Viernes, 18 de abril de 2014

¿Cuál será el contenido de la demanda de Bolivia en contra de Chile?

/ EFE/ EFE

Bolivia pretenderá que la Corte reconozca a Bolivia derechos nacidos de expectativas supuestamente generadas por Chile que en diversos momentos históricos se ha allanado positivamente a buscar una solución al problema de la mediterraneidad boliviana.

¿Cuál puede ser el contenido de la demanda de Bolivia ante la Corte de la Haya en contra de Chile? Seguramente en los próximos días lo sabremos pero las opciones no son muchas.

El país altiplánico se solazaba en la idea librar la madre de todas las batallas atacando judicialmente el Tratado de Paz y Amistad de 1904. De allí que al ratificar el Pacto de Bogotá sobre solución Pacífica de Controversias, que es el instrumento jurídico que habilita la interposición de una demanda –y del que Chile es parte-, haya optado por introducir una reserva respecto del artículo que impide recurrir a esa Corte por situaciones anteriores al año 1948. Pero dado que Chile reaccionó oportunamente observando a su vez la reserva boliviana, como en el ajedrez, el gobierno de Evo Morales quedó en jaque y debió desandar el camino que ya había recorrido. Resultado: hace apenas un mes el Congreso Boliviano eligió resignarse al Tratado de 1904 a cambio de tener la posibilidad de llevar a Chile a un tribunal internacional levantando, por tanto, la reserva que había formulado.

Descartada la aspiración boliviana más íntima, probablemente la demanda se concentre en al menos dos aspectos. La primera sería el supuesto incumplimiento chileno de obligaciones que emanan del Tratado de 1904, referido principalmente a las facilidades que Chile debe otorgarles para operar a través del puerto de Arica y al precario funcionamiento del tren de Arica a la Paz. La segunda, pretenderá que la Corte reconozca a Bolivia derechos nacidos de expectativas supuestamente generadas por Chile que en diversos momentos históricos se ha allanado positivamente a buscar una solución al problema de la mediterraneidad boliviana.

Un arduo problema del derecho internacional es resolver las fuentes, esto es, determinar el origen de las obligaciones jurídicas de los Estados. Esto equivale a preguntar: ¿cuál es el derecho que la Corte deberá aplicar para resolver esta controversia? Lo zanja el art 38 del propio Estatuto al indicar que la Corte deberá valerse, entre otras fuentes, de las normas jurídicas que emanan de los tratados y de la costumbre internacional, a la que define como una practica estatal generalmente aceptada como derecho.

A diferencia de lo que sucede en el derecho interno chileno, la costumbre es una relevante fuente de las obligaciones internacionales. Para que aquella nazca requiere la repetición constante y uniforme de actos o abstenciones por parte de un Estado; pero también –a juicio de la doctrina clásica- debe existir por parte del Estado un elemento subjetivo de convicción, que se puede traducir como el sentimiento de estar cumpliendo con dicha practica o repetición un deber jurídico internacional.

Al parecer será esta una de las líneas argumentales importantes que contendrá la demanda. Así Bolivia seguramente alegará que las negociaciones bilaterales efectuadas en varias oportunidades durante los siglos XX y XXI, constituyen una repetición constante de actos del Estado Chileno que no solo han contradicho en los hechos su histórica postura de que no existen asuntos pendientes; sino que tales actos habrían generado obligaciones para Chile y “derechos expectaticios” para Bolivia.

Como se sabe el mas resonante de estos episodios fue el “Abrazo de Charaña” en 1978, que motivó una presentación formal de Chile a Perú pidiendo su acuerdo para entregar a Bolivia un corredor soberano al norte de Arica y que concluyó con una respuesta peruana que lo hizo inviable. Seguramente recordará que esa posible solución no fue inventada por el dúo Pinochet-Banzer sino que una idea similar ya había sido explorada décadas antes. Y que no han sido pocas las opciones y modalidades que se han barajado en distintos gobiernos de distintos signos políticos, por lo que la “Agenda sin Exclusiones” acordadas por los gobiernos de Evo Morales y Michelle Bachelet y los avances que se produjeron en el entendimiento bilateral hasta la llegada de Sebastián Piñera a la Presidencia de la República, no han hecho sino recoger una practica común –bilateral- reiterada en el tiempo.

Para nuestro país sus derechos son incontrarrestables y nacen de expresos acuerdos de voluntades -los tratados-, alcanzados entre los dos Estados. Entonces, ¿qué valor jurídico tienen esos actos “reiterados en el tiempo” que Chile ha aceptado algunas veces y otras propiciado? ¿Es posible que ellos generen un “derecho expectaticio” como alegará Bolivia?

Son las preguntas que deberá resolver la Corte de La Haya. Seguramente muchas respuestas estarán en los textos escritos; pero otras, inevitablemente estarán asociadas a figuras conceptuales nuevas que pugnan por emerger en la dinámica sociedad del siglo XXI y en una joven disciplina jurídica, el derecho internacional público, que va camino rápidamente a adquirir su mayoría de edad.

Por lo pronto, la demanda boliviana y la posterior fase oral del juicio nos informará pormenorizadamente acerca de las tratativas, acuerdos, negociaciones frustradas, encuentros y desencuentros que Chile y Bolivia han protagonizado durante más de 100 años, seguramente bajo la atenta y preocupada mirada de otro país que también juega sus cartas en este incordio pero que ha tenido el talento de figurar como un tercero más o menos lejano, sin serlo: Perú.

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