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Opinión

Explicaciones presidenciales

Explicaciones presidenciales Explicaciones presidenciales

La Presidenta tiene el deber de explicarnos su relación con casos judiciales como los que se han suscitado, así como los porqués de las decisiones que toma en la conducción del país.

Rodrigo Pablo

Por


Abogado Universidad Católica.

Algo anda mal, todos podemos advertirlo: la confianza en las instituciones se desmorona; políticos de todas las tendencias encaran la justicia penal por acusaciones de cohecho y delitos tributarios; el caso Caval lleva a los tribunales a la nuera de la Presidenta junto a varios exponentes del mundo de los negocios, lanzando un manto de duda sobre la probidad de la Mandataria; el actuar de la Superintendencia de Bancos y el SII en el mismo caso, si lo comparamos con otros, pareciera ser parcial, protegiendo a ciertas personas y perjudicando a otras.

Por otro lado, la irresponsabilidad de algunos políticos avergüenza: han impulsado un frenesí legislativo que les impide pensar adecuadamente los proyectos de ley, debiendo corregirlos sobre la marcha, afectando la paz social al aumentar la conflictividad entre los distintos grupos de interés y hacer dudar a todos los chilenos de su profesionalismo; varios parecen empeñados en hacer de su estrategia de campaña generar y aprovechar el odio popular, como por ejemplo uno que propuso la rotulación de los productos de empresas coludidas o algunos de aquellos que han impulsado el nuevo control de identidad; también están aquellos que, para ganar popularidad, someten a los servicios públicos bajo su mando a criterios populistas antes que técnicos, llevando disputas que deben quedarse en el ámbito institucional al personal, ejemplo de lo cual es la desafortunada situación de la Superintendencia de Pensiones.

Además, se ha instalado una mentalidad ideológica, que transforma las ideas políticas (siempre discutibles y modificables) en una religión terrenal, buscando los miembros de cada bando, más que la discusión ciudadana, la adhesión irreflexivamente de todos nosotros a sus puntos de vista. Encontrándose, tal vez aquí -en esta ceguera para ver la realidad de este mundo- la razón de la simpatía que despiertan, en varias autoridades, grupos que arrogándose la representación de la causa mapuche, hacen toda clase de tropelías en la zona sur del país, atacando, hiriendo y matando personas, cuyos derechos deben ser protegidos con independencia de su raza, sexo o condición.

Cosas como estas llevan a algunos a gritar: “¡corrupto, todo está corrupto…no hay pa´donde mirar!” (sic), y, a otros, a pedir explicaciones acerca de qué es lo que está pasando. Sin embargo, nuestras autoridades no se dignan a darnos alguna; esquivan las preguntas usando fases de comodín, tales como “las instituciones funcionan”, o bien, dan discursos emotivos buscando comprensión y apoyo, mas no explicando qué ha ocurrido, qué están haciendo para solucionarlo o por qué toman una u otra decisión. Con lo que parecen mostrar cierto escepticismo frente a la capacidad racional de la ciudadanía.

Para corregir estos males, nuestra Presidenta, como cabeza de la Nación, debería tomar el liderazgo. Qué distinto sería si, en lugar de decir una serie de obviedades entre sollozos y lágrimas ahogadas, respondiera a la prensa, a la oposición y a los mismos partidos de gobierno las preguntas que ellos tienen sobre el caso Caval, permitiéndonos despejar múltiples interrogantes que los hechos nos han suscitado: por qué se esmera en proteger al administrador de La Moneda; si estuvo o no involucrada en la polémica reunión que permitió a Dávalos obtener el crédito y, si lo estuvo, cuál fue su participación; cuál fue la fuente del financiamiento de su campaña, entre otras.

La democracia se sustenta en el control popular del poder, control que no puede ejercerse si el pueblo no conoce más que los comunicados afectivos de sus representantes. La Presidenta tiene el deber de explicarnos su relación con casos judiciales como los que se han suscitado, así como los porqués de las decisiones que toma en la conducción del país. La actitud contraria, que riñe con el principio de transparencia consagrado en el artículo 8° de la Constitución, es más propia de una dictadura que de una democracia.

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