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Educación

La ley impostergable

La ley impostergable La ley impostergable

"Hablamos de crear un sistema donde Servicios Locales públicos y descentralizados tendrán la responsabilidad financiera y técnico-pedagógica de los colegios; donde el Ministerio de Educación asumirá la responsabilidad política de la gestión".

Carlos Henriquez Calderon

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Secretario Ejecutivo Agencia de Calidad de la Educación. Ingeniero Comercial con mención en Economía de la Universidad de Santiago, Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile.

El proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública atraviesa momentos definitorios.

Mientras la discusión avanza en el Senado, una consulta realizada por el Colegio de Profesores ha mandatado a la directiva del magisterio a gestionar modificaciones relevantes a la propuesta, cuestionando aspectos centrales del proyecto.

La aprobación de esta ley es un impostergable. Nuestra educación pública lleva más de 30 años administrada por los municipios, entidades que no han contado con los recursos ni las capacidades necesarias para gestionar el área y asegurar condiciones de apoyo a los directivos, docentes y estudiantes, y que por lo tanto, han tenido que recurrir a recursos comunales para sustentar el funcionamiento y acompañamiento de los colegios, lo que ha reproducido la enorme inequidad territorial del país.

Lo que hoy se discute es la propuesta más robusta y ampliamente trabajada para fortalecer la educación pública desde el retorno a la democracia. Hablamos de crear un sistema donde Servicios Locales públicos y descentralizados tendrán la responsabilidad financiera y técnico-pedagógica de los colegios; donde el Ministerio de Educación asumirá la responsabilidad política de la gestión (la que hoy se encuentra diluida entre el propio ministerio y los 345 municipios); y donde la Agencia que represento deberá velar por la calidad de la educación, no sólo desde una mirada particular de cada establecimiento, sino que analizando todo el territorio, lo que implica monitorear el desempeño de cada Servicio Local.

El proyecto da pasos importantes en materia de financiamiento y participación, al asegurar recursos basales para cada Servicio Local y al considerar la voz de los actores de la comunidad escolar en las decisiones de cada colegio y de la política educativa territorial. Asimismo, se puso en discusión la eliminación del cierre de colegios como medida sancionatoria frente al bajo desempeño, generando otro tipo de responsabilización para los establecimientos con los aprendizajes más rezagados.

Es innegable que quedan desafíos pendientes que serán objeto de subsiguientes ajustes a la normativa educacional (como la revisión integral del sistema de financiamiento); que deben asegurarse más espacios de autonomía para los directivos; y que la transición hacia el nuevo sistema debe ocuparse de las condiciones laborales y de las deudas que hoy arrastra el sistema. Pero estos elementos no deben frenar el trámite del proyecto.

Ha pasado más de un año y medio de discusión para llegar a la etapa final del trámite legislativo. No habrá una reforma educativa completa sin la aprobación de esta ley, y por lo tanto debemos reunir los esfuerzos de todos los actores en un pronto despacho de esta iniciativa, que permita dar pasos sustantivos en el fortalecimiento de la educación pública chilena.

Es urgente e intransable contar con condiciones adecuadas para la gestión pedagógica de las salas de clases.

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