La política de vivienda en Chile ha sido reconocida internacionalmente como exitosa, siendo incluso imitada por otros países de Latinoamérica. Sin embargo, la admiración proviene principalmente de la cantidad de viviendas construidas y la articulación de la política pública con el sector financiero y privado. Lo preocupante es la calidad con que se han desarrollado estas viviendas.
Como expresó Jorge Larenas en el Seminario “Vivienda y Ciudad”, realizado recientemente en Valparaíso, el ADN de la política habitacional actual sigue siendo el mismo de la política que se inició el año 78.
A finales de los 70 se estableció una política de vivienda basada en la habilitación del mercado, creando reformas al sistema bancario. El sector privado suministró viviendas, pero los más pobres se vieron excluidos de una solución pertinente, aumentando el déficit habitacional y multiplicándose los campamentos en la periferia de las ciudades. El terremoto del 85 contribuyó a extremar ese déficit y detonó una más significativa inversión estatal que buscó atraer con mayor énfasis al sector privado al mercado de la vivienda social. Los gobiernos democráticos de los 90 buscaron estratégicamente consolidar el camino recorrido hasta el momento y le dieron continuidad a la política forjada durante los años anteriores.
A mediados del 2000, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo impulsó fuertes cambios a la política habitacional. Para los sectores de más bajos ingresos buscó proveer viviendas mejor localizadas y aumentar el capital social de las comunidades, fomentando una mayor organización comunitaria. Sin embargo, a excepción de ciertos ejemplos puntuales, la calidad constructiva y el diseño no parecieron alcanzar los estándares esperados. El terremoto del 2010 volvió a aumentar el déficit, y hoy nos enfrentamos a un nuevo cambio en la política habitacional.
El principal enfoque de las políticas de vivienda durante todos estos años fue la reducción del déficit cuantitativo prestando poca atención a la calidad de las viviendas producidas. El problema de los “con techo” y la proliferación de guettos fue puesto en el tapete el 2005 por Ana Sugranyes y Alfredo Rodríguez, investigadores de Sur Corporación. Al recorrer las periferias o zonas pericentrales de nuestras ciudades nos encontramos con conjuntos de bloques de vivienda en deterioro. Estudios muestran que más de un millón de familias viven hoy en estas condiciones, las que no sólo presentan deterioro físico, sino que también evidentes carencias sociales. Reconocido el problema hoy, está empezando a ser abordado por quienes desarrollan las políticas de vivienda.
Pese a ello, existen muchas organizaciones sociales que buscan seguir trabajando por el desarrollo de sus barrios y comunidades. Necesitamos políticas de vivienda y urbanismo de desarrollo continuo y que permitan ir construyendo barrios y ciudades no solo donde todos quieran vivir sino que también seguir viviendo. Esto no significa que quienes vivan en tales barrios no quieran moverse. Por el contrario, debemos aumentar las posibilidades de movilidad habitacional, para así acercar a las personas a sus fuentes de empleo y disminuir el gasto e impacto en transporte. Pero para que esa movilidad sea posible necesitamos incrementar la plusvalía de las viviendas. Si no aseguramos la valoración en el tiempo de estas viviendas y barrios, difícilmente podremos aspirar a construir ciudades más justas, inclusivas y con mejor calidad de vida para todos.
Hoy en día ¿Cuál es el incentivo para una constructora por esforzarse en realizar un proyecto mejor localizado o de una mejor calidad en el diseño? La libre competencia difícilmente será la panacea. Necesitamos generar incentivos para que el nuevo parque de viviendas a construir responda de mejor manera a las necesidades de quienes las habitarán. Incentivos para una mejor calidad en el diseño y localización y para generar soluciones innovadoras. Luis Eduardo Bresciani de la Pontificia Universidad Católica y Vicente Burgos de Un Techo para Chile plantearon durante el seminario en Valparaíso la necesidad de generar políticas de gestión de suelos. Estas son urgentes. Si no solucionamos los problemas de escasez de suelo urbano seguiremos teniendo una oferta de viviendas que no responde a las necesidades de la demanda. Y aunque las personas con “subsidio en mano” podrán elegir, la pregunta será ¿ante qué alternativas?
Debemos buscar los mecanismos para canalizar la energía y capitalizar el capital social existente. También focalizarnos en estrategias que incentiven una mejor calidad de la producción habitacional y urbana para que la inversión realizada se valorice en el tiempo en vez de devaluarse. Sólo así podremos evitar el volver a estar 30 años más tarde parchando errores del pasado.
