El Crédito con Aval del Estado (CAE) es actualmente administrado por la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores (INGRESA).
La idea que dio origen al CAE fue la de utilizar recursos privados, por medio de los bancos, para financiar el costo de los aranceles de estudiantes meritorios, permitiendo además, asegurar y mantener un constante flujo de los cuatro primeros quintiles de la población al sistema de Educación Superior.
La tesis se basaba en la posibilidad de que los bancos prestarían recursos y cobrarían un interés anual por dicho aporte. Por su parte, las Instituciones de Educación Superior (IES) asumirían las garantías de los créditos de aquellos estudiantes que desertaran; es decir, si el estudiante no paga el crédito la IES responde, fomentando de esta forma la preocupación constante de las IES por asegurar la calidad de su oferta académica y la retención de sus estudiantes.
Finalmente el Estado asumiría la garantía de aquellos créditos generados por estudiantes egresados; o sea, quienes terminaran su proceso formativo y salieran al mercado laboral con la correspondiente especialización, producto de la interacción del sistema.
Este escenario, a lo menos en la etapa de diseño de la Política Pública, parecía dejar a todos los actores satisfechos: estudiantes, IES, Bancos y Estado. Sin embargo, desde el año2005 ala fecha, hemos sido testigos del constante decaimiento del sistema, situación que durante el día de hoy, martes 24 de abril, parece haber llegado a su fin con la declaración del cambio total del procedimiento y la erradicación del sector financiero del sistema de créditos para la Educación Superior.
La caída del CAE y el negocio que pierde la banca.
Una de la cosas que suele preguntarse la ciudadanía es: ¿Quién paga el CAE? La respuesta a esta interrogante radica en la capacidad de reconocer tres posibles escenarios que podríamos resumir de la siguiente manera:
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Estudiantes que utilizan el CAE, terminan sus estudios y de forma normal pactan y cumplen el pago del crédito directamente con el banco en el cual firmaron su CAE. En este caso, es el propio estudiante quien asume el pago del valor pactado, los gastos de cobranza y el interés anual del CAE.
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Estudiantes que utilizan el CAE, egresan de sus estudios; sin embargo, por diferentes motivos no realizan el pago correspondiente del crédito. En estos casos, inicialmente el banco debe realizar las gestiones de cobranza pertinentes, para posteriormente y sólo si el crédito no pudo cobrarse, solicitar al Estado el pago de la correspondiente garantía, asumiendo la posterior cobranza, la Tesorería General de Gobierno.
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Estudiantes que utilizan CAE y no concluyen sus estudios, siendo declarados luego de 13 meses sin registrar matrícula en alguna de las IES participantes del sistema, en estado de deserción por la Comisión Ingresa. En estos casos, y luego de la correspondiente gestión de cobranza de los bancos, es la IES la que debe asumir el pago de la garantía, aún cuando existe un copago creciente con el Estado, a medida que la deserción se produce en niveles académicos mayores. (ver detalle de reglamento de ley).
Es decir, finalmente el crédito es pagado o por el propio estudiante, por las IES o por el Estado, de hecho, en este mismo orden de preferencias. Por ende, la primera pregunta que debemos hacernos es:
¿Cuál es el riesgo del banco por entregar el crédito?
En la práctica, el pago de los créditos esta 100% asegurado para el Banco, sumando los gastos de cobranza y la tasa de interés anual pactada por la licitación, ya sea que pague el propio estudiante, la Institución de Educación Superior o finalmente asuma el propio Estado el pago de la garantía.
Es decir, los bancos participantes de las licitaciones se ven inmersos en un sistema que asegura la retroalimentación de su inversión; por tanto, en la práctica, la gestión de cobranza que estipula la Ley para ser realizada por ellos a los créditos de estudiantes desertores o egresados-, no se realiza, dado que los costos de cobranza a los que se enfrentan los bancos son superiores al coste de esperar los plazos y formas para declarar incobrable un crédito y exigir el posterior pago de la garantía a las IES o al Estado.
En síntesis el sistema de asignación de créditos para la educación superior no generó incentivos para que las Instituciones financieras realizaran el proceso de cobranza correspondiente, es más, tampoco estableció un sistema de supervigilancia que le permitiera a la Comisión Ingresa o al Ministerio de Educación exigir en la práctica la realización de dichas cobranzas, generando con esto, la inercia de la banca y uno de los negocios más rentables posibles (prestar dinero a grandes tasas de interés y con el mejor aval que puede existir, el propio Estado).
Por su parte el Estado se vio sometido a dos escenarios que limitaron su accionar y permitieron que el sistema se reprodujera manteniendo las deficiencias y la ineficacia de la gestión pública.
Primero, dado que la tasa de pago de los créditos por parte de los estudiantes desertores y egresados es baja, y que como mencionamos anteriormente, en la práctica, los bancos no tienen incentivos para realizar los correspondientes procesos de cobranza, el Estado se vio obligado a recomprar las carteras de créditos a los propios bancos, incluyendo el valor total del crédito, los gastos de cobranza del banco y la correspondiente tasa de interés pactada en la licitación correspondiente.
Es decir, el Estado absorbió el costo de aquellos créditos que no fueron pagados, sumando el valor extra del gasto de cobranza y la tasa de interés. Incluso existen autores que plantean que un buen porcentaje de los fondos entregados por la banca provenían del propio Estado, a través de transferencias del Banco Central. Sí esta situación fuera cierta, podríamos afirmar que se entregaron fondos del erario nacional a la banca, la cual a su vez entregó estos fondos a los estudiantes.
Sin embargo, y dado que muchos créditos no fueron pagados, el Estado debió recomprar las carteras asumiendo el costo de los gastos de cobranzas y la tasa de interés. Dicho de otro modo, la banca habría obtenido ganancias por prestar dinero que provenía del propio Estado. No obstante, hasta la fecha esta información no cuenta con información fidedigna que permita sustentar esta posibilidad, razón por la cual sólo lo mencionamos con carácter exploratorio.
Segundo, cada año traía consigo una nueva licitación de los créditos de los estudiantes nuevos, motivo por el que el Estado estaba obligado a incluir la recompra de las carteras en la negociación con los bancos. La banca debía asegurar la rentabilidad de la inversión, de lo contrario no tenían incentivos para participar de las licitaciones. Esta situación aseguraba a los bancos el pago de los créditos no cobrables y a su vez una nueva cartera de créditos con la cual perpetuar el actual funcionamiento.
La declaración del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, a través de la cual se informa la erradicación de la banca de la asignación de los créditos para la Educación Superior, sólo da cuenta de la existencia de un problema sistémico para la Administración Pública, por lo que dicho sistema está condenado a desaparecer.
Hasta ahora no tenemos conocimiento de la propuesta para reemplazar al actual sistema, más el mero hecho de corregir la actual recompra de carteras de crédito por parte del Estado a los propios Bancos, permite imaginarnos un adelanto en la obtención de un sistema de créditos y ayudas estudiantiles eficiente y transversal, mediante el cual corregir la desigualdad inicial de acceso de los estudiantes chilenos.
