar directamente la gestión económica y social de un gobierno, ya que son múltiples los factores que inciden en la pobreza observada, muchos de ellos no controlables por el gobierno.
Ayudaría a disminuir esta inercia contar con una institucionalidad más potente en cuanto a políticas sociales se refiere, donde el cálculo de la pobreza y los cambios metodológicos no dependan del gobierno de turno.
Mientras tanto, se pueden vencer estos obstáculos generando medidas complementarias de pobreza, según distintos escenarios y supuestos, que permitan llevar la discusión desde la arena política hacia el terreno más técnico. Esto estimularía que la opinión pública dejara de hablar de “la” cifra de pobreza, lo que facilitaría la transición hacia una nueva metodología.
De lo contrario, la negación de cuál es el verdadero nivel de pobreza actual, junto con nuestra tendencia a “esconder” a los pobres por medio de colegios y ciudades segregadas, provoca una sensación de un país que no es tal. Donde las estadísticas macroeconómicas y los promedios nos nublan la vista de lo que realmente pasa día a día en las calles de los distintos Chiles que conviven en un mismo territorio.
