Para nadie que esté medianamente informado sobre el tema, es un misterio que se espera un colapso laboral en los próximos años para los científicos jóvenes. Tras décadas de falta de una política nacional de desarrollo científico y tecnológico, el explosivo aumento en el número de doctores, impulsado principalmente por el programa Becas Chile y el aumento de los Doctorados Nacionales, configuran un panorama sombrío a partir del año 2013, donde se estima que sobre los 600 Doctores podrían retornar al país cada año, a lo que se suman los más de 400 Doctores de Postgrados nacionales.
En la suma, serán sobre mil graduados de Doctorado (siendo conservadores con la cifra), de universidades chilenas y del mundo, luchando por insertarse en la Academia a través de menos de 200 becas de Postdoctorado, una cifra igualmente escuálida de Concursos de Inserción, y un somnoliento sector industrial que no ve aún mayores incentivos para incorporar científicos.
No son pocos los científicos que manifiestan su preocupación por el tema. Algunas autoridades académicas se suman al temor de una inminente cesantía masiva, y no se vislumbra una respuesta del Gobierno en la materia. ¿Por qué es relevante la intervención del Estado en la materia? La investigación científica depende fuertemente de los esfuerzos y estrategias que los Estados disponen para promover el desarrollo científico, independiente del modelo económico y social del país.
El Estado chileno se ha caracterizado por ignorar activamente los problemas y propuestas de los científicos jóvenes. A lo expuesto, se suman otros tan inauditos como que los becarios que son beneficiados con una Beca Conicyt deban firmar un pagaré en blanco e incluso que deban devolver la totalidad del dinero en caso de reprobar alguna de las múltiples instancias de evaluación que un Postgrado tiene, independiente de la causal o si aportó a un descubrimiento científico plasmado en una publicación o una patente.
Esto equivale a que un trabajador que es despedido de una empresa deba, además, devolver todos los sueldos que recibió mientras estuvo trabajando.
El problema no es menor, y está causando preocupación en algunas autoridades universitarias, que no ven con buenos ojos lo que en la práctica se convierte en una traba para asegurar la calidad de sus egresados. A todo esto hay que sumar que, como ya se ha insinuado, ante la inminente oferta de científicos graduados de universidades nacionales y extranjeras, bien podría existir una discriminación hacia los graduados de Universidades tradicionales.
Algo así ocurrió en los primeros días de la puesta en marcha del programa “Profesionales por Chile”, que busca incorporar Capital Humano Avanzado en el Gobierno, y que inicialmente restringía la posibilidad de inscripción sólo a graduados de Universidades extranjeras.
Estos son sólo algunos de los problemas e incertidumbres que los que hemos optado por una profesión cada vez más precaria e ignorada por el Estado debemos enfrentar.
