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Opinión

(In)felices 15 años

(In)felices 15 años (In)felices 15 años

"Es difícil calificarlo de atentado a la libertad de expresión, pero cuesta sacarle la etiqueta de amenaza".

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Periodista. Director de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Ha estado vinculado a la investigación de materias de Libertad de Expresión, Ley de Prensa y Transparencia por más de 15 años. Se especializa en análisis de cobertura informativa y en Comunicación Pública.

Pocas alegrías puede tener la Ley de Prensa este sábado 04 de junio cuando sople sus 15 velitas. No se trata de que estos tres lustros hayan sido del todo malos, pero los recientes sucesos parecen arruinarle la fiesta de aniversario.

La Ley sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo reconoce -entre otras cosas- herramientas fundamentales para el ejercicio de la profesión: la protección de las fuentes y la noción de interés público que justifica la difusión de informaciones.

El reciente debate en torno a la sanción de las filtraciones muestra una clara colisión entre ambas normativas. En otras palabras, cómo es posible proteger a las fuentes, por un lado, y someterlas a amenazas y castigos, por el otro, sin que ello se transforme en un desincentivo para entregar información que sea relevante para enriquecer el debate público.

Una muestra palpable del efecto disuasivo fue que la declaración de la Presidenta Michelle Bachelet en el marco del caso Caval no se conoció hasta una semana después. Fue el ministro del Interior, Jorge Burgos, quien lo dio a conocer en medio del impasse con Qué Pasa.

Este caso del semanario, y la querella derivada, dejan en evidencia el segundo sinsabor de este aniversario. Denominar la acción judicial como un atentado a la libertad de expresión es tan precipitado como cándido es plantear que esta acción la realiza la ciudadana Bachelet y no la jefa de Estado, pese a que su domicilio declarado sea el Palacio de La Moneda.

Técnicamente es un debate exquisito. Primero, porque la querella es por lo publicado y no por lo difundido inicialmente por Qué Pasa, pese a que en el texto lo menciona. Ni siquiera admite como justificación que “la dirección de esta revista ha determinado que la publicación de acusaciones tan graves no cumple con los estándares de este medio”, como indicó en la edición del 27 de mayo el semanario.

Segundo porque las declaraciones que la acompañan acusan intencionalidad del medio y participación en un “montaje” que la parte denunciante deberá demostrar. La revista puede escudarse que es relevante dar a conocer las declaraciones del operador político Juan Díaz y que estas constituyen un asunto de interés público. Como la versión editada no hace más que reproducir párrafos de la conversación, no se puede atribuir intencionalidad alguna.

En tercer lugar, tal vez lo más entretenido, será esperar el desenlace. Si la querella no logra su cometido ¿no puede el medio entablar una acción legal similar en contra de una ciudadana que mediante injurias lo involucró en un montaje? ¿Qué pasa con los funcionarios públicos que reforzaron esa tesis? En otras palabras, si sale mal la reivindicación de la ciudadana Bachelet, podría costarle a los contribuyentes un juicio contra el Estado de Chile.

Mención aparte merece la valoración política de lo oportuno que fue la querella. Para un medio, su credibilidad lo es todo. Si la propia revista admite que publicó informaciones que no cumplen con sus estándares mínimos, la batalla ya estaba ganada ¿Por qué, entonces, patear en el suelo al derrotado?

Hacerlo no fue un error político. Es un mensaje claro, estratégico, a los medios: Incluso las informaciones que estén debidamente acreditadas pueden ser objeto de acciones judiciales porque puede cuestionarse tanto la veracidad de los antecedentes como la intención de publicarlos. Es difícil calificarlo de atentado a la libertad de expresión, pero cuesta sacarle la etiqueta de amenaza.

Es indesmentible que esta “colisión de derechos”, como la calificó Lorena Fríes, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, puede contribuir a elevar los estándares del periodismo nacional, incentivando un chequeo de antecedentes más riguroso; también puede inmovilizarlo y hacerlo más conservador, fomentando la autocensura frente a temas que subjetivamente puedan ser considerados “mal intencionados”.

No queda entonces más que discrepar de la ciudadana Michelle Bachelet. Ella, más que nadie, debería estar agradecida de la función informativa de la prensa, puesto que le ha permitido estar al tanto de las actividades privadas de familiares cercanos de las cuales, de no mediar el periodismo, nunca se habría enterado.

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