Contrario a lo que como sociedad quisiéramos, los delitos sexuales cometidos contra menores han sido, lamentablemente, desde el inicio del sistema procesal penal actual, un número importante de las investigaciones que se substancian en las distintas Fiscalías del país. Son hechos que día a día se denuncian y que afectan a muchos niños de nuestro país, cualquiera sea su origen y posición social.
Las investigaciones sobre abusos sexuales contra menores son complejas, plantean desafíos enormes en la búsqueda del esclarecimiento de los hechos y de las sanciones para quienes han agredido, tan gravemente, la indemnidad e integridad sexual de un menor. Sin duda, una de las mayores dificultades será sostener que aquella versión que un niño pequeño y con poco lenguaje entrega, dando cuenta de haber sido agredido sexualmente, no es falsa ni inventada y que no tiene por qué tener menor valor que aquella que puede entregar un adulto víctima de hechos de esta u otra naturaleza.
Einstein sostenía que era más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio y pareciera ser que en relación con esta materia, en que son los niños quienes dan cuenta de hechos que los han violentado sexualmente, ha tenido aplicación dicho pensamiento. No es extraño, más bien resulta habitual, que la respuesta inmediata a una denuncia de abuso sexual que un menor realiza sea precisamente desde el prejuicio, sosteniéndose expresiones como “el niño está inventando”, o “su relato es parte de su fantasía”, o “es parte de su imaginación”, entre otras que buscan cuestionar a priori su versión.
A pesar de aquello, no debemos desconocer que como sociedad hemos ido avanzando en comprender que el hecho de que un niño devele haber sido víctima de abuso sexual no lo transforma en mentiroso y que, más allá de las pericias que pueden avalar su relato, es absolutamente plausible creer y validar, por si mismo, un relato de un menor en el que sostiene haber sido víctima de transgresiones en la esfera de su sexualidad.
Si bien lo anterior involucra un progreso, me parece que como justicia penal tenemos tareas pendientes con los niños víctimas. Debemos favorecer la participación de ellos en el proceso criminal, logrando que todas aquellas actividades investigativas y judiciales, en las que los menores deban participar en su calidad de víctimas, sean conducidas por personas con conocimientos especializados en delitos sexuales contra menores, propendiendo a que dichas actividades se realicen en dependencias adaptadas a las necesidades infantiles, contribuyendo así, a la creación de un ambiente cómodo para que el niño que ha sido víctima, de hechos tan graves y lamentables, se sienta en un espacio protegido que le permita relatar con confianza, sin presión, con respeto de sus tiempos y ante gente preparada su experiencia, su dura experiencia.
Lo anterior solo lo conseguiremos si como país entendemos que, aunque son importantes y necesarias, no bastan las reformas vinculadas a las penas y el cumplimiento de estas para quienes sean condenados como autores de estos delitos, sino que también debemos considerar la necesidad de comprometernos con el real respeto a las normas de la Convención de los Derechos del Niño, cuya especial preocupación es el interés superior de este, procurando entonces, y de manera efectiva, evitar la victimización secundaria que, necesaria y desgraciadamente, el día de hoy podemos provocar, sin intención, a cada una de las víctimas de estos gravísimos hechos.
