En las democracias en que existe el Estado de derecho, el imperio de la ley rige a todos por sobre la orden y el mando de la autoridad, que en el caso chileno se pasó a llevar impúdicamente durante la dictadura.
Podemos sostener que la dictadura aún existe y que está en la Constitución, en el sistema binominal, en la preponderancia del mercado y en muchas otras instituciones. Pero también vive en la esencia de la política nacional, algo que es el alma de la dictadura, el pinochetismo. Sobre todo en la idea de orden, idea que inspira respeto y que a su vez, se va transformando miedo a la disidencia, a dar opiniones fuera de los márgenes establecidos, a asumir como propios derechos ciudadanos.
Evidentemente, hoy se lucha alrededor de una reformulación del Estado de Derecho. Aparece en EE.UU. una tendencia a la concepción del estado de derecho, en la cual es legalizada la existencia de campos de concentración (como en Guantánamo). Algo parecido ocurre en Europa. En Alemania Günther Jakobs desarrolla un nuevo concepto de derecho penal. Un derecho penal para ciudadanos, otro para enemigos, desvaneciéndose las garantías del derecho penal. Todo esto está detrás de la idea de la Ley Hinzpeter.
La dictadura sobrevive en instituciones que están anquilosadas en la sociedad, en la cultura, pero también a través de algunos personajes. El señor ministro del Interior, en su autoridad, demuestra que aún existen puntos en la sociedad chilena en donde pervive el pinochetismo. Durante los últimos años habíamos pensado que el pinochetismo se había retirado y que ya era parte de la historia y que si todavía daba muestras de existencia no eran más que muestras anecdóticas. Sin embargo, quedan lugares y espacios en que sobrevive.
La aprobación y posterior aplicación de la ley Hinzpeter nos coloca en un conflicto en curso que puede traer como consecuencia la afectación de los derechos humanos, por ende del estado de derecho y la democracia. Mucho está en juego. Estamos en pleno desarrollo de una nueva interpretación de la teoría de la seguridad nacional que es necesaria enfrentarla críticamente en todos los niveles.
La reducida discusión de alternativas no es suficiente. Sin embargo, no hay respuesta exitosa posible, si no se muestra que la estrategia o lógica del amigo-enemigo (muy pinochetista por cierto) está en la raíz del problema.
En este contexto, en nuestro deber como ciudadanos continuar con la defensa de los derechos humanos como elemento principal del Estado de Derecho. El señor Ministro parece olvidar que el Estado de Derecho es aquella cancha donde cada ciudadano puede ejercer sus derechos.
La aplicación de este tipo de leyes por hechos de revuelta social es una preocupación de la comunidad internacional, lo más lamentable es que si este tipo de lógica llega a imperar, el panorama para la protección de los derechos humanos es poco alentador.
