Por estas semanas, se estuvo discutiendo la polémica ley que busca criminalizar toda protesta social que altere el orden público y cuya moción fue presentada por el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Dentro de las principales características que presenta esta ley es que contempla castigar con presidio menor en su grado medio a quienes participen en desórdenes o cualquier otro acto de fuerza o violencia, ya sea paralizar o interrumpir algún servicio público, invadir y ocupar viviendas, establecimientos comerciales, educacionales o religiosos; impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos, atentar en contra de la autoridad o sus agentes y causar daño a la propiedad privada, municipal o particular.
Pero si esto fuera poco, también sufrirán de todo el peso de la ley aquellas personas que inciten, promuevan o fomenten los desórdenes que contempla la ley. Es decir, los que convoquen a cualquier acto de movilización caerían dentro de esta categoría. Sin embargo, dicha ley pone especial atención en las personas que actúen a rostro cubierto (la famosa capucha) o utilizando cualquier elemento que impida, dificulte o retarde la identificación del hechor. Finalmente se agrega en esta ley del Ministerio del Interior la facultad para que este último formule querellas por delitos contra el orden público o a la autoridad.
Esta medida draconiana asumida por el ministro desde un comienzo es absolutamente cuestionable e instala un manto de duda de si efectivamente el ejecutivo busca solucionar los temas de fondo que se arrastran por décadas en nuestro país, o si simplemente se ha visto sobrepasado por la ebullición de la protesta y la ausencia de mecanismos dialogantes para resarcirse de su baja popularidad entre la ciudadanía.
Pero no es sólo silenciar a todo aquel que busca construir una sociedad con mayor justicia social, sino que también provoca un efecto directo en limitar las libertades individuales que todo ciudadano posee y lo que es más preocupante, coarta la posibilidad de exigir tus derechos en democracia. Por tanto, no hay que tener una mirada simplista de la llamada Ley Hinzpeter, ya que demuestra la total incapacidad por parte del gobierno de dar solución a demandas colectivas, y que en el breve plazo estas pueden irse agudizando. Solo basta recordar el ultimátum dado por los secundarios, advirtiendo de que si en cuatro meses no se desmunicipaliza la educación, se radicalizaría el movimiento estudiantil. ¿No será entonces que el gobierno prefiere satanizar cualquier demanda ciudadana antes que alterar el mal llamado modelo económico chileno? ¿Por qué busca el ministro silenciar los movimientos y sus dirigentes con una ley que a todas luces presenta síntomas antidemocráticos?
A mi modo de ver, no sólo es falta de experiencia política, sino que se cruza con el poco interés en dar solución real a los temas de fondo, al fuerte distanciamiento de las estructuras partidarias de los problemas que acongojan a nuestra gente y lo que es peor, no se sigue gobernando para las mayorías, sino que para las minorías. Esto ya es evidente en varios casos en que el sistema financiero o las empresas de retail tienen mayores beneficios que cualquier ciudadano que busca emprender algún tipo de negocio personal o familiar.
Esto ha sido una tónica y si a eso le sumamos que las demandas sociales han sido postergadas por años, el escenario político se ve más bien borroso. Al no existir intención alguna de comprender y proponer una transformación sustancial a la calidad de vida de las personas, entender las dificultades que tiene cualquier familia que hoy está condenada a pagar altas tasas de interés por el simple hecho de querer estudiar y surgir en la vida, y al no existir espacios de defensa ciudadana, seguiremos presenciando movilizaciones y violencia como vía de escape a un sistema que responde a cuestiones económicas, pero que no tiene capacidad de respuesta ante las demandas sociales.
Solo un ejemplo, el 10 por ciento más rico en este país gana 28 veces más que el 10 por ciento más pobre. Si cualquier gobierno no considera esto como un acto de violencia sistémica, el descontento y la cristalización de mayores demandas populares irán en aumento rápidamente. Es cosa de revisar la prensa y ver que cada día aparecen más y más situaciones de privilegio a las grandes familias y de sometimiento permanente a gran parte del ciudadano despolitizado que sólo busca un mejor pasar. Es de esperar que quienes están hoy en el Congreso no presten oídos a esta ley, ya que sería un grave retroceso para Chile, pero por sobre todo un atentando político a la democracia, esa que todos alaban, pero que cada vez que pueden, la intentan desplazar.
