El gobierno ha anunciado que enviará una indicación sustitutiva al proyecto de ley del lobby que se discute hace varios años en el Congreso Nacional, cumpliendo una deuda pendiente de nuestra democracia con la transparencia y la regulación de la influencia que ciertos intereses privados o corporativos pueden ejercer en la toma de decisiones públicas, en desmedro del conjunto de la sociedad.
No cabe duda que en los últimos años hemos sido testigos del desarrollo de una agenda de transparencia que ha llegado para quedarse y mucho de aquello está ligado a los avances que se han producido en las distintas oleadas de reforma del Estado en Chile desde la reinauguración democrática.
De esta manera, mientras las primeras iniciativas estaban ligadas a transformaciones institucionales que permitieran o facilitarán el funcionamiento de la democracia a principios de los años ’90, en la actualidad el énfasis está dado por las reformas ligadas al reconocimiento de derechos ciudadanos, la probidad y la transparencia. Fue así que en el año 2003 fue posible observar la primera agenda de reformas, en el marco de la Modernización del Estado, que se hizo cargo de la transparencia y la probidad como un eje relevante de una serie de iniciativas a impulsar.
En este contexto, probablemente una de las legislaciones más relevantes fue la aprobación de la ley que establece control y límite para el financiamiento de campañas electorales (ley 18.884) que, pese a sus déficit, significó un hito en la regulación de la relación entre dinero y política.
Así también, el año 2006 Chile ratificó la Convención contra la Corrupción y, con ello, le dio un nuevo impulso al proyecto de ley de Acceso a la Información Pública, que culmina con su aprobación el año 2008 (ley 20.285) y su implementación definitiva a partir del año 2009. Hoy todos los servicios públicos están obligados a hacer pública su información, ya sea a través del mecanismo de transparencia activa o pasiva.
El actual Gobierno se ha propuesto avanzar también en una serie de materias ligadas con los conflictos de interés, la mejora a la declaración de patrimonio, el lobby y algunas otras iniciativas que mejoran la labor que cumple el Consejo para la Transparencia.
Sin lugar a dudas, la gradualidad del proceso de implementación de estas iniciativas ha ido generando un cambio de percepción respecto a la transparencia en Chile, reduciendo los “mantos de opacidad” de manera significativa, pero además, generando un control social cada vez más relevante sobre los actos de organismos públicos. No obstante, ninguna de estas iniciativas ha colaborado para disminuir el nivel de desconfianza que existe en la sociedad Chilena sobre instituciones como el parlamento, los partidos, el gobierno y el mundo empresarial en general.
Recordadas son las acusaciones de conflicto de interés de la que han sido sujeto algunas autoridades de este gobierno y las disputas en el parlamento por la injerencia que han tenido algunos sectores económicos y empresas en la discusión de proyectos de ley que estarían, supuestamente, tras el financiamiento de algunas campañas electorales.
En este sentido, la iniciativa cobra una nueva relevancia. No se trata sólo de evitar o regular que intereses privados incidan en las decisiones públicas, dando pábulo a la existencia de conflictos de interés y al tráfico de influencias; sino que también de dar una correcta señal que disminuya la desconfianza institucional, aumente la valoración del trabajo que realizan los poderes Ejecutivo y Legislativo y, de paso, se evite la sensación extendida de abuso de poder.
Sin perjuicio de esto, es necesario considerar que la regulación del lobby por sí solo no es la única manera de evitar una relación incestuosa entre política y dinero. Transparentar los aportes privados a campañas políticas, dotar a los partidos de financiamiento público y exigencias en su transparencia interna, entre otros, son también aportes que van esta línea y que requieren ser considerados y en serio!.
