EL DÍNAMO

Como era de esperarse, Bolivia aprovechó el espacio político que le otorga la 42° Asamblea General de la OEA para focalizar su discurso en la demanda marítima con soberanía y en una abierta crítica a la OEA, como organismo hemisférico y cooperador del desarrollo e integración regional.

La sorpresa ha estado en que junto a Bolivia se sumaron –en forma entusiasta- Ecuador y Venezuela, generando un frente coordinado cuyos objetivos se traducen en una crítica directa y/o velada al rol de Estados Unidos y a aquellos países, como es el caso de Chile, que están comprometidos con la globalización y con el irrestricto respecto al derecho internacional.

Lo anterior no es el objetivo de la OEA y su asamblea. Más allá de que sea un foro de diálogo y convergencia entre países, su objetivo apunta, en esta ocasión, a abordar temas de futuro que dicen directa relación con el bienestar de todos los ciudadanos y la preservación de la democracia.

Lo central es la seguridad alimentaria, que permita instancias cooperativas y constructivas para asegurar un nivel mínimo de auto sustentabilidad alimenticia a cada uno de los países, respetando su soberanía.

La falta de alimentos constituye uno de los principales desafíos futuros, que incide en la agricultura, el control sobre los recursos naturales y la necesidad de estrategias de largo plazo que combinen innovación, emprendimiento y tecnología. Lamentablemente, a raíz de la estrategia de los países del ALBA, este tema queda subsumido a los intereses ideológicos de algunas naciones, olvidando el bienestar de pueblos enteros, que luchan contra la pobreza y aspiran a una dignidad de vida que los organismos internacionales debieran proteger y promover.

Si lo anterior fuese poco, en esta asamblea –más allá de los críticas contra Estados Unidos- se ha planteado un duro cuestionamiento político a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyo desempeño se ha focalizado en defender las libertades y derechos de los individuos, destacando el enérgico rol que ha jugado para defender la libertad de expresión en varios países, principalmente del ALBA, donde decisiones políticas de los gobiernos han desplegado acciones concretas para acallar a la prensa opositora y construir un manto de silencio frente a las críticas.

De esta forma, vemos con preocupación que un organismo importante para el diálogo, la cooperación y la negociación, queda atrapado en posiciones ideológicas e instrumentales que sirven a intereses parciales y no suman a las soluciones que la comunidad  hemisférica demanda de estos organismos.

Chile, junto a otros países, ha quedado asido en una retórica innecesaria que recuerda nefastos momentos de la Guerra Fría. Nuestro país tiene certeza jurídica, no sólo en el proceso que se lleva en La Haya, sino particularmente en la relación con Bolivia. Pretender ignorar o cuestionar estos argumentos, al punto de desviar la atención de una asamblea tan importante como la que se desarrolla en Cochabamba, no sólo constituye un despropósito, sino que plantea un escenario complejo en las relaciones vecinales y en los resultados futuros que deberemos enfrentar ante un mundo marcado por la incertidumbre y la convulsión.