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Opinión

Crisis Política: ¿Cómo salir de la encrucijada?

Crisis Política: ¿Cómo salir de la encrucijada? Crisis Política: ¿Cómo salir de la encrucijada?

En los últimos años, la sociedad chilena ha experimentado fuertes y súbitos cambios. Entre los más notorios se encuentra el sostenido descenso de los niveles de confianza en las instituciones. Según la Encuesta Nacional Bicentenario, en su versión 2014, en 2013 el 8% de los chilenos confiaba en los partidos políticos, cifra que en 2014, descendió a 3%. Los partidos políticos no son los únicos que sufren, nuestros representantes, el gobierno y el Congreso Nacional no juegan mejor suerte de cara a la confianza, hecho que nos pone ante una encrucijada como sociedad.

Por


Investigador de IdeaPaís

¿Qué hacer en un escenario que, para muchos, es una tragedia de la cual no vale la pena ocuparse? ¿tenemos que sustituir nuestra democracia representativa por otras formas de participación? o ¿acaso es mejor cambiar la “calle” que, al parecer, “funciona” mejor que las propias instituciones proponiendo refundar todo el sistema desde allí?

La crisis de la política y del liderazgo de los políticos se produce en un momento en que la calidad de la participación y la representatividad es más importante que nunca. Un marco de reglas legales claras, disuasivas de comportamientos corruptos, como la regulación del financiamiento de la política, son necesarias en Chile, donde, más que reglas legales para combatir la corrupción, existen sólo incentivos difusos que, en la práctica, han sido pasados por alto por la lógica de competitividad electoral y el influjo del dinero (entre más gasto electoral, más probabilidades existen de ganar las elecciones).

Esta crisis, sin embargo, no es solamente un problema formal que, como tal, podemos solucionar diseñando reglas del juego claras que estimulen la transparencia en la esfera política. Si no apuntamos a las causas de la crisis política, es fácil que nos dejemos llevar por el desánimo y el escepticismo de las instituciones democráticas, que tanto nos costó recuperar. Una democracia sin partidos socialmente legitimados no tiene sustento moral, pero cuando los partidos están cooptados por poderes fácticos —los mismos que llevan atornillados años— o son presas de la falta de formación cívica, más que instancias de representación ciudadana, se transforman en agencias de poder político que van contra el poder ciudadano.

Por eso, para que exista una actividad política transparente, debemos procurar que la disposición ética de los ciudadanos, sean votantes, militantes de partidos o movimientos, funcionarios públicos, etcétera, se renueve, de modo que las instituciones no sean sólo reglas abstractas, sino canales efectivos que potencien las virtudes cívicas, pero ¿de qué manera?¿no es un camino muy de largo plazo y difícil de llevar a la práctica? Es cierto que la apuesta por la dimensión ética del problema de la corrupción produce “bostezos”, pero se pueden hacer algunos arreglos que permitan dotarlo de viabilidad.

Con el objeto de crear una cultura cívica, nos parece necesario comenzar con una serie de iniciativas ciudadanas que intenten compatibilizar una reforma de las instituciones democráticas, pero también de la conciencia política.

En primer lugar, debemos reponer el voto obligatorio con inscripción voluntaria. Lejos de ser una medida conservadora, la experiencia de nuestro país, junto a la comparada, parece mostrar que aquellos sistemas con voto obligatorio poseen una mayor calidad de participación, tanto en cantidad como en fortaleza del vínculo.
El voto voluntario, con su lógica que lleva la participación a un mercado de electores, no hace más que erosionar la calidad política, llevando el debate de ideas al banquillo y reduciendo todo a una simple combinación de calidad publicitaria y recursos económicos. Una sociedad de derechos es necesaria, pero los derechos sin sus correspondientes deberes se parecen más a reivindicaciones individuales, que a una auténtica democracia, donde se procura el interés de toda la comunidad política.

En segundo lugar, buena parte de esta crisis política se debe precisamente a que las personas no se sienten representadas por quienes han sido elegidos legítima y válidamente en las elecciones. En tal sentido, creemos que es el momento de adoptar mecanismos de la democracia semi-directa, que no son incompatibles con el actual esquema institucional y que, por lo mismo, colaborarían en oxigenar la relación entre poder político y poder ciudadano, rehabilitando el deterioro de la representación cívica, de modo que éstos se sientan cada vez más partícipes de los asuntos comunes. La iniciativa popular de ley, por ejemplo, es una medida importante, que puede ayudar a canalizar un sin número de inquietudes ciudadanas que hoy no tiene una vía de escape.

Por último, nos parece fundamental que la elaboración del esquema de financiamiento de la política resultante en este proceso de reforma institucional, esté condicionado, entre otras cosas, a que los partidos promuevan la formación cívica, tanto al interior de sus cuadros y bases, como también entre quienes no pertenecen a ellos, pero que deseen formarse políticamente con el fin de habilitarse y participar del juego democrático. Es decir, se debe promover, a cambio de recursos públicos de financiamiento, que los partidos cumplan con un estándar mínimo de formación cívica a través de campañas públicas de difusión de ideas, debates, foros, congresos, etc. Hoy sabemos que la realidad, pese a contar con intenciones nobles, dista mucho de lograr resultados que nos permitan hablar de “estándar mínimo” por lo que el desafío está por el lado de la fiscalización efectiva, donde la evaluación interpartidos abre notables oportunidades de hacer efectivo este anhelo.

El contexto actual debe llevarnos a superar el escepticismo frente a la democracia representativa, y tomar la oportunidad que se abre en esta crisis de cambiar, desde los cimientos, vicios que erosionan la calidad de la participación en la vida política. Sólo creando una cultura de la democracia podremos salir de esta crisis política.

Cristóbal Ruiz-Tagle, Director de Estudios de IdeaPaís
Ricardo Mellado, Investigador asociado del Centro de Estudios del Desarrollo
Luis Robert, Investigador de IdeaPaís

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