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Opinión

La “paradoja” de la sociedad chilena: ¿Más distintos y/o más iguales?

La “paradoja” de la sociedad chilena: ¿Más distintos y/o más iguales? La “paradoja” de la sociedad chilena: ¿Más distintos y/o más iguales?

La sociedad chilena es cada vez más variada. No solo grupos históricamente excluidos –mujeres, indígenas, discapacitados, la comunidad LGTB o los inmigrantes- demandan ser compensados por las injusticias pasadas y ser considerados con la debida importancia en las agendas oficiales. También, cada vez más, las personas exigen que aquello que los distingue –ya sean sus características personales, sus opciones culturales, religiosas o sexuales- sea reconocido y valorado por el Estado y la sociedad en su conjunto. En otras palabras, no solo hay más personas más distintas sino que mayores exigencias por el reconocimiento y valoración de esa diversidad.

Por


Investigadora de Espacio Público. Socióloga de la U. de Chile con una Maestría en Políticas Públicas de la Hertie School of Governance de Berlín. Ha trabajado como consultora en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y para la Dirección de Desarrollo Social de la CEPAL.

Paradojalmente, este fenómeno de multiplicación de las diferencias coexiste con una cada vez mayor reivindicación del principio de igualdad. ¿Cómo se logra ser un país más distinto y más igual a la vez? ¿Cómo le damos cabida, como sociedad, a la diversidad, respetando el principio de igualdad? Visto desde la otra cara, ¿cómo se superponen a la desigualdad de ingresos, las distintas formas de discriminación?

Hasta hace no muchos años, nuestro cuerpo legal consagraba la existencia de distintas categorías de personas, unos con más derechos y otros con menos: distintos tipos de hijos (legítimos y naturales); distintos tipos de cónyuges (en cuanto la mujer casada en sociedad conyugal padecía de una incapacidad relativa frente al marido); distintos tipos de parejas (homosexualidad era penada por el delito de sodomía).

Una primera ola de reformas en este ámbito, remitió a la eliminación –total o parcial- de estas formas legales de discriminación. A esto le siguió el reconocimiento institucional de los grupos históricamente discriminados y la adopción de medidas focalizadas en ellos. La creación del SERNAM, la CONADI y el FONADIS durante la década de 1990 son algunos ejemplos. Acordándoles un lugar en la organización del Estado y ejecutando programas específicos para ellos, se buscaba reparar el daño contra quienes pertenecían a grupos históricamente discriminados.

Durante los últimos años, el foco de las reformas institucionales ha dejado de estar puesto en la compensación de los grupos afectados para centrarse en el reconocimiento de la diversidad en la población.

Las medidas implementadas a partir de la década del 2000, buscan en gran medida garantizar el derecho de las personas a ser quienes son o a decidir libremente sobre su vida más allá del contenido mismo de esas opciones. Son medidas que buscan transformar las condiciones en las que las personas se desenvuelven e interactúan y que, por lo mismo, no se focalizan en ningún grupo en particular sino en la sociedad en su conjunto. La ley de antidiscriminación y el Acuerdo de Unión Civil son fieles reflejos de este momento.

Si bien hemos avanzado en construir los cimientos para una sociedad más diversa, todavía queda mucho por avanzar. No basta con castigar los actos de discriminación o con que se reconozca el derecho de cualquier pareja a la unión civil. Incluso no basta con que se cree una subsecretaría de Derechos Humanos, si es que no se la dota de los instrumentos de gestión necesarios para, efectivamente, hacer de la diversidad y la antidiscriminación una doctrina transversal al interior del Estado y un principio del orden social.

La parte del camino que queda por recorrer es probablemente la más difícil. Si el primer momento buscó cimentar el principio de igualdad y el segundo relevar las diferencias entre distintos grupos, ahora se presenta el desafío de promover dos principios en apariencia contradictorios. Para esto, las labores de prevención, promoción y educación en los valores de la igualdad y la no discriminación cobran particular importancia.

La transversalidad para enfocar los problemas de exclusión desde el Estado, más allá de la capacidad de movilización de un grupo específico, así como la coordinación entre las políticas antidiscriminación y aquellas con foco en la igualdad son clave. De lo contrario, corremos el riesgo de avanzar en el sentido opuesto y terminar siendo una sociedad cada vez más desigual y fragmentada.

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