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Opinión

Frente Amplio y nueva Constitución: ¿una meta sin ruta clara?

Frente Amplio y nueva Constitución: ¿una meta sin ruta clara? Frente Amplio y nueva Constitución: ¿una meta sin ruta clara?

"Sólo hemos vistos declaraciones sobre la necesidad de dotarnos de una nueva Carta Magna vía Asamblea Constituyente, pero ha existido escasa información por parte del Frente Amplio sobre cómo operaría y se conformaría dicho organismo constituyente".

Observatorio Proceso Constituyente

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El Observatorio del Proceso Constituyente en Chile es un proyecto desarrollado por la Fundación RED: Red de Estudios para la Profundización Democrática con apoyo de la Fundación Ford. El Observatorio está dedicado a monitorear y evaluar el proceso constituyente que se desarrollo en Chile desde al menos 2011.

Daniela Fuentes Vicente
Leonardo Ortiz Mesías

El pasado 17 de junio, como equipo del Observatorio del Proceso Constituyente en Chile de Fundación RED, analizamos la propuesta programática de la candidatura de Guillier en la materia. Hoy, analizamos las propuestas programáticas de las candidaturas del Frente Amplio en lo relativo al cambio constitucional. En ambas candidaturas, tanto de Sánchez como de Mayol, se sostiene la necesidad de generar una nueva Constitución para Chile vía Asamblea Constituyente, dejando atrás la Constitución de 1980 creada en dictadura y, que, pese a sus numerosas reformas, sigue manteniendo el espíritu del modelo económico y social que se impuso en dicho período de la historia chilena.

En particular, en la candidatura de Beatriz Sánchez, se observa que el compromiso por una nueva Constitución es uno de los ejes centrales de su propuesta programática. Así lo manifiesta la precandidata del Frente Amplio en su hoja de ruta, donde sostiene que para avanzar hacia una “Democracia Plena”, es necesario establecer una Asamblea Constituyente que “redefina” el pacto político y social chileno, sin los vetos que a priori ha establecido una minoría que se niega a discutirlo. Para ello propone restituir al pueblo chileno su soberanía inclinándose por una Asamblea Constituyente “ciudadana, participativa y vinculante”.

Este compromiso de campaña también quedó de manifiesto en su franja electoral del pasado 20 de junio, donde aseveró que la asamblea constituyente no es una “utopía“, argumentando que han sido mucho los países que a través de su historia han realizado constituciones de manera participativa a través de “convenciones” o “asambleas constituyentes”. De ahí que destaca los casos de Islandia (2010), Francia (1789), Estados Unidos (1787), Colombia (1991), Ecuador (2007), Dinamarca (1814) y Gales (1999). Asimismo, sostiene que en Chile aún vivimos bajo una Constitución creada en dictadura y que pese a sus “parches”, haciendo alusión a la serie de reformas que se le han introducido desde 1980, todavía “no funciona”. En este sentido, Sánchez afirma que su primera medida de gobierno será convocar a todos y todas a redactar una nueva Carta Fundamental.

Al respecto, cabe señalar que si bien en la propuesta de Sánchez existe un claro diagnóstico de por qué es necesario establecer una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, se evidencian vacíos e incertidumbres respecto a cómo se llegará a ella y a los procedimientos que se utilizarán para darle un carácter “participativo” e inclusivo. Resulta fundamental esclarecer estos aspectos si se quiere viabilizar el cambio constitucional por medio de una Asamblea Constituyente, mecanismo que en los últimos años ha ido adquiriendo popularidad en la ciudadanía, pero que aún despierta desconfianza en ciertos sectores que desconocen cómo funciona, o que temen a que pueda convertirse en un instrumento de captura del poder en el Estado por determinados intereses o grupos políticos replicando, por ejemplo, la experiencia venezolana.

Sin embargo, en la franja se observan algunas afirmaciones confusas respecto a la Asamblea Constituyente que no contribuyen a aclarar ni menos a despejar las dudas respecto a su funcionamiento y composición. Específicamente, cuando Sánchez señala que existen países que a lo largo de su historia han redactado constituciones de manera “participativa” a través de convenciones o asambleas constituyentes –conceptos que, por lo demás, se prestan para la confusión, dado que no permite distinguir la Asamblea Constituyente de la Convención Constituyente promovida por sectores de la DC–, da a entender de que estos organismos de por sí son instancias participativas. Es necesario aclarar este aspecto pues, independiente de que estos organismos se originen por la vía de la “participación popular”, no dejan de ser esencialmente órganos representativos. En consecuencia, los conceptos de Asamblea o de Convención, no se refieren a mecanismos de democracia directa ni de participación popular deliberativa, fórmulas bajo la cuales la ciudadanía controlaría directamente el contenido del cambio constitucional, sino que más bien, consisten en instancias de representación ciudadana, donde sus representantes son escogidos por votación popular (o, extrañamente, por el Congreso en el caso de la Convención propuesta por la DC) para elaborar una Nueva Carta Magna.

Ahora bien, distinto es el caso de que se quieran abrir espacios de participación ciudadana, como foros nacionales o cabildos ciudadanos que sirvan de complemento o insumo al trabajo realizado por la Asamblea Constituyente. O si se quiere dotar a dichos cuerpos constituyentes de un carácter más inclusivo y representativo de la diversidad social, cultural y política de un país. No olvidemos que los miembros que componen la Asamblea Constituyente actúan como representantes del conjunto de la nación, por lo tanto deben representar a la mayor cantidad de sectores y grupos de la sociedad. Ello se podría lograr a partir de ciertas estrategias directas como, por ejemplo, seleccionar aleatoriamente a un determinado grupo de ciudadanos o bien reservando escaños o cuotas electorales a grupos tradicionalmente excluidos de la representación política, como por ejemplo mujeres, pueblos indígenas, etcétera, o, de manera más indirecta, fomentando la participación política en espacios de la sociedad civil.

Sin embargo, en la propuesta presentada hasta ahora por Sánchez no existe mención alguna respecto a cómo se seleccionarán los delegados de la Asamblea y quiénes podrán presentar candidaturas, si solamente los partidos, o también candidatos independientes y miembros de agrupaciones con causas específicas. Tampoco se ha mencionado cómo se asegurará que su composición sea inclusiva y popular, tal y como se da a entender en la franja electoral del pasado 20 de junio, donde se recrea una escena en la que un librero de la calle San Diego le comenta a una jóven que va a comprar “La Nueva Constitución” que él participó como delegado en la Asamblea Constituyente que estuvo a cargo de redactarla. Queda la duda entonces, de cómo se levantarán las candidaturas de los independientes o civiles que quieran desempeñarse como delegados, y que no cuentan con los recursos y el apoyo financiero que tienen, por ejemplo, los candidatos postulados por los partidos políticos. Incluso puede plantearse la duda si tales “delegados” serían elegidos en votación universal o, como sugiere el nombre, si serían elegidos a nivel subnacional y enviados por sus territorios de origen a una asamblea nacional. Por lo tanto, es necesario definir en base a qué criterios se establecerán las candidaturas de los integrantes de la Asamblea, y qué tipos o formas de participación se utilizarán concretamente para dotarlas de un carácter participativo y ciudadano.

En este sentido, es importante que la candidatura de Sánchez especifique claramente estos puntos si realmente tiene por objetivo establecer una Asamblea Constituyente como primera medida de gobierno. A diferencia de lo ocurrido en el gobierno de la Nueva Mayoría, en el Frente Amplio, aparentemente, existe consenso a nivel de coalición tanto respecto a la necesidad de establecer una nueva Constitución, como al mecanismo para concretarlo. Por lo tanto, debiese existir mayor claridad y certidumbre frente a los procedimientos que se utilizarían para establecer una Asamblea Constituyente “ciudadana y participativa” que nos permita obtener una nueva Constitución nacida en democracia.

En el contexto del debate del Frente Amplio transmitido por radios Agricultura, ADN y Cooperativa el 28 de junio, Beatriz Sánchez señaló que “hay que ir por el camino institucional” para llegar a una Asamblea Constituyente, asegurando que existen aún “muchos espacios para poder negociar y avanzar en un cambio fundamental como ese”. Así, da a entender que el establecimiento de la Asamblea Constituyente se llevará a cabo a través de una negociación en el Parlamento, pero no especifica si va a continuar con el proyecto de reforma constitucional al Capítulo XV ingresado por la Presidenta Bachelet en abril pasado y de ahí, establecer negociaciones para instaurar una Asamblea Constituyente; o bien, si se va a optar por una estrategia distinta. En cuanto a la composición de esta asamblea, agrega que sería “elegida por las personas”, de un número cercano a las 200 personas, “que tuvieran un plazo delimitado de un año o año y medio para ejercer su rol constituyente y ofrecer una nueva Constitución al país, la que después debería ser plebiscitada”. Sin embargo, sigue sin aportar sustancialmente nada nuevo en cuanto a participación ciudadana y política con ocasión de este mecanismo, ni tampoco cómo se elegirían dichos constituyentes.

Por su parte, “la “franjita” del Frente Amplio del día 23 de junio, dedicada a explicar la propuesta de Asamblea Constituyente (que reutiliza material ya difundido por Marca Tu Voto de 2015), no añade contenido nuevo a la discusión, limitándose a señalar que la AC es un mecanismo en que la ciudadanía (“las papas”) escoge representantes para una Asamblea, “que es como un Parlamento”, pero con la única tarea de redactar una nueva Constitución. Es decir, repite la idea de “delegado” de Sánchez sin profundizar en su explicación.

Respecto de la candidatura de Alberto Mayol, en su franja del 15 de junio también aborda la necesidad de una nueva Constitución. En ella comparando las reglas que debe tener una Constitución, con las reglas de un partido de fútbol, expresa que “para que el partido sea parejo, tenemos que estar todos de acuerdo en las reglas”, y para ello, “lo primero es rayar la cancha, establecer los límites del campo de juego”. Se destaca, haciendo alusión al origen de la Constitución de 1980, que en Chile “las reglas del juego fueron acordadas entre pocos. Ni siquiera habíamos entrado a la cancha, y ya estábamos perdiendo por goleada. La gran mayoría quedó excluida de este rayado esencial”. Así, señala una serie de instituciones que hoy existen en Chile que serían producto de esas reglas, como las AFP, el sistema educacional, el sistema de salud, y el sistema de concesiones, entre otros. Agrega que, “gracias a la condiciones del campo, un grupo minoritario se beneficia de un reglamento tramposo”. Ante esto, se dice que “exigir que el juego sea parejo, es lo mínimo. Por eso lo primero, es volver a rayar la cancha”. En la sección “No entendiste nada”, afirma que “haremos la asamblea constituyente”, pero sin dar detalle alguno respecto de sus características ni forma de llegar a ella.

En efecto, no basta con tener un diagnóstico claro de por qué se necesita cambiar la Constitución. Esto ya lo hemos venido observando desde hace tiempo en los distintos estudios de opinión pública que sugieren la existencia de un consenso en la población respecto de la necesidad de una nueva Carta Fundamental, lo que la franja de Sánchez también trata de transmitir, presentando un gráfico que muestra un 67% a favor de una nueva Constitución y un 33% que no está a favor (aunque no se señala la fuente de tales datos). Sino que también es fundamental establecer propuestas concretas y claras respecto a cómo se va a llevar a cabo el cambio constitucional a través del mecanismo que proponen –la asamblea constituyente. Hasta el momento, sólo hemos vistos declaraciones sobre la necesidad de dotarnos de una nueva Carta Magna vía Asamblea Constituyente, pero ha existido escasa información por parte del Frente Amplio sobre cómo operaría y se conformaría dicho organismo constituyente, de ser aprobada la demanda de cambio constitucional.

Si lo que quiere el Frente Amplio, es destacar que lo que se ha hecho hasta ahora bajo el gobierno de Bachelet es defectuoso, o no es óptimo para obtener una nueva Constitución originaria despojada de las ataduras y cerrojos de la Constitución de 1980, lo que se necesita realmente, es dar un paso más allá, esto es, instruir a la ciudadanía sobre los procedimientos que se utilizarán para obtener una nueva Constitución. Si las candidaturas de Sánchez y Mayol promueven como mecanismo una Asamblea Constituyente, entonces, es necesario explicar en qué consiste y aclarar el concepto de “delegado” de la Asamblea Constituyente, como es el caso de la recreación del librero de calle San Diego en la franja de Sánchez y, en suma, establecer propuestas y definiciones concretas ante la ciudadanía que despejen los mitos e interrogantes que giran en torno a ésta.

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