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Opinión

Falta de debate en reforma migratoria

Falta de debate en reforma migratoria Falta de debate en reforma migratoria

Una política migratoria debe tender a facilitar lo más posible la regularización de las personas. Una persona con permiso de residencia es alguien que puede trabajar formalmente, cotizar, pagar impuestos, afiliarse al sistema de salud, arrendar una casa en condiciones justas, en definitiva, desarrollar un proyecto de vida.

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Director Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). Delegado para el Sector Social de los Jesuitas en Chile, y coordinador del Cono Sur de la Red Jesuita con Migrantes (RJM).

Un grupo de diputados de diversos partidos han mostrado interés en una reforma migratoria. Paulina Núñez, Cristián Monckeberg, Alejandro Santana (todos RN), Claudia Nogueira (UDI) y Jorge Sabag (DC) ingresaron un proyecto de ley que busca modificar la legislación vigente. A éste se suma el proyecto que ha preparado el Ministerio del Interior de la actual Administración, y también uno preparado por la Cancillería actual, pero que no prosperó.

Además duerme en el Congreso un proyecto de ley presentado por el Gobierno del Presidente Piñera y una iniciativa del diputado Marcos Espinosa (PR). Además de un oficio firmado con fecha 21 de junio por diez diputados de varios partidos donde le solicitan a la Presidenta que envíe al Parlamento un proyecto de ley de migraciones con enfoque de derechos. Otros parlamentarios han manifestado también su interés de embarcarse en la elaboración de otros proyectos de ley de migraciones.

Celebramos todas estas iniciativas. Y lo hacemos porque nunca en la historia de la humanidad ha habido tantas personas refugiadas, desplazadas y migrantes como hoy. Y Chile no está ajeno a esa realidad, convirtiéndose en un país destino de migrantes de los países vecinos y del Caribe.

Sin embargo, dos cosas resultan sumamente preocupantes. Una de forma y otra de fondo.

Por un lado nos preocupa la dispersión de iniciativas. En vez de embarcarnos en un proyecto consensuado, de Estado, con mirada de largo plazo que convierta a Chile en un país modelo de buenas prácticas de respeto de los derechos humanos, los gobiernos y los parlamentarios se empeñan en iniciativas parciales y que no están fundadas en acuerdos mínimos que garanticen la prosperidad de la propuesta.

Por otro lado, nos preocupan algunos de los argumentos de fondo que se arguyen a la hora de expresar la necesidad de una nueva ley. De ellos, quizás el más peligroso es el que utilizan los parlamentarios mencionados al comienzo. Ellos piden que las personas que vengan a Chile con ánimo de residencia soliciten un permiso en los consulados chilenos en su país de origen. Hoy, una persona que ingresa al país como turista puede cambiar su estatus a residente mediante una visa por motivos laborales. Toda la experiencia muestra que poner el control en los consulados no regula la migración, sino que favorece la creación de redes de tráfico ilícito de personas, promueve el ingreso irregular y, por lo tanto, la irregularidad migratoria estructural. Es el caso dramático que hoy vivimos debido a la visa consular que Chile le pide a nacionales dominicanos. Esa visa no ha regulado la migración dominicana a Chile, sino que ha hecho la vida de los migrantes mucho más vulnerable promoviendo verdaderas mafias de tráfico ilícito de personas.

Entre las personas y organizaciones que trabajan en temas migratorios no hay dos opiniones. Las políticas restrictivas no regulan la migración, sino que la hacen más peligrosa. Ejemplos hay muchos. El acuerdo de la Unión Europea con Turquía para que este país se convierta en el “muro” de la migración terrestre hacia Europa ha hecho aumentar las muertes en el Mediterráneo. Los que migraban por tierra, ahora lo hacen por mar. El muro de siete metros que separa Estados Unidos de México no ha detenido los 14 millones de migrantes en situación irregular que viven en Estados Unidos, pero sí ha aumentado las mafias de coyotes, la corrupción de las policías y ha puesto en peligro la vida de miles de personas.

Una política migratoria debe tender a facilitar lo más posible la regularización de las personas. Una persona con permiso de residencia es alguien que puede trabajar formalmente, cotizar, pagar impuestos, afiliarse al sistema de salud, arrendar una casa en condiciones justas, en definitiva, desarrollar un proyecto de vida.

Proponemos que el Gobierno cumpla el compromiso de ingresar al Congreso el proyecto de ley de migraciones que ha elaborado. Ese proyecto ha sido compartido con la sociedad civil y, aunque es perfectible en varias materias, es un buen proyecto. Sabemos que está detenido por problemas presupuestarios. La creación de un Servicio Nacional de Migraciones vale dinero. Proponemos que la fase legislativa se convierta en un espacio amplio y profundo de discusión acerca de cómo podemos hacer de Chile un país que respete el acceso y el goce de los derechos de todas las personas. Un proyecto de ley de migraciones no es sólo acerca del ingreso y el egreso o los sistemas de residencia, sino que recoge una determinada ética: ¿vemos a las personas migrantes como amenaza? ¿Las vemos como mano de obra barata? ¿Buscamos atraer sólo “cerebros”? ¿O las vemos primero como personas, sujetos de derechos humanos y de la misma dignidad que todos?

Hoy en Chile, muchos migrantes que vienen a contribuir con su trabajo y su cultura sufren abusos en las fronteras, explotación en el trabajo y viven en condiciones de hacinamiento y precariedad. No esperemos catástrofes para avanzar hacia una política migratoria integral que entienda que extranjeros y chilenos son igualmente personas y sujetos de los mismos derechos.

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