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Opinión

En el día del Medio Ambiente: Democracia para defender la naturaleza

En el día del Medio Ambiente: Democracia para defender la naturaleza En el día del Medio Ambiente: Democracia para defender la naturaleza

"En Chile, la Ley sobre Bases Generales de Medio Ambiente establece un mecanismo -pobre- de participación ciudadana y el deber del Estado de facilitar esta participación".

Andrea Salazar

Por


Abogada de la Universidad de Chile, precandidata a diputada por el Distrito 12 (Puente Alto, Pirque, La Pintana, San José de Maipo y La Florida). Feminista, Asesora legal del diputado Gabriel Boric. Militante del Movimiento Autonomista y del Frente Amplio.

El concepto Medio Ambiente puede resultar no ser el más preciso para describir la relación que en realidad tenemos con la naturaleza. Pareciera ser que éste es una especie de exterioridad sin mayor conexión con la humanidad, a la cual sólo le sirve de contexto y consumo. Se esconde o se pierde la relación ecológica en la cual cada uno de los seres que la componen en vez de habitar en un medio ambiente, son la naturaleza misma, pues cada uno de sus actos tiene un impacto directo en ella y va redirigiendo su curso. Concepción en que la naturaleza también es sujeto de su propia transformación, a sus tiempos y con sus propios equilibrios.

Con la vorágine capitalista la humanidad ha sobredeterminado completamente los equilibrios ecosistémicos y la naturaleza, por tanto, ha sido reducida a un mero objeto al servicio de la ganancia y la acumulación. Creemos que una buena herramienta para revertir los dramáticos cambios que hemos producido, y que hoy ya se vuelven en nuestra contra, o de frenar aquellos que están por venir, es la democracia.

Por eso, en el contexto de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, queremos destacar la importancia de una comunidad organizada en la protección y cuidado del medio ambiente. Este año el lema es “conectar a las personas con la naturaleza”, y busca promover iniciativas que ayuden a reconstruir los vínculos entre el ser humano y la naturaleza. Creemos que un punto de partida para fomentar ese vínculo debe ser la ampliación y profundización de la participación ciudadana, la cual debiese ser un eje y pilar principal al momento de generar y desarrollar elementos de planificación territorial, evaluar proyectos, o definir políticas públicas.

En Chile, la Ley sobre Bases Generales de Medio Ambiente establece un mecanismo -pobre- de participación ciudadana y el deber del Estado de facilitar esta participación. Decimos que es pobre porque lo que tengan que decir los vecinos y vecinas que viven en el territorio que será afectado por el proyecto no obliga al titular (inmobiliaria, minera, hidroeléctrica, etc), a más que responder consultas (y sólo en ciertos casos). El deber del Estado a facilitar la participación está completamente al debe. La falta de información ambiental es enorme, en los territorios donde ocurren los proyectos escasamente se conocen sus reales impactos, no se manejan los tiempos ni los mecanismos de participación. Esto, sumado a la estrechez del mecanismo de “participación” (consultas) y en general los bajos estándares ambientales chilenos, y no los tribunales, son los factores que propician la creación de conflictos entre territorios y grupos económicos que hoy se expanden a lo largo de todo el país. Ejemplos de esto son el bosque Panul en La Florida y Puente Alto, el proyecto de las piscinas de Aguas Andinas en Pirque y San Juan, la degradación del Cajón del Maipo en manos de Alto Maipo, entre otros.

Es por esto que abogamos por elevar los estándares de la participación ciudadana existente. Pero es preciso no quedarnos ahí. Debemos apostar por un cambio de enfoque en la legislación ambiental que, desde lo colectivo, supere la lógica reactiva en el ámbito de la evaluación de proyectos y la forma desprovista de poder de los Consejos de la Sociedad Civil, reconozca la soberanía de las diversas comunidades que se relacionan con aquellos bienes comunes (ya sean la comuna y su forma de desarrollo o nuestras montañas y valles) para decidir, acceder, proteger y gestionar justa y democráticamente sobre ellos, favoreciendo la propiedad colectiva, así como la co-responsabilidad y co-gestión. Estas nuevas formas, a su vez, serán fomento del desarrollo de la conciencia ambiental de los individuos y de las comunidades, y un espacio de educación ambiental inmejorable. Para ello, el rol de los parlamentarios y el Estado en general es facilitar estas nuevas maneras de vincularse y participar, reconociendo, respetando y promoviendo aquellas ya existentes en las comunidades y, donde sea necesario, generando nuevos mecanismos institucionales y financieros que permitan su existencia.

Sólo en la medida que todas y todos entendamos que, además de la necesidad de tomar conciencia acerca la incidencia de nuestros actos en el ecosistema que habitamos, es necesario enfrentar este desafío de forma colectiva y comunitaria, es que se podrá avanzar en la protección de la naturaleza y la búsqueda del Buen Vivir desde un enfoque democrático y soberano.

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