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Opinión

Es más propio de una dictadura

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Además, la parte querellante actúa con un evidente doble estándar –muy común en la política chilena-, pues, durante este proceso, su abogado no ha tenido inconveniente con hacer declaraciones que pueden constituir injurias y calumnias, tales como: “los dueños de Copesa guardaron silencio cuando se asesinaban periodistas en dictadura” (sic) –no se sabe si lo anterior es cierto y se olvida que los dueños de esa época no son los mismos de hoy-.

Rodrigo Pablo

Por


Abogado Universidad Católica.

La querella de la presidenta Bachelet en contra de periodistas de la revista Qué Pasa, pidiendo penas de cárcel más multas cercanas a 6,8 millones de pesos, por la publicación de parte de una escucha telefónica efectuada por Carabineros a uno de los imputados en el caso Caval, en que este la vincula con los sucesos investigados, no ha dejado a nadie indiferente. Algunos creen que la querella es el legítimo ejercicio de un derecho, y que serán los tribunales quienes decidirán si la publicación de la revista traspasó los límites de la libertad de prensa, otros sostienen que la medida busca amedrentar a los medios de comunicación, lo que es inaceptable en una democracia.

En lo formal, pareciera que la primera opinión es razonable. Sin embargo, considerando los sucesos ocurridos y el actuar que en ellos ha tenido el gobierno y los abogados de la mandataria, la querella parece ser una medida injusta e inapropiada. Pues, el vínculo entre el caso Caval y la presidenta no se origina con la escucha telefónica reproducida por el semanario, sino en que su hijo y nuera -entre otros cercanos a la mandataria- son los principales involucrados en el asunto, lo que despierta sospechas, en parte de la población, respecto de una posible participación de ella. En consecuencia, es de interés público lo que se diga de la presidenta en el contexto de este caso. Además, tampoco pareciera sensato que los antecedentes de una investigación como esta -que involucra a la máxima autoridad del país- no puedan ser conocidas por la opinión pública, siendo que el expediente es público; esto equivaldría a limitar la transparencia a la que en una democracia están sujetos todos los órganos del Estado, sin haber un causal legal para ello; limitándose la fiscalización de los poderosos por parte de la ciudadanía.

Los medios y periodistas no pueden pretender estar fuera del alcance de la Justicia, ni ser irresponsables por los daños que causen con sus publicaciones. Por ende, deben responder de los abusos que puedan cometer y, en ese sentido, el ejercicio de acciones judiciales resulta útil para proteger a los ciudadanos, quienes no pueden defenderse de otra manera, de los conglomerados periodísticos. Sin embargo, este no es el caso de la ciudadana Bachelet, quien desde un recinto militar, con la presencia de todos los medios de comunicación –la que pudo haber usado para dar su versión de los hechos- anuncia que ejercerá acciones criminales contra un grupo de periodistas que han publicado parte de una investigación que la involucra, siendo asesorada de forma gratuita –¿lo será?- por uno de los mejores abogados de la plaza y llevando a declarar altas autoridades de gobierno, de exclusiva confianza suya. Mientras, al mismo tiempo, nombra a todos los jueces de la República y decide sobre sus asensos.

Así, el ejercicio de esta acción legal es abusivo, pues no es necesaria para que la gobernante defienda su honra y sus consecuencias son perjudiciales para la democracia de nuestro país y su imagen en el exterior. Además, la parte querellante actúa con un evidente doble estándar –muy común en la política chilena-, pues, durante este proceso, su abogado no ha tenido inconveniente con hacer declaraciones que pueden constituir injurias y calumnias, tales como: “los dueños de Copesa guardaron silencio cuando se asesinaban periodistas en dictadura” (sic) –no se sabe si lo anterior es cierto y se olvida que los dueños de esa época no son los mismos de hoy-. De este modo, pareciera que se busca más inhibir a la prensa que proteger un derecho.

En las dictaduras, el poder es ejercido por uno(a) cuya gestión no admite críticas; el déspota no tiene inconvenientes con censurar y los súbditos, carentes de organización, sienten miedo del gobierno, que puede usar tanto la fuerza como su férreo control de la información para acallar las críticas y acusaciones. Por su parte, en las democracias, se gobierna en nombre de los ciudadanos quienes fiscalizan permanentemente al gobernante, quien siente temor de decepcionar a los electores y de traspasar los límites de la ley, gracias a la presencia de una prensa fuerte y libre que fiscaliza permanentemente su actuar y lo da a conocer.

Así las cosas, el ejercicio de una acción legal como esta, en estas circunstancias, parece ser más propio de una dictadura que de una democracia.

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