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Una solución más bien proteccionista y cercana a la izquierda sería prohibir que quienes pierdan una elección puedan ejercer inmediatamente un cargo público.

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Presidente de la Fundación Chile Siempre

Hace algunos días se dio a conocer en El Dínamo, que el 54% de los candidatos al Congreso de la “Nueva Mayoría” que fueron derrotados, han sido contratados por el Gobierno de Bachelet.

Esta situación llama particularmente la atención por la aversión que ha mostrado la izquierda en relación al – ahora extinto – sistema binominal. Pues si una de las razones de fondo que les causaba molestia en tal sistema era que una persona que obtenía la tercera mayoría pudiera ocupar el cargo al cual postulaba, es de esperar que cause similar rechazo alguien que podría haber resultado cuarto o quinto en la elección termine ocupando un cargo público, sin necesariamente tener las capacidades suficientes. Independientemente que entendemos que deben haber casos y casos.

El tema cuestionable no es el nombramiento en cuanto tal, sino que si tales personas son las idóneas para ocupar los cargos para los cuales han sido designados, o si responde más bien a un arreglo político, especialmente cuando son políticos “reciclados”.

La misma disyuntiva ocurre por ejemplo, cuando el Estado en concepto de remuneraciones paga al menos cerca de 30 millones de pesos al mes a miembros de Revolución Democrática y otro tanto a miembros de diversos partidos. La pregunta nuevamente es la misma, la idoneidad para los cargos en los que son designados. Tema aparte es la supuesta independencia del movimiento que, sin embargo, se fue de lleno al Gobierno después de la “protección” de la “Nueva Mayoría” al cupo de Giorgio Jackson en Santiago.

En la misma línea es que también surgen cuestionamientos por ejemplo al nombramiento de Javiera Parada, militante de Revolución Democrática, y su trato especial al no ejercer su cargo donde normalmente corresponde, en la Embajada de Chile en Estados Unidos, y su capital Washington DC, y no en otra ciudad.

Una solución más bien proteccionista y cercana a la izquierda sería prohibir que quienes pierdan una elección puedan ejercer inmediatamente un cargo público. Sin embargo todos entendemos que eso sería un despropósito en un régimen democrático y una reducción a la libertad, de lo que se trata es un llamado a la prudencia y al pudor del Gobierno. Podría haber una fórmula mixta, como contratar un máximo acotado de candidatos derrotados o bien un porcentaje acotado de militantes de partidos políticos.

Además, también es un llamado a los ciudadanos a estar atentos a los movimientos de cargos de manera poco pulcra. Soy un convencido de que en Chile existe la suficiente gente capaz para ejercer cargos públicos de importancia y no solo militantes de los partidos de Gobierno.

Hay que asumir el servicio público como una vocación, y no como una forma de proveer de cargos a los amigos políticos. Hay que procurar, en la medida de lo posible, contar con gente bien preparada en la administración pública. Por último, hay que tratar de evitar que se “recicle” una cantidad importante de candidatos que perdieron su elección, y que después aparece en cargos bien pagados, para los cuales no necesariamente están bien calificados.

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