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Opinión

En Viña del Mar los inmobiliarios regalones violan las normas

En Viña del Mar los inmobiliarios regalones violan las normas En Viña del Mar los inmobiliarios regalones violan las normas

"La lacra que estamos denunciando es doblemente obscena porque con ella también se castiga a los otros tantos inmobiliarios que se rigen escrupulosamente por las normas legales, es decir, estamos ante actuaciones indecorosas, colusión municipal-privada, que violentan el “sagrado” sistema de libre mercado, el mismo que muchos opinólogos pontifican como el mejor y más equitativo para generar crecimiento económico.

Patricio Herman

Por


Presidente Fundación Defendamos la Ciudad

En el mes de febrero pasado habíamos publicado en El Dínamo la columna “Reingeniería en las Direcciones de Obras Municipales”, ello por cuanto estábamos preocupados por la violación a normas urbanísticas específicas contenidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) por parte de algunos actores del mercado inmobiliario en esa ciudad balneario.

Pues bien, ahora en concreto podemos aseverar que el titular y sus arquitectos colaboradores de la Dirección de Obras de Viña del Mar han intervenido en el otorgamiento de permisos de edificación con “regalos” a ciertos actores del mercado para que éstos se beneficien económicamente con la venta de sus proyectos.

En efecto, Rodrigo Uribe en su condición de Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo de la V Región de Valparaíso emitió el 20 de mayo pasado su oficio Nº 1313 dirigido a Carlos Valencia y Mauricio Zulueta, miembros de la Fundación Defendamos la Ciudad en esa ciudad, informándoles que revisados 11 casos determinados llegó a la conclusión que 6 de ellos habían vulnerado las disposiciones respectivas de la OGUC y que esos edificios eran los denominados :

Mirador Sporting
RVC 2 Norte
Parque Los Castaños
Vimac 6 Oriente
Bezanilla
5 Poniente

De ello se desprende que los inversionistas de estas estructuras han obtenido mayores utilidades que las previstas si se hubieran ceñido a la OGUC y tales ganancias indebidas se pueden cuantificar en sumas de bastante importancia, pues estos díscolos empresarios construyeron superiores alturas y volúmenes, por lo tanto, más metros cuadrados que los permitidos. Que ello signifique diversos impactos negativos en los sectores urbanos en donde construyeron, pareciera que no les importó.

El aludido Seremi informó que a la luz del artículo 15º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) envió los antecedentes a la sede regional de Valparaíso de la Contraloría General de la República, lo cual cumple con el ritual en boga, pero nuestra fundación le manifestó que él como funcionario del Estado debía denunciar los hechos en el Ministerio Público para que un fiscal investigue en profundidad las razones de esas “equivocaciones involuntarias” que benefician a privados. Es más, también le manifestó que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) debía tener conocimiento de estas ilegalidades que comprometen el interés público de la ciudad de Viña del Mar.

En tal sentido, debemos saber que el Director de Obras es subordinado del Alcalde y que la OGUC es el reglamento de la LGUC y para mayor claridad reproducimos el artículo 22º de dicha ley : “los funcionarios fiscales y municipales serán civil, criminal y administrativamente responsables de los actos, resoluciones u omisiones ilegales que cometan en la aplicación de esta Ley”.

Entendemos que si dicho Seremi, por los motivos que sean, se inhiba y por lo tanto no traslade la documentación al Ministerio Público con copia al CDE, nuestra fundación ejercerá ese rol porque nos interesa sobremanera dilucidar este tipo de malas prácticas. Siempre hemos sostenido que para combatir la corrupción hay que dar pasos concretos y en tal sentido, con una institucionalidad débil como la nuestra, los grupos ciudadanos deben dar el ejemplo.

La lacra que estamos denunciando es doblemente obscena porque con ella también se castiga a los otros tantos inmobiliarios que se rigen escrupulosamente por las normas legales, es decir, estamos ante actuaciones indecorosas, colusión municipal-privada, que violentan el “sagrado” sistema de libre mercado, el mismo que muchos opinólogos pontifican como el mejor y más equitativo para generar crecimiento económico.

Asimismo será necesario que la asociación gremial empresarial de la construcción sancionara ejemplarmente a las empresas que, para ganar más dinero fácil, ejercen competencia desleal y esperamos que la mediática alcaldesa Virginia Reginato, tan generosa con CEMA CHILE, anuncie la suspensión inmediata de sus cargos de todos aquellos funcionarios municipales que violaron las disposiciones legales.

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