El primer Gobierno democrático de centro-derecha en los últimos cincuenta años no parece muchas veces coherente en sus propuestas y decisiones con los valores que debería encarnar ideológicamente. Quizás, porque tales principios no son hoy los más apreciados por la sociedad chilena. Los ideales tradicionalmente propios de la centro-derecha como la libertad económica, el emprendimiento y esfuerzo personal, la iniciativa privada, el rol subsidiario del Estado, el mercado y el crecimiento como motores de la economía, etc., son asociados por muchos –debido a las graves irregularidades en el comercio, en el sistema financiero y en prácticas empresariales– con la arbitrariedad, inseguridad, desigualdad, abuso, engaño o robo.
Hoy los chilenos afrontamos escandalosas diferencias y vulnerabilidades, análogas a las que en su tiempo denunció san Alberto Hurtado. Bajos salarios, aumento del costo de los alimentos, cobros abusivos de intereses, grandes utilidades del sistema financiero y del comercio. La otra cara de un país que crece y se desarrolla, pero sin equidad.
Sabemos que en Chile la educación superior está significando una carga económica grande y desigual para los jóvenes de los estratos medios y bajos. Quienes alcanzan el crédito fiscal pagan un tercio de los intereses que deben costear quienes obtienen el crédito con aval del Estado. Por otra parte, en el campo de la salud, el sistema privado que –con grandes ganancias- atiende primordialmente a los sectores medios y altos es también percibido como injusto en sus costos e impredecible en su cobertura.
Mayor seguridad
Algunos sostienen que parte del éxito alcanzado por la economía chilena en los últimos treinta años se funda en la exagerada seguridad jurídica que otorga nuestra Constitución Política a la propiedad privada. Sin embargo, junto a esta certeza jurídica convive la percepción compartida por la mayor parte de nuestros conciudadanos de estar siendo constantemente burlados y abusados por quienes detentan el poder económico.
A diferencia de lo que sucede en Europa, donde también hay un malestar difuso, en Chile las demandas ciudadanas parecen ser menos utópicas y más factibles. Lo que quieren los chilenos es verdadera igualdad ante la ley, las mismas oportunidades para todos, reglas claras que defiendan a los consumidores de las arbitrariedades, créditos no abusivos, contratos sin letra chica, una justicia rápida y eficaz. Los chilenos pedimos seguridad. Seguridad en las casas, calles, plazas y espacios públicos. Pero también en los supermercados, tiendas de comercio, farmacias y bancos.
Al ciudadano común le produce un enorme malestar e impotencia la sensación de que no solo tiene que lidiar con rateros, ladrones, adolescentes sin futuro o drogadictos angustiados que lo pueden asaltar, sino también con otros criminales de cuello y corbata que lo estafan o engañan, aprovechándose de su falta de pericia o de su necesidad, tanto en el comercio, en los servicios, como en el sistema financiero, y que además no irán a la cárcel aunque los sorprendan en su acción ilícita.
Mayor igualdad
Ha habido momentos en nuestra historia como país donde otras urgencias parecían más apremiantes: recuperar la libertad después de una larga y penosa dictadura, combatir la pobreza que aquejaba a casi la mitad de los chilenos, ampliar la cobertura del agua potable y alcantarillado, lograr educación primaria y secundaria para todos. Mínimos de distinta índole que urgían más que la igualdad.
Hoy, en cambio, las diferencias sociales insalvables, las rentabilidades excesivas, la ostentación y el lujo de unos pocos, el desenfado y la frivolidad de algunos, la prepotencia de otros, y los esfuerzos infructuosos de los más, se hacen insoportables. La hipocresía y la mentira, consideradas casi idiosincráticas, ya no provocan gracia.
Los privilegios de unos, a costa de la vida dura de la mayoría, aparecen crueles. Y la gente está diciendo basta. Ha llegado la hora del reclamo por una mayor igualdad. Los chilenos no solo queremos tener lo suficiente para comer o estudiar, también queremos calidad, derecho a optar a lo que ahora solo algunos favorecidos alcanzan.
Queremos un Estado que aproxime las diferencias y que no las aumente, un Gobierno que se preocupe por todos y los trate igual. Un país de ciudadanos y no de clientes de distintas categorías. Y donde no se deje de sancionar duramente a quienes, aprovechando su condición de privilegiados, medran con las necesidades y limitaciones de las mayorías.
El Gobierno actual parece haber escuchado en alguna medida el clamor ciudadano. El presidente Piñera ha hecho un ajuste a su gabinete, señalando una especial preocupación por la desigualdad. Le deseamos el mayor de los éxitos. Los nuevos ministros tendrán que abocarse a temas que no han sido banderas tradicionales de la centro-derecha. También tendrán que encaminar al país hacia las reformas políticas indispensables –como son la reforma constitucional y el cambio del sistema electoral binominal- para que nuestra defectuosa democracia sea efectivamente participativa.
Al Padre Hurtado le tocó vivir en una época donde las diferencias herían el alma y tocaban los límites de la supervivencia: hambre, frío, mortalidad infantil, habitaciones insalubres, sueldos miserables, explotación, ignorancia, analfabetismo. Hoy los problemas son otros, pero el desafío de la inclusión y cohesión social, del respeto a cada ser humano por su infinita dignidad siguen totalmente vigentes como también sus palabras: “Enorme es el escándalo de quienes ven gozar a un sector de la sociedad de todas las delicias de la vida, mientras ellos carecen de todo”.
En agosto recordamos especialmente su obra y sus reflexiones. Que su ejemplo nos impulse a construir un país más igualitario. Donde todos sean apreciados y considerados, y nadie se sienta con el derecho de abusar del otro. Para ello se debe procurar un diálogo efectivamente motivado en la búsqueda del bien común, priorizando los esfuerzos hacia las tareas más urgentes. Ha llegado la hora de atender las demandas de igualdad.
Editorial Revista Mensaje – Agosto 2011
