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Opinión

La Ley RPA y la desidia del Estado para con nuestros/as adolescentes

La Ley RPA y la desidia del Estado para con nuestros/as adolescentes La Ley RPA y la desidia del Estado para con nuestros/as adolescentes

"Se está castigando a los/as adolescentes con criterios de adultos, sin considerar el principio de que la privación de libertad en personas menores de 18 años debe ser siempre la última opción".

Andrea Bravo

Por


Miembro del equipo programático de Niñez y Adolescencia del Frente Amplio

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) tiene como objetivo la responsabilización y reinserción social de los/as adolescentes infractores de ley, incorporando para ello el principio del interés superior del niño, lo que genera un antes y un después en la mirada legal sobre la materia. Antes, si el juez determinaba que el adolescente tenía discernimiento, era tratado penalmente igual que un adulto y generalmente privaba a los adolescentes de un debido proceso.

¿A qué se debe que, a 10 años de iniciada la ley, aún no logremos generar una real recuperación y reinserción social de adolescentes infractores de ley? Hay múltiples factores a mencionar para diagnosticar esta situación, partiendo por la enorme desigualdad socioeconómica, la estigmatización social que sufren los/as adolescentes infractores y la ausencia de un sistema de protección de los derechos de la niñez y adolescencia. No obstante, nos gustaría enfocarnos en un factor específico, y que no requiere reforma alguna: la especialización del sistema de justicia juvenil.

Diversos estudios y evaluaciones sobre la LRPA han señalado la falta de especialización, tanto de los intervinientes del sistema (jueces, fiscales, defensores, operadores jurídicos y profesionales y educadores de trato directo); como de la infraestructura para atender estas causas. Actualmente, el número de adolescentes en Centros de Internación Provisoria, supera los 250 jóvenes, comparativamente con la cantidad de adolescentes en centros para condenados que no supera los 110, en un mismo período. Ello indica que se está castigando a los/as adolescentes con criterios de adultos, sin considerar el principio de que la privación de libertad en personas menores de 18 años (en pleno proceso de desarrollo psíquico, emocional y social), debe ser siempre la última opción, tanto previa al juicio como con posterioridad.

Junto con lo anterior, se aprecia una falta de centros especializados para el trato con adolescentes infractores y con escasa cobertura territorial. Ello implica que los/as adolescentes que hoy son objeto de sanciones privativas de libertad deben cumplirlas en lugares muy alejados de sus comunas o ciudades, sufriendo desarraigo social y familiar.

Consideramos que es imperativo avanzar en cambios estructurales que permitan la garantía universal de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país, en pos de mejorar sustancialmente en su bienestar y reconocerlos como sujetos de derecho. Sin embargo, también entendemos que hoy es posible mejorar de manera importante las condiciones en que nuestros/as adolescentes se vinculan con el sistema de justicia, exigiendo al Estado que cumpla lo que la ley obliga. En ese sentido, como Frente Amplio nos hacemos cargo de esta situación y la incorporamos como una prioridad urgente en nuestro próximo gobierno.

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