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Opinión

Formación ciudadana: una oportunidad para el pensamiento crítico desde los derechos humanos

Formación ciudadana: una oportunidad para el pensamiento crítico desde los derechos humanos Formación ciudadana: una oportunidad para el pensamiento crítico desde los derechos humanos

Se habla suficiente sobre la desafección política de los jóvenes, se habla del desprestigio de las instituciones, pero no se habla suficiente sobre el desconocimiento sobre las instituciones o los mecanismos de participación asociados.

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Coordinador de la comisión de Derechos Humanos de Revolución Democrática.

Hace casi un mes y con 25 sobre un total de 37 votos, se dio luz verde a un importantísimo proyecto de ley, pese a la escasa cobertura que los medios le dieron. Hablamos del proyecto de ley que reflota en el currículum formal de los estudiantes chilenos la formación ciudadana, antes llamada educación cívica.

Dicha reintegración está enmarcada dentro del “plan de formación ciudadana” el cual obliga la inclusión en todos los niveles de contenidos asociados a la formación para la vida en sociedad.
Este plan entrará en vigencia este año y la implementación de la asignatura obligatoria para tercero y cuarto medio, el 2017.

Pese a que la asignatura como tal fue eliminada a fines de los ‘90, durante estos años intentó restituirse sin éxito. Los últimos enemigos de esta medida fueron 10 senadores de derecha que durante el 2011, en medio de la discusión por la inscripción automática, rechazaron la norma que pretendía incluir este ramo.

Pero revisemos los antecedentes: se habla suficiente sobre la desafección política de los jóvenes, se habla del desprestigio de las instituciones, pero no se habla suficiente sobre el desconocimiento sobre las instituciones o los mecanismos de participación asociados.

Una de las conclusiones de un sondeo realizado por el INJUV durante el 2012 fue que el 40% de los jóvenes en Chile pensaba que uno de los roles de los parlamentarios es pavimentar las calles. Esto desde todo punto de vista es un síntoma que nos debiera hacer reflexionar sobre la idea que la mera apertura de espacios de participación es una medida insuficiente si no se crean además, espacios de formación.

Queda pensar que la solución, una vez más, pasa por políticas de corte estructural con resultados a largo plazo. De ahí la nobleza de la aprobación de esta ley, que no está del todo avalada por la evidencia científica si de buscar aumentar la participación política se trata. Respecto a esto, la investigadora Consuelo Béjares dice: “la evidencia que nosotros hemos visto sobre este punto no es concluyente, porque hay países que tienen buenos resultados en la prueba de educación cívica y no tienen un curso específico de la materia, sino que tienen un enfoque transversal”.

El desafío ahora es que, sabiendo que no hay una fórmula universal para entregar una formación ciudadana adecuada, se logren generar diseños curriculares equilibrados y con una fuerte orientación al pensamiento crítico; tal como la Presidenta recomendó en su proyecto inicial. Esto, sabiendo que los colegios pueden construir de forma autónoma los contenidos debiendo aferrarse a una estructura basal que la ley exige.

En resumen: esta ley en su artículo único, habla de justicia social, ciudadanía crítica y derechos humanos reconocidos por la constitución política. Por ello es de suma importancia darle profundidad a la educación en derechos humanos como un eje dinámico para entender los conceptos antes mencionados. Sin duda alguna, hay convenciones sobre derechos humanos que en Chile no están resueltas a través de las leyes y eso plantea un desafío doble, pero muy pertinente a la hora de construir “ciudadanía crítica”.

Hablar de derechos humanos en Chile no es tan sólo remitirse a un periodo histórico específico de la historia, sino hablar de presente y futuro. Es a fin de cuentas construir pensamiento crítico en base a una ineludible realidad, esa que habla de las condiciones actuales de muchos chilenos y chilenas que sufren la vulneración de sus derechos a través de, por ejemplo, la violencia policial o la imposibilidad de igualar derechos de forma plena a la hora de hablar de matrimonio.

Y si suponemos la existencia de un desafío pendiente en torno a la criminalización del aborto como consecuencia resultante de la constitución vigente ¿no debiese esto último ser parte del debate en las aulas?

El pensamiento crítico que se requiere apunta a abrir el debate sobre los derechos humanos que muchos países ya tienen consagrados en sus constituciones y Chile no. Hablar de recuperar la solidez de la democracia no es solo pretender incentivar la participación política a través del voto o de la articulación de un partido, sino también promoviendo pensamiento crítico a través de la formación ciudadana y de la profundización de una limitada cultura de derechos humanos.

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