La inclusión de los llamados impuestos verdes en la Reforma Tributaria, anunciada recientemente por el Gobierno, ha generado críticas tanto desde el sector industrial como de los recicladores, entre otras cosas, por constituir una medida parcial para solucionar los problemas que ha generado la escasa legislación en materia de tratamiento de residuos y reciclaje. Ambos sectores señalan que el país necesita de manera urgente una Ley General de Residuos.
Contextualizando la discusión, la propuesta del Gobierno se relaciona con las recomendaciones entregadas en 2011 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en su informe Mejores Políticas para el Desarrollo establece que Chile debe “…completar la implementación de la Política Nacional de Seguridad Química y de la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y asegurar la promulgación y ejecución de una nueva Ley General de Residuos”.
A través de diversos medios, la Asociación de Industriales del Plástico (Asipla) ha declarado que en la práctica, los impuestos verdes constituyen una medida recaudatoria que no forma parte de una normativa mayor como una ley de residuos sólidos. El nudo crítico de este tema es que no considera a los recicladores agrupados en el Movimiento Nacional de Recicladores, quienes llevan años trabajando una propuesta para promover una política que incluya a este extenso sector, principalmente de escasos recursos, para quienes el reciclaje constituye una importante fuente de trabajo.
Promover una medida aislada como los impuestos verdes es problemático, además, si consideramos que una de las promesas presidenciales del año 2011 consistía en enviar un proyecto de Ley General de Residuos, para fomentar el reciclaje y la reutilización de los residuos sólidos. Pese a que el año pasado se estuvo trabajando en este proyecto y se anunció su ingreso al Congreso para el periodo julio-octubre, finalmente éste no fue enviado.
Desde el consorcio de monitoreo para la calidad y gestión urbana Santiago Cómo Vamos, estamos impulsando una Agenda Ciudadana de 50 medidas, de las cuales varias están orientadas a apoyar una iniciativa de Ley General de Residuos, que tome en cuenta al numeroso sector que vive de la recolección y el reciclaje. Sobre este aspecto apoyamos la idea de incluir a dicho segmento en una gestión integral de los residuos.
Consideramos muy importante relevar las implicancias del reciclaje en distintos niveles. En lo social, tomando en cuenta el necesario reconocimiento de los recicladores, en tanto constituyen un elemento vital de este sistema integral de residuos; en lo ambiental, toda vez que permite la optimización de recursos naturales; en lo económico, por constituir un ahorro concreto a las municipalidades en la recolección, traslado y depósitos de residuos. Dentro del mismo ámbito, también tiene implicancias en la empresa, al contar con materia prima que contribuya a diversos ahorros en los procesos productivos.
De esta forma, sostenemos que incentivar un reciclaje inclusivo tendría también un impacto en lo político, pues promovería la participación de la ciudadanía en el proceso de gestión integral de residuos sólidos, esto es, en la propuesta y fiscalización de normativas legales, en la educación y promoción para sensibilizar a la población en esta materia, así como en la gestión, seguimiento y evaluación.
