¿Sabe usted quién era el director del Servicio Electoral para el plebiscito de 1988? No lo creerá, pero es el mismo Juan Ignacio García que la semana pasada logró que la publicación de las direcciones particulares en Internet se convirtiera en trending topic, empañando así la presentación por dicho servicio del nuevo padrón configurado por el voto voluntario.
El mismo director que en su momento se opuso al voto voluntario pues, según él, traía complicaciones que eran difíciles de solucionar, y el mismo que, ante sus narices, permite que se viole la ley electoral en materia de gastos como ocurrió, por ejemplo, en la última campaña municipal de Providencia.
Una ONG llamada Tiempo 2000 hizo el simple ejercicio de contar las piezas gráficas del alcalde Labbé y sobrepasaban con creces el monto autorizado a gastar, sin sanción alguna del servicio, y sin siquiera una intervención pública del eterno director acerca de la fiabilidad o una propuesta de cambiar la ley. García, como lo ha hecho a lo largo de las 16 elecciones que le ha tocado supervisar durante más de 20 años, simplemente se acogió a lo estrictamente literal de la ley.
Su aplicación de manera estricta ha permitido elecciones limpias, pero las ha hecho engorrosas, logrando la exclusión de las fuerzas políticas. Ha actuado como un fiel guardián de lo que se diseñó en el sistema binominal: una democracia excluyente, con la menor participación posible y ojalá con los menos partidos y movimientos que vengan a revolver la apacible transición.
Un caso concreto de esto fue cuando rechazó por formalidades, en el 2005, la postulación de Aucán Huilcamán como candidato a Presidente de la República. Tanto el Servel como los propios comandos saben que lo del notario es una formalidad que sólo encarece los costos de postulación, pero la aplicación estricta de la ley es la religión de García. Un candidato mapuche del perfil de Huilcamán no habría ganado pero sí obligado a colocar en los programas de segunda vuelta compromisos concretos con el pueblo mapuche, adelantando en varios años y en profundidad la aplicación del convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios.
Su respuesta ante los cuestionamientos fue su vieja máxima que mientras aplica la ley todo estará bien.
En efecto, las elecciones han transcurrido sin sobresaltos ni fraude electoral, y Chile se ha ganado un prestigio en un barrio donde el robo de urnas, el cohecho, los cortes de luz en medio de los conteos de los votos, la ausencia de candidatos de oposición, o que voten los muertos es algo más común de lo que se cree.
Pero la transparencia y la modernización no son los fuertes de García. La misma ley le obliga a publicitar los resultados de las elecciones, y efectivamente lo hace, pero a nivel agregado, en actas que son difíciles de entender y donde no salen los nombres de los candidatos, sino los partidos que los representaron. Hacer análisis electoral a partir de los datos públicos del SERVEL es imposible. Los estudios que se han publicado o los análisis electorales privados que realizan analistas para los partidos tienen como origen datos que se han conseguido por otras fuentes que no son precisamente la información pública del SERVEL.
Hasta el cambio de ley por inscripción automática, el sistema de inscripción era arcaico. Juntas electorales que funcionaban algunos días al mes, sin mucha publicidad, y que se limitaban a anotar el nombre de la persona en gigantescos libros, manuscritos, al estilo siglo XIX, mientras el mundo avanza rapidamente hacia la votación electrónica.
El propio anuncio público de los resultados y las publicaciones de los datos -que las realiza el SERVEL con el Ministerio del Interior a goteo- provocó en su momento vergüenzas como la del plebiscito de 1988, cuando hubo una clara intención de la dictadura que aún no ha sido completamente dilucidada. Pero ese mismo sistema ha provocado otras vergüenzas electorales, como el que haya diferencias entre lo que informa el SERVEL y la información que manejan los propios comandos.
Uno de los casos más conocidos fue el de la elección a diputados en 2005 en el distrito de La Serena y otras localidades, donde la información oficial daba por ganador al DC Ricardo Cifuentes, siendo que los comandos daban una pequeña ventaja a favor del socialista Marcelo Diaz. Lo terrible de la situación es que el candidato Cifuentes, confiado en la información oficial, dio entrevistas a la prensa local, mostrándose como ganador.
Por otro lado, muchas veces los propios comandos tienen la información del cierre de las mesas antes que la publique el SERVEL, pese a que es recopilada en el mismo instante. Los medios ya se han dado cuenta de esto y por ello persiguen a los propios comandos para que les entreguen los datos. Sin un organismo electoral moderno, esto es una bomba de tiempo al no existir una fuente oficial y confiable.
El actual SERVEL no es el organismo adecuado para los tiempos que vienen. Probablemente, jugó un rol en nuestra transición, pero al igual que muchas otras instituciones, requiere cambios profundos, para una sociedad que quiere avanzar en su democracia. Y al igual que en otros casos, depende de nosotros, los ciudadanos. La ley de transparencia es una herramienta que puede ser usada para lograr cambios profundos en el Servel. Para predicar con el ejemplo, hice el ejercicio de ingresar al SERVEL la siguiente solicitud.
“Quisiera tener acceso a los resultados de las elecciones municipales de concejales 2004 y 2008, mesa por mesa, de la RM. También quiero saber los costos de cuánto saldría dicha información grabada en un CD”.
En el folio de respuesta me informan que se tomarán 20 días hábiles. La pregunta no es baladí, pues la información respecto a los resultados desagregados es relevante para la opinión pública, no pasa a llevar los derechos de nadie, publicarla no viola ninguna ley y es recopilada con recursos públicos. Obviamente, la respuesta la publicaré en El Dinamo y los datos que me sean entregados los haré públicos en este medio.
Más aún, esa información está disponible, y me consta que es así, y que el SERVEL no tiene planificado publicarla en su web, porque la ley no lo obliga a hacerlo. Si nosotros los ciudadadanos, obligamos a publicar la información electoral, de la misma manera que nuestra repulsa les hizo cuestionar que publicaran nuestras direcciones, daremos un paso fundamental por la transparencia electoral en Chile.
