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La movilización de los callados

La movilización de los callados La movilización de los callados

"La primera y mayor expectativa que tenemos es la de una reforma profunda a nuestro sistema educacional para que nunca más hechos como los de la Universidad del Mar se vuelvan a repetir".

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Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Adolfo Ibañez y Vocero de la Organización de Federaciones de la Educación Superior Privada (OFESUP)

En el último tiempo ha surgido con fuerza el debate en torno a la naturaleza de la provisión de la educación. En particular, ha sido central el debate en torno a la “libertad de enseñanza” y el modo en que esta se conjuga con el aseguramiento de calidad y acceso, en cuanto derecho social, a la educación. Además, ha vuelto a ponerse en el tapete la falta de injerencia que tiene actualmente el Estado en estas cuestiones.

Como estudiantes de la educación privada hemos sido los que con más fuerza hemos vivido las contradicciones e injusticas del sistema actual. Mientras algunos han lucrado, ilegalmente en las universidades, con nuestros sueños, vemos como no existe ninguna garantía de la calidad de nuestras instituciones.

Así lo han mostrado los recientes escándalos en torno a la acreditación y las investigaciones del lucro en universidades controladas por el grupo económico Laurate International Universities. En nombre de una supuesta “libertad de enseñanza”, durante décadas vimos desarrollarse un mercado sumamente rentable para los empresarios  de la educación, muchas veces a expensas de los estudiantes. Al final, como suele ocurrir, los ricos podían optar mientras los estudiantes de menores recursos se veían a la mereced de este libertinaje mercantil. ¿Asegura el mercado que todos puedan elegir una educación con estándares mínimos de calidad? La historia reciente de nuestro país demuestra lo contrario.

Sin embargo, hay quienes han insistido en el valor intrínseco de entregar las máximas libertades a quién desee abrir un establecimiento educacional. Estos, motivados ya sea por una visión radical del funcionamiento del mercado o por un terror infundado al rol del Estado, han querido bloquear cada intento de regulación y racionalización de nuestro sistema educacional. Sin embargo, al hacerlo mienten. La falacia se presenta con toda claridad cuando vemos las otras desventajas en las que nos encontramos los estudiantes del sector privado: las trabas institucionales a la democracia universitaria.

Como una de las más notorias herencias de la dictadura, nos encontramos con el absurdo de una garantía del atropello a derechos básicos. Los supuestos defensores de la liberta de enseñanza  no han tenido tapujo en defender el resabio de la dictadura que aún permanece en nuestro sistema legal, específicamente en el DFL2. Vale decir, una garantía para que los que abran instituciones de educación superior puedan reprimir los intentos de ordenarse internamente como a cada comunidad universitaria le parezca mejor. ¿Dónde está el supuesto respeto a la “libertad de enseñanza” cuando se trata de la posibilidad de generar proyectos democráticos educacionales?

Ante esto, la primera y mayor expectativa que tenemos es la de una reforma profunda a nuestro sistema educacional para que nunca más hechos como los de la Universidad del Mar se vuelvan a repetir. Se trata de no inyectar recursos ciegamente al sector privado para que siga siendo financieramente rentable para unos pocos, todo lo contrario. Queremos que el Estado le exija más a las universidades privadas porque creemos que pueden ser más. Más allá de si la propiedad de la casa de estudio es o no estatal, creemos que el Estado debiese garantizar a los estudiantes que le exigirá a las universidades estándares de calidad, democracia interna e integración socio-económica. Asegurar que estas universidades no estén lucrando es tan solo el primer paso.

En definitiva, se trata de un nuevo trato del Estado con los estudiantes de la educación privada. No basta solo con terminar con el DFL2, es necesario garantizar que persecuciones como las que viven día a día estudiantes del sector privado que intentan organizarse, no se vuelvan a  repetir. Necesitamos una ley que garantice el derecho a organizarse en todo el sector privado, para cada uno de los estamentos que componen a la comunidad universitaria, y no solo a sus fundadores.

Este nuevo trato  parte por reconocer la importancia de que las políticas públicas se construyan en conjunto con la sociedad organizada, incluyendo a los estudiantes del sector no tradicional. Es absolutamente vital para nosotros que la reforma nazca de un proceso participativo para que sea verdaderamente expresión de una nueva fase en la relación del Estado con la ciudadanía. Tal vez provengamos de instituciones privadas, pero nunca más calladas.

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