Durante la Guerra Fría fue común que se planteará de parte de grupos autoritarios de derecha e izquierda que la democracia no podía aceptar dentro de ella a sectores que promovían su destrucción.
Así, en lo regímenes comunistas se proscribía al fascismo y en los autoritarios de derecha a los comunistas. En ambos casos, se termino incorporando dentro de los sectores proscritos a todos los opositores, acusándolos de ser marionetas y/o aliados de hecho de los grupos que se perseguía.
A estas posturas excluyentes se confrontó otra que planteaba que las ideas se combatían con ideas, no con represión, que los que promovían la libertad finalmente se impondrían en la voluntad de la ciudadanía. En caso de que triunfaran los partidarios de las restricciones, esto sería momentáneo y que la lucha contra ellos debía darse por medios que asegurarán la vigencia de la democracia.
Lo anterior se vivió en las sociedades de América Latina y los países de la órbita comunista. En ambos triunfó la libertad.
En el caso chileno, existió la Ley de Defensa de la Democracia, los decretos sobre proscripción política de la dictadura y el articulado de la Constitución del 80.
La Democracia Cristiana siempre se opuso a dichas normas, no porque coincidiera con los afectados, incluso éramos adversarios políticos del PC, la dictadura del proletariado iba contra las bases de lo que considerábamos una sociedad democrática, pero planteamos su derecho a existir legalmente y a que compitiera en igualdad de condiciones dentro de la democracia chilena.
En estos días, hemos visto con estupor cómo se homenajea a personas condenadas por delitos gravísimos contra los DDHH.
Hay quienes han planteado, a través de una iniciativa legal, que debemos castigar con pena de cárcel a los que públicamente justifiquen, condonen, nieguen y/o minimicen los delitos de lesa humanidad, principalmente los ocurridos en Chile durante la dictadura.
Nada más repudiable que los actos de estas personas que violentaron a todos los chilenos y que aún se jactan de ello y no se arrepienten de sus actuaciones.
No hay nada que haya atentado más gravemente contra los valores esenciales de la persona humana que la actuación de estas personas.
Pero a los que nos formamos en la Democracia Cristiana y en el trabajo de los DDHH, se nos dijo que la libertad de expresión es un derecho de todas las personas, al margen de sus convicciones y de las actuaciones que hayan tenido en su vida.
Lo que se debe castigar son los hechos de violencia y las acciones delictuales, no las opiniones.
Recomiendo leer el discurso de Radomiro Tomic en el Senado cuando habló contra la Ley de Defensa de la Democracia que intentaba excluir a los comunistas de la vida política nacional.
Esta opción de defensa de la libertad de expresión, incluso para quienes nos la negarían si llegaran el poder, o ya nos la han negado (como es el caso del alcalde Labbé y de los que homenajearon a Krassnoff), muchas veces es tildada de ingenua y permisiva. En los hechos no es sólo una opción de defensa de principios, también es más realista y efectiva que la que aplican los que desean restringir la libertad de opinión.
A la larga el perseguido se transforma en víctima y el debate no es sobre lo que plantea sino sobre las restricciones que se le aplican. Si hay alguien que niega su efectividad, comparemos el mundo de hoy con el de hace algunos años atrás.
La sanción política siempre es más eficiente que la represión a las ideas. Hoy lo vemos, la sola mención a la convocatoria a un acto de homenaje a un condenado por delitos (Krassnoff) ha generado más repudio, rechazo y castigo público a lo que significarían seis años de cárcel para los convocantes como lo que se propone.
No se trata de tener un Estado neutro en relación a los DDHH; estos se deben promover y se debe enseñar que los crímenes o atentados contra los DDHH son contrarios a los valores esenciales del país. No debe permitirse monumentos ni escritos oficiales a favor de quienes violan los DDHH. En los libros de formación de los jóvenes se debe denunciar estos delitos y generar una cultura de los DDHH. En las escuelas militares se debe enseñar que tener el monopolio de la fuerza no es para aplicarla contra sus compatriotas. Hay que generar muchas iniciativas adicionales para fomentar una cultura favorable al respeto y promoción de los DDHH.
Entiendo lo difícil que es defender el derecho de expresión para quienes justifican los crímenes cometidos durante el régimen de Pinochet.
Para ser firmes en nuestros principios debemos recordar a nuestro querido Cardenal Silva Henríquez, cuánto dijeron de él porque defendía los derechos de personas acusadas de terroristas. El tiempo le dio la razón.
Espero que el parlamento rechace la iniciativa legal que hemos descrito en un párrafo anterior, sobre todo por quienes se formaron en el ejemplo del Cardenal Silva Henríquez y han conocido el discurso de Radomiro Tomic contra la Ley de Defensa de la Democracia.
