En esta oportunidad, deseo hacer un alto en la narración de mi historia personal y referirme a una situación contingente que afecta a mi comunidad, la de personas trans: transexuales, transgéneros e intersex.
Este martes 18 de octubre se votará, en la sala del Senado, el proyecto de ley que establece medidas contra la discriminación, conocida como “ley antidiscriminación”, la que se viene tramitando desde el año 2005. Las organizaciones de diversidad sexual están de acuerdo en la necesidad de incluir no solo la categoría de orientación sexual (referida a homosexuales), sino también la de identidad de género (aplicable a personas trans).
Y es lógico que así sea, porque las personas trans, que forman parte de una de las comunidades más discriminadas en esta sociedad, no sufren menoscabo o privación de derechos porque les gusten los hombres o las mujeres, sino porque andan por la vida como hombres o mujeres.
¿Qué significa esta situación? Quiere decir, en términos prácticos, que las personas trans, al diferir su carnet con su identidad de género socialmente expresada, sufren una serie de barreras sociales que les impide llevar una vida digna. La primera de estas barreras es la laboral. Mucha de ellas, no obstante sus capacidades y sin tener una apariencia llamativa (como muchas veces se cree), no tienen acceso a trabajos dignos, precisamente por no corresponder su identidad legal con la de género.
Además de lo anterior, y como bien es sabido, los integrantes de esta comunidad, especialmente los más vulnerables, son constantemente víctimas de brutales agresiones de grupos ideológicamente fanáticos, por ejemplo, neonazis. En este sentido, el Informe de Derechos Humanos 2007 del centro homónimo de la Universidad Diego Portales da cuenta de esta realidad de manera cruda: “[…] durante el 2006 las personas transgéneras han sido objeto permanente de violencia. Debido a su apariencia física y forma de actuar [identidad de género socialmente expresada], han sido víctimas de persecuciones de grupos neonazis, quienes han realizado verdaderas barridas. En estas situaciones, la violencia ejercida en su contra
flickr.com/Álvaro Herraiz San Martín
ha desembocado en la configuración del delito de lesiones y en homicidios. La magnitud de esta situación se agudiza debido a que muchos de los crímenes cometidos quedan impunes por la falta de investigaciones sobre los mismos”.
Uno de los casos más conocidos en los medios de comunicación —y que, incluso, hizo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile emitiera un pronunciamiento específico, pidiendo la inclusión de la identidad de género en el proyecto aquí comentado— fue el brutal atentado en contra de Sandy Iturra, acontecido en junio pasado en la ciudad de Valparaíso. Sandy fue agredida en su rostro con un bate de beisbol, perdiendo la vista de uno de sus ojos.
Por otra parte, y tal como señala un documento de la Comisión Trans de Fundación =Iguales, “el Estado de Chile ha recibido prevenciones y suscrito declaraciones y resoluciones internacionales que recomiendan y establecen medidas contra la discriminación por identidad de género, aplicables a la comunidad trans”. Un ejemplo de estos documentos es el denominado Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En el Informe 2009 de este examen, Chile acogió, entre otras, las recomendaciones de: “Prohibir por ley la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y abordarla en los programas y políticas de igualdad (Suecia) y utilizar los Principios de Yogyakarta como guía en la formulación de políticas (Países Bajos)”. Los Principios de Yogyakarta (2007) conforman una suerte de declaración universal de derechos humanos por orientación sexual (homosexuales) e identidad de género (personas trans).
En suma, incluir la categoría identidad de género en la ley antidiscriminación es esencial para que la comunidad trans sea debidamente protegida, además de que ello responde a los compromisos internacionales asumidos por Chile. Y lo más importante, supone reconocer que estas personas son seres humanos con derecho a la dignidad y a su propia identidad: a ser cómo son y cómo quieren manifestarse en esta sociedad. Espero que nuestros senadores apoyen este derecho y que Chile avance en igualdad social para todos.
