Hace unos días el Presidente del Consejo para la Transparencia, Raul Urrutia, comentaba la preocupación institucional por la noticia difundida de un eventual acceso de ejecutivos de La Polar a la base de datos de Fonasa. La denuncia es atendible ya que el segmento de personas cotizantes en el sistema de salud pública coincide de manera importante con sectores desbancarizados que sólo acceden al crédito a través del retail.
Luego se dio a conocer la detección por parte del SERNAC de cláusulas abusivas en contratos de telecomunicaciones encontrando, dentro de un largo catalogo de observaciones, cláusulas en las que se obliga al consumidor a aceptar que se envíen los datos de sus deudas impagas a DICOM, pese a que la Ley 19.628, sobre Protección de la Vida Privada de las Personas, señala expresamente que no se pueden remitir las deudas contraídas con empresas de servicios básicos a los registros de morosidad.
Fuera de estos casos, de alta notoriedad pública ya que están asociados a escándalos, existen situaciones cotidianas y permanentes en las cuales se violenta la legislación de datos personales y, en consecuencia, los derechos fundamentales. Lo más complejo es que existe una cultura instalada en la sociedad de complacencia en la entrega de este tipo de información, que solo pareciera alarmarnos cuando se desata el escándalo.
En el Congreso existe una veintena de mociones que tienden a perfeccionar la legislación vigente, lo que se suma a un proyecto de ley en primer trámite constitucional en la Cámara, una propuesta de la Comisión de Economía del Senado y una indicación sustitutiva anunciada por el Ejecutivo, en el marco de la Agenda de Impulso Competitivo.
En este contexto, no podemos sino apoyar la idea de que el Consejo para la Transparencia obtenga facultades regulatorias plenas en la materia, vigorizando la tarea que el Legislador le ha encomendado, a partir de la Ley 20.285 y que constituye una exhortación a velar por los datos personales, pero sin una provisión de potestades especificas para que esta misión devenga en la fiscalización efectiva de un ente autónomo.
Este reforzamiento de poderes adquiere especial importancia ya que la situación del particular frente al Estado, que demanda sus datos personales, suele ser más asimétrica y subordinada que aquella que se genera frente a agentes privados. No es lo mismo que se le consulte a una persona el Rut para acceder a una promoción comercial a que se le requiera de éste para ser sujeto de una ayuda estatal. Por su parte existe un mayor riesgo de captura de bases de datos del sector privado hacia el público, ya que en este último los costos de generar información son menores y van asociados, las más de las veces, al cumplimiento de pasos necesarios para la entrega de prestaciones o generación de bienes públicos.
Lo anterior, por cierto, no resta urgencia a la necesidad de contar con autoridad responsable para el sector privado y facultades de inspección, registro, fiscalización y sanción suficientes para que nuestros datos tengan el estándar internacional para su tratamiento, cualquiera sea el arreglo institucional que se defina para ello y que todas las personas tengan derecho a acceso, rectificación, cancelación y oposición en su información.
La protección de datos, al igual que otras iniciativas vinculadas a la Televisión Digital o Colocalización de Antenas requiere una discusión profunda, con enfoques regulatorios desapasionados, distanciada de populismos o intereses creados, convocar esfuerzos transversales y medir impactos en el mediano y largo plazo.
Se trata de un estilo legislativo distinto al que suele movilizarnos en la agenda social o reformas políticas, que demanda conocimiento especializado e integrado, entendiendo que la velocidad del mercado muchas veces supera a la de la regulación.
Nuestro trabajo para este tipo de reformas es tener la capacidad de observar todo el panorama, legislando integralmente, no por retazos ni por temporadas, explicando a las personas que en la protección de sus datos y en la determinación de la información que sobre ellos se entrega, también existe un derecho humano comprometido.
