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La Transparencia en los Consensos

La Transparencia en los Consensos La Transparencia en los Consensos

El hecho de que no exista una ley que así lo establezca, no implica que nuestros representantes no deban actuar de cara a la ciudadanía, quien cada día demanda más transparencia y cercanía de su labor. No podemos olvidar que cuando llegan a acuerdos sobre reformas tan trascendentales, lo hacen en nombre y representando el interés de todos sus electores. O, al menos, así debiese ser.

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Directora de Incidencia y de Investigacion de la Fundacion Ciudadano Inteligente. Abogada UC y Máster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid.

Gran repercusión causó el consenso logrado por los parlamentarios y el Gobierno sobre la Reforma Tributaria. Al respecto se han escrito numerosas columnas y cartas al director en los principales medios escritos del país. Ha recordado la llamada “política de los acuerdos”, propia de los Gobiernos de la transición democrática que vivió nuestro país luego de la dictadura, surgiendo detractores y alabanzas para este tipo de consensos.

Los consensos de por sí, en una democracia donde existen distintas ideologías políticas, no son negativos. Por el contrario, los Parlamentos son concebidos como el lugar donde se representan estas distintas posturas y se intentan acordar regulaciones que satisfagan o las representen, en una mayor o menor medida.

Las críticas se han referido principalmente a una demanda de la ciudadanía de que los acuerdos entre Gobierno y parlamentarios sobre materias de alto interés público y que las influye de manera directa, como es el caso de la reforma tributaria y la reforma educacional, no se haga a puertas cerradas o “en la cocina”, sino que de modo transparente y de cara a la opinión pública. Esto no es menor, ya que sólo así podemos realizar un debido control social de lo que nuestros representantes realizan en el ejercicio de su función pública y determinar si éstos realmente representan nuestros interés, lo que se refleja posteriormente en las urnas.

Nuestro país ha avanzado decididamente los últimos años en la senda de la transparencia, razón por la cual este tipo de acuerdos o decisiones entre autoridades, no pueden quedar fuera de su óptica.

La recientemente aprobada Ley del Lobby -que prontamente entrará en vigencia- es un ejemplo de lo anterior. Esta ley no incidirá en los acuerdos que logren autoridades del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ya que ésta viene a transparentar las reuniones entre autoridades -del Poder Ejecutivo, Parlamentarios, de Contraloría, Banco Central, Ministerio Público, entre otras- y privados que buscan influir en un proceso de toma de decisiones. Ya sea que estos privados actúen a nombre de otros, de forma remunerada o no -como en el caso de lobbistas, abogados, etc-, o lo hagan a nombre propio, -asociaciones gremiales, juntas de vecinos, iglesias, organizaciones de la sociedad civil, etc-. Pero si le exigimos transparencia en el actuar entre privados y autoridades, ¿por qué no pedir lo mismo en el actuar entre autoridades?

El hecho de que no exista una ley que así lo establezca, no implica que nuestros representantes no deban actuar de cara a la ciudadanía, quien cada día demanda más transparencia y cercanía de su labor. No podemos olvidar que cuando llegan a acuerdos sobre reformas tan trascendentales, lo hacen en nombre y representando el interés de todos sus electores. O, al menos, así debiese ser.

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