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Opinión

Isapres y Transparencia: Un Desafío de Estado

Isapres y Transparencia: Un Desafío de Estado Isapres y Transparencia: Un Desafío de Estado

Las Isapres actualmente, al no estar sujetos a mecanismos de control y a estándares de transparencia como los que la Ley 20.285 aplica al sector público, incurren en una serie de prácticas de discriminación arbitraria con sus afiliados, sobre todo visibilizado en un deficiente acceso a la información que no hace más que acrecentar la desigualdad social.

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Presidenta Ejecutiva y cofundadora de Fundación Multitudes. Master of Arts en Comunicaciones de Georgetown University. Experta en participación ciudadana, gobierno abierto y transparencia. Fue asesora de Comunicación y Gobierno Abierto de la administración del Presidente Barack Obama y Oficial de Comunicaciones del Banco Mundial. Asimismo, fue consultora en Comunicación para el Desarrollo y Gobierno Abierto en múltiples organizaciones multilaterales.

El miércoles pasado los chilenos nos enteramos por medio de la prensa que las isapres han llevado a cabo, como todos los años, la tradicional “alza de planes”.

Las ganancias de éstas, según la Ficha Económica y Financiera de Isapre (FEFI) bordean el 56% ó 60 mil millones de pesos durante 2015. Sí, respire de nuevo y vuelva a leer la cifra, pues estas distan abismalmente de ser proporcionales a los beneficios que recibe usted o se le informan.

Ya es común ver el proceso histórico de privatización que han sufrido los bienes ciudadanos cayendo en las manos, muchas veces inescrupulosas, del sector privado que maneja el acceso y administración de derechos universales. Aunque no existe actualmente un tratamiento teórico y legal especial con relación a estos derechos, es una realidad que existen bienes jurídicos que por sus características son de relevancia nacional o que forman parte del interés general de todos los ciudadanos. Estos son los derechos universales económicos, sociales y culturales, como por ejemplo la salud, educación, seguridad social y vivienda, entre otros.

Todos estos bienes, sean administrados por públicos o privados, tienen en común un núcleo central propio del ámbito público y esa médula corresponde a la función social que cumple o debe cumplir cualquier institución que guarde relación directa o indirectamente con el ejercicio de estos derechos.

Con este sistema se les otorgó a privados la facultad de administrar la cobertura de salud a los chilenos, y al ser la salud un derecho universal se vuelve incuestionable que suministran bienes jurídicos de relevancia nacional. Lo anterior no ha logrado sino que perpetuar la desigualdad social en esta materia. El contrato de salud previsional es un instituto de la seguridad social, tal como ha fallado reiteradamente la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional ante los Recursos de Protección, y como tal, no resulta aceptable la desprotección, arbitrariedad y la desinformación con la cual estas instituciones se desenvuelven frente a sus afiliados.

Las Isapres actualmente, al no estar sujetos a mecanismos de control y a estándares de transparencia como los que la Ley 20.285 aplica al sector público, incurren en una serie de prácticas de discriminación arbitraria con sus afiliados, sobre todo visibilizado en un deficiente acceso a la información que no hace más que acrecentar la desigualdad social.

Además, incurren en una serie de prácticas de discriminación arbitraria con sus afiliados, están dotadas de una facultad unilateral de reajuste anual y cada tres años a las GES, imponen precios bases discrecionalmente, existe una imposibilidad de determinar el porcentaje de copago de una isapre en comparación con otra y tienen facultad unilateral para terminar el contrato de los afiliados, entre otras.

Asimismo, se practican mecanismos para burlar la prohibición de integración vertical, es decir, la prohibición legal para que las Isapres sean dueñas de prestadores de salud, siendo el holding o consorcio dueño de la Isapre, el mismo dueño del prestador del servicio.

Esta situación evidentemente es contraria al bien común, y a los cánones de transparencia y probidad que la sociedad actual y legítimamente empoderada requiere de sus instituciones, sean públicas o privadas; puesto que no se trata de la transacción sobre un bien y servicio suntuario, sino que muy por el contrario, es de vida o muerte.

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