En el Chile actual los ciudadanos se han convertido en consumidores: la mayoría debe hasta cinco veces su salario. Cuando el deudor cae en la lista de Dicom pierde todos sus derechos –arrendar una vivienda, solicitar créditos hipotecarios, postular a un trabajo– es, verdaderamente, “un hombre de la barraca”, en términos de Gabriel Marcel y sólo le queda el derecho al sufragio si, por azar, está inscrito en los registros electorales.
Pero ni éstos le reportan ningún beneficio, pues los electores las más de las veces están repartidos como parcelas y son propiedad personal de sus representantes.
El mercado del crédito está muy desregulado: para poco sirven las Superintendencias de Bancos ni el Tribunal de la Libre Competencia. Sólo el Sernac ha permitido a los consumidores conocer en una pequeña parte, cuán estafados son por las instituciones financieras. Cuando un cliente solicita un crédito queda en manos de la arbitrariedad de esos organismos.
Las empresas del retail se han transformado en financieras: por ejemplo, La Polar, en la composición de sus ingresos tiene un 53% de retail y un 47% del área financiera, algo similar ocurre con Falabella y Almacenes París que, incluso, tienen sus propios Bancos .
El reciente escándalo de La Polar viene a sumarse al de la colusión de farmacias y a la de las empresas de transporte Tur Bus y Pullman Bus. En un solo día las acciones de La Polar cayeron en un 42%. El abuso consistía en que de la existencia de una cartera de acreedores, incapaces de responder –una especie de “Subprime” a la chilena– los ejecutivos de esta tienda, sin consultar, al parecer con el directorio de la misma, y mucho menos con los deudores morosos, alargaban el crédito para que en los balances no apareciera la bancarrota.
En este caso no sólo son víctimas los consumidores del crédito, sino también el conjunto de trabajadores que cotizan en las AFP –empresas que poseen el 25% de la propiedad de la compañía– a las que hay que agregar los Fondos Mutuos, 9%, los Fondos de Inversión Extranjera, el 19%, el Fondo Nacional de Inversión, el 14% y los Corredores de Bolsa, el 34%.
La Polar ha entregado un 1.600.000 tarjetas de crédito, muchas de ellas a estudiantes, incluso secundarios, o a personas que no tienen ninguna solvencia para responder por el crédito. Es decir, con completa irresponsabilidad, y lo único que importa a estas empresas es el rédito ilimitado, aun cuando sea a costa de los consumidores.
La ley del Sernac Financiero, propuesta por el Gobierno, tiene facultades limitadas para controlar el abuso que hacen del crédito, tanto los bancos, como las tiendas del retail. En el último caso, de La Polar, se pudo transparentar la ineficacia de la Superintendencia y en el de la colusión de las farmacias y empresas de transporte aludidas del Tribunal de la Libre Competencia.
No es ningún consuelo que la SEC norteamericana –equivalente a la Superintendencia de Valores y Seguros chilena– haya sido incapaz de controlar los bonos apalancados y los falsos balances, en la pasada crisis subprime.
En el caso chileno, se hace urgente legislar sobre una fiscalización oportuna y con penas que disuadan la acción delictual y abusiva de empresas que destruyen la competencia y, sobretodo, atentan contra el bolsillo y la buena fe de los consumidores.
A la mala calidad de la política se suma un mercado financiero desbocado y abusivo. Afortunadamente, asistimos a un despertar de los ciudadanos que, ojalá, termine con la enajenación que significa su existencia como consumidores exclusivamente y no como personas dotadas de derechos.
