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¿Hay botín en la Intendencia?

¿Hay botín en la Intendencia? ¿Hay botín en la Intendencia?

Un Intendente, en tanto representante del Presidente, solo puede hacerle ojitos y sobarle el lomo a ministros y alcaldes

Rodrigo Quijada

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Miembro de Ciudad Viva - Ingeniero de Transporte

La idea, nos cuentan, es hacer que los Intendentes sean electos en vez de designados por el Presidente de turno. Así, la máxima autoridad de cada región tendrá que responder ante la ciudadanía por sus aciertos y equivocaciones, lo que ayudaría a descentralizar Chile. ¿Qué pierde exactamente La Moneda y qué gana la región con este cambio? ¿Hay algún botín en disputa?

Toda región tiene un Intendente, quien tiene dos caras: es el representante del Presidente de la República en la región, y además hace de Presidente del Gobierno Regional (GORE). En este segundo rol es acompañado por un Consejo Regional (CORE, cuyos miembros son electos desde hace poco). Las dos caras tienen un conflicto obvio porque en la misma persona se concentran los intereses del centralismo con los intereses regionalistas; “el Intendente es una figura compleja” dijo la Presidenta Bachelet muy cuidadosamente, aludiendo a sus dos roles.

El proyecto de ley que Bachelet envió al Senado en enero lo que hace es dividir al Intendente en dos cargos para que ya no haya más doble cara: un cargo que seguirá llamándose Intendente y que presidirá el GORE. Otro nuevo que se llamará “Gobernador Regional”, que será el representante presidencial en la región. Sano sin duda. Pero siendo eso así, la pregunta clave entonces es cómo se repartirán los poderes actuales del Intendente entre esos dos nuevos cargos…

Los poderes actuales del Intendente son, sin embargo, poquísimos. En su rol de Presidente del GORE, tiene un magro pedacito de poder porque el GORE hace casi una única cosa: decide el destino del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el cual asigna recursos (no muy grandes la verdad) a proyectos que los alcaldes de la región proponen. Pero el sistema funciona más bien como un fondo concursable, y eso es bien diferente de un ministro o un alcalde, que tienen sus propios presupuestos para impulsar iniciativas de propia creación. Peor aun, la decisión de asignar el FNDR se hace junto al CORE, cuyos miembros son políticamente diversos… el Intendente no tiene cómo arrancarse con los carros.

En su otra cara, como “representante del Presidente”, el Intendente está peor: Todo lo que hace el gobierno central es ejecutado por los ministerios, y son entonces los ministros -no el Intendente- los que tienen el poder de decisión y la plata. El Intendente no puede mandar a hacer hospitales, vialidad, escuelas, etc. Como gran cosa tiene un pequeño rol en el orden público, autorizando o no marchas, por ejemplo. Sí, así de fome. El actual Intendente de la RM, Claudio Orrego, dijo cuando asumió: “no tengo poder y no soy jefe de nadie, pero espero ser un gran articulador.” Se agradece la sinceridad porque efectivamente es así tal cual. Un Intendente, en tanto representante del Presidente, solo puede hacerle ojitos y sobarle el lomo a ministros y alcaldes, con tal de intentar encausar voluntades y recursos a iniciativas que le parezcan relevantes para la región. Así fue como Orrego logró, por ejemplo, que varios municipios se unieran en un solo sistema de bicicletas públicas (¡para comodidad de los ciudadanos!)… pero así y todo tuvo que tragarse que otros municipios no lo pescaran y mantuvieran un sistema propio. Muestra patente que la decisión final estuvo en el alcalde, no en el Intendente.

Pero hay un poder del Intendente actual que es crucial y, sorprendentemente, muy poco conocido: en sus manos está la aprobación o rechazo de las autorizaciones ambientales de proyectos. Sí, proyectos de mineras, carreteras, plantas energéticas, etc. En Chile hay tres instituciones ambientales, pero ninguna con poder para dar autorización ambiental a un proyecto: el Ministerio del Medioambiente (que establece normas generales pero no juega ningún rol en las evaluaciones ambientales), la Superintendencia del Medioambiente (que fiscaliza proyectos ya en curso, es decir, actúa después de aprobados), y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Este último revisa técnicamente la evaluación ambiental de un proyecto, pero solo para entregarla al Intendente con una sugerencia de aprobación o rechazo. El Intendente entonces preside una comisión formada con los SEREMIs (los representantes de los diversos ministerios en la región), la cual toma el análisis técnico del SEA y lo pondera con todo lo demás que le parezca importante, y decide. Es perfectamente posible, y sucede, que la decisión final sea en contra de la sugerencia técnica del SEA. Los SEREMIs y el Intendente, por supuesto, son todos del mismo lado político, así que se cuadran con lo que La Moneda dicta, cuando ella tiene una opinión sobre el proyecto (¡y siempre tiene una opinión sobre los proyectos grandes, evidentemente!).

En pocas palabras, La Moneda logra tener control pleno de cuáles proyectos se aprueban o rechazan ambientalmente en cada región, y cuáles hacen estudio de impacto ambiental y cuáles no, gracias al poder que la Ley del Medioambiente le da al Intendente. Hoy en día, ese es realmente el único valor de peso que tiene la figura del Intendente. Y vaya que importa: ahí hay un poder que afecta directamente intereses de grandes empresas con sus grandes proyectos… Mira aquí, como mero ejemplo, una de las 23 autorizaciones ambientales que ha dado en un año la Intendenta de la Región de O’Higgins, Morin Contreras. Los proyectos suman 743 millones de dólares en inversión. Solo a 2 de ellos la Intendenta consideró necesario pedirles un estudio de impacto ambiental. Los proyectos rechazados por la Intendenta, por otra parte, suman 3.

Probablemente las autorizaciones ambientales serían más transparentes, e incluso más exigentes si el Intendente fuera electo y tuviera que enfrentar la opinón de los votantes. Pero cuando votemos por Intendente en un par de años más, ¿quién tendrá el poder de autorizar ambientalmente los proyectos? ¿el futuro Intendente electo en la región, o el “Gobernador Regional” designado por Santiago? El proyecto de ley que Bachelet mandó al Senado hace unas semanas no es claro al respecto, lo que es preocupante pues este, amigos míos, es el único botín contundente en juego aquí. Los senadores tienen ahora la palabra para discutirlo. Y estaremos atentos a ver su real compromiso con la regionalización.

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