Es “gravísimo que la líder del movimiento estudiantil [Camila Vallejo] esté hoy día validando nuevamente, como hace muchos años ocurrió en Chile, la vía armada”, dijo el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín. Gonzalo Uriarte, senador designado por la UDI, emplazó “a la Concertación a que se defina si legitima o no el uso de la violencia en política”. Lo que expresó Camila Vallejo a El País, sin embargo, fue otra cosa. La entrevistadora Rocío Montes, periodista de El Mercurio, le planteó que “a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, donde los comunistas están en el Congreso, durante la dictadura el partido tomó la vía armada”. Y Vallejo respondió así:
“El pueblo tiene derecho a combatir en masa la violencia estructural que existe en la sociedad. Y nosotros nunca hemos descartado la posibilidad de la vía armada, siempre y cuando estén las condiciones. Sin embargo, en este momento, ese camino está totalmente descartado, porque la tensión que hoy día existe es neoliberalismo versus democracia”.
La respuesta apuntó al centro de la proposición periodística: el paso de la lucha armada a la no violenta. En su respuesta, Vallejo reconoció el derecho a la lucha armada en el contexto de la violencia de la Dictadura. Y la descartó de plano en el Chile actual. Los dirigentes de RN y la UDI, podemos concluir, sufrieron un pequeño problema de comprensión lectora. Lo mismo con la editorial de El Mercurio del día 21 de enero: las declaraciones de Vallejo sirvieron al diario de Agustín Edwards para atacar al Partido Comunista, apelando a un mito cuidado por la derecha chilena. Según éste, es parte de la “ortodoxia” del PC la “justificación de la violencia política”. En carta al director publicada al día siguiente, Giorgio Jackson le recordó a El Mercurio que debía, al menos, tener un poco de vergüenza para atacar a Vallejo cuando el diario “fue cómplice o aliado de la vía armada -o “régimen militar”.
Numerosos opinólogos y políticos binominales de segundo orden y menor comprensión lectora han intentado condenar a Vallejo y Jackson, sin parar de reproducir ese feo sentimiento de vergüenza ajena que producen los representantes de las instituciones más deslegitimadas del Chile actual, buscando citas que contradigan la centenaria vocación institucionalista del PC chileno.
Los errores de comprensión y los intentos de figuración pasan, sin embargo. Y la violencia política queda. Sus efectos perduran por generaciones. Porque el Chile actual, que Vallejo y Jackson viven, es hijo de la Dictadura al final de la cual ambos nacieron. Y la violencia, a diferencia de lo que plantean los voceros conservadores, no es un desvarío antiguo del Partido Comunista sino parte de la experiencia de los chilenos y chilenas del presente.
La actualidad de la violencia.
En Chile, el 76% de las personas percibe un ingreso menor a $350.000. El 90%, menos de $650.000. El otro 10%, en cambio, recibe un promedio superior a los U$60.000, con el 5% más rico percibiendo 830 veces más que el 5% más pobre.
En la Prueba de Selección Universitaria, “por cada seis respuestas correctas de un alumno de colegio particular, hay sólo una de un estudiante de establecimiento municipal”. De los cien colegios con mejores puntajes en la PSU, 93 son particulares. La relación entre origen socioeconómico y puntajes PSU es directa. Como reconoció Harald Beyer, nuevo Ministro de Educación, la brecha entre liceos municipales y colegios pagados creció el 2011. Lo mismo había dicho en 2009, como investigador del CEP. La segregación no para de agudizarse.
En las protestas contra la educación segregada, durante el 2011, alrededor de 15.000 personas fueron detenidas. De ellas, decenas fueron sometidas a tratos vejatorios por agentes del Estado. Cientos resultaron heridas. Miles si contamos a los que sufrieron quemaduras en la piel o cegueras parciales, producto de la indiscriminada utilización de agentes químicos en agua y gases.
El fenómeno de la represión no es una novedad del gobierno de Piñera. Lo mismo sucedía durante los gobiernos concertacionistas. Y se arrastra desde los inicios de la República. Su período terrorista, entre 1973 y 1990, produjo un mínimo de 38 mil víctimas directas de prisión política y tortura. Al menos 3216 fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. Al menos mil de ellas fueron hechas desaparecer. Los familiares y amigos de esas víctimas se cuentan por millones.
La impunidad, a 21 años de inicio de la Transición a la Democracia, significa que el daño causado por la violencia estatal se perpetúe. De los victimarios, son sólo 66 los que están presos. En cárceles especiales. En el hacinamiento de las cárceles comunes, en cambio, Chile tiene “la tasa más alta de encarcelados por habitante de Latinoamérica”. Más de 53 mil presos actualmente, un número que sólo ha crecido desde 1991. Desde entonces, el presupuesto de Gendarmería ha aumentado más de cinco veces. Y el porcentaje destinado a rehabilitación penitenciaria cayó a la mitad, de 1.6 a 0.8%. Desde 1999, además, las medidas alternativas de reclusión han disminuido. A pesar de ello, un 87% de los chilenos declara sentir miedo o mucho miedo ante la delincuencia. El consumo de antidepresivos creció un 470% entre 1992 y 2004. Los pobres son los que más temor sienten. Los ricos los que más toman pastillas.
Para los chilenos, la delincuencia, la educación y la salud son los mayores problemas sociales (con menciones del 55, 53 y 40%). Los ciudadanos, sin embargo, reprueban la conducta, en materia de seguridad, de alcaldes, Gobierno, fiscales y jueces, senadores y diputados. Respecto de la educación, sólo un 7% cree que el Gobierno lo ha hecho bien. En salud, sólo un 14%. Un 70% de los chilenos creemos que el país está en decadencia o estancado.
Si los sentimientos predominantes son la preocupación, el enojo y la indignación, según el CEP, y sólo 22 de cada 100 chilenos confía en el Gobierno, y sólo 13 en el Congreso, ¿es razonable pensar que la violencia larvada que expresan las cifras de la segregación y la crisis de representatividad no se expresará como violencia abierta?
Si analizamos la conducta del Gobierno, lamentablemente la respuesta es negativa. Y las perspectivas son trágicas. El Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter ha profundizado el desprestigio de las instituciones. Con su enfrentamiento con jueces y fiscales, pero sobre todo por el fiasco de sus intervenciones en el debate público y judicial, como en los casos del ciudadano paquistaní Saif Khan o el llamado Caso Bombas. Largas detenciones finalizaron sin la configuración de delito alguno. Sólo quedan en pié las sospechas de montaje y persecución política.
El último episodio protagonizado por el Ministro, y al que se sumó el propio Presidente de la República, se produjo en medio de una coyuntura de incendios forestales en la que el Gobierno fue cuestionado por su lenta reacción. En medio del fuego en las plantaciones de pino de la CMPC, Hinzpeter atribuyó responsabilidad a la Coordinadora Arauco Malleco y presentó una querella contra los presuntos responsables, de incendios que aseguraba intencionales, invocando la Ley Antiterrorista. Fue esta una nueva vergüenza pública.
Su apego a la letra, argumentando ante la Corte que nunca dijo lo que se entendió que dijo, sólo lo protegió de responsabilidad jurídica. Las consecuencias, sin embargo, son terribles: se desacreditó al conjunto del pueblo mapuche (ver, por favor, los comentarios de los partidarios de Gobierno en la prensa y redes sociales) y la actuación policial en el territorio Mapuche ha mantenido, si no profundizado, un escenario de violencia que padecen principalmente los niños.
Frente a la Ley Antiterrorista, además, se evidencia un retroceso. Aún cuando existe amplio consenso en que esa herencia de la Dictadura, utilizada por la Concertación, debe ser eliminada, y del juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su aplicación contra dirigentes mapuches, el Gobierno insiste en criminalizar las demandas de esa nación.
Lo mismo sucedió frente a las movilizaciones de 2011. Han sido decenas los casos denunciados de abusos policiales. Aún cuando hasta un 80% de la población respaldaba las demandas, las marchas que convocaron a cientos de miles de personas fueron reprimidas aún cuando se desarrollaran en calma. De hecho, la Alameda fue prohibida como espacio para manifestaciones. Una y otra vez personeros de la alianza de Gobierno descalificaron las demandas. “No nos va a doblar la mano una manga de inútiles subversivos”, dijo Carlos Larraín. El alcalde Sabat calificó una toma como “puterío”, un antro de “prostitución”, y el alcalde Labbé a Camila Vallejo como “endemoniada”.
Desde el paro regional de Magallanes, en enero de 2011, el Gobierno fue incapaz de reconocer las demandas ciudadanas y las ignoró, primero, y las enfrentó, después. Actualmente se discute en el Congreso la llamada Nueva Ley Maldita o Ley Hinzpeter, que supondría un severo retroceso en las libertades públicas. Sin atender a las demandas. Sin canalizarlas. Una tarea para la cual la segunda alianza beneficiada por el binominal tampoco ha tenido capacidad: el descrédito de la Concertación la sitúa con entre un 10 y un 20% de respaldo.
La Vía Armada
Mientras la violencia social es una constante, la llamada Vía Armada es una excepción. Con matices importantes, ha sido una estrategia de sectores de izquierda ante períodos específicos. Para el MIR, entre 1967 y 1970, en consideración de lo que consideraba el improbable reconocimiento del triunfo de una candidatura de izquierda. No debido a falta de apoyo, por cierto, sino ante la acción de Estados Unidos y sectores de ultra derecha dentro del Ejército y la clase política. Una hipótesis respaldada por la evidencia a través de toda América Latina.
Y, en el caso chileno, por el terrorismo de sujetos civiles y militares, apoyados por la CIA, cuyo ejemplo más estremecedor fue el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider, que buscaba impedir que Allende asumiera como Presidente. Detenidas sus precarias operaciones armadas al iniciarse el Gobierno de la Unidad Popular, el MIR sólo las retomó como resistencia ante el derrocamiento violento del orden republicano, en 1973.
El PC, por su parte, impulsó la Vía Armada para derrocar a la Dictadura que terminó con el régimen democrático y los derechos básicos de los chilenos. Lo hizo luego de una década de Dictadura, a través del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La lucha armada fue una de las formas de combate a un régimen específico. Aún antes de que se acabara, en parte significativa gracias a la presión de la lucha armada, el PC optó por disolver el FPMR.
El FPMR (autónomo) que se mantuvo en operaciones planteó, primero, que la Dictadura no iba a reconocer su derrota en el Plebiscito. Después de 1990, debilitado el respaldo social que le dio presencia nacional, planteó que la continuidad institucional de la Dictadura suponía sólo una semidemocracia, que mantenía el sistema económico y la Constitución, al ex dictador como Comandante en Jefe o como senador, y la impunidad con respecto a las violaciones a los derechos humanos. Que, de hecho, la Ley de Amnistía continuaría vigente a pesar de la promesa de derogación contenida en el programa de la Concertación. A pesar de que buena parte del diagnóstico era correcto, la forma no cesó de perder apoyo popular, política y éticamente. Ni tampoco otras alternativas de izquierda, enfrentando una Democracia en la Medida de lo Posible en medio del proclamado Fin de la Historia.
La derrota fue profunda, como fueron las heridas de la violencia política. El daño demasiado grande, demasiado altos los costos del exilio, la clandestinidad, la prisión y la muerte. Demasiado el fracaso político. Uno quisiera creer que entre los jóvenes miembros de las Fuerzas Armadas el apego a la legalidad y el respeto a la vida han dado fuerza irrenunciable a un Nunca más.
Organizarse contra la violencia
No existe en Chile ni la organización política ni la voluntad social que impulsen el surgimiento de organizaciones armadas de izquierda. Existen si, millones de indignados con el sistema político creado por la Dictadura y el modelo económico profundizado por la Concertación. Entre los jóvenes, la rabia producida por la desigualdad y por la represión al descontento se expresa de muchas maneras, algunas de ellas violentas y ninguna de ellas orgánica: contra si mismos, contra pares, contra la propiedad o contra la autoridad.
Se incuba, entre la inmensa mayoría preocupada, enojada o indignada, un sentimiento de impotencia: la convicción de que ni aún siendo mayoría, de que ni aún levantando pacíficamente propuestas que significan mayor justicia social, es posible modificar la situación de violenta segregación e injusticia que define, objetiva y subjetivamente, el Chile actual. Sucedió a fines de la década de 1940, a fines de la de 1960, a inicios de la de 1980.
Dicho de otra manera: la violencia política, económica y social ha producido una sociedad desigual y segregada. Y además una inmensa impotencia. Esa impotencia conduce a la violencia. ¿Quién quiere violencia?
La respuesta no es simple, pero parece claro que quienes impiden las transformaciones políticas, económicas y sociales confían (y con razón) en que la fuerza de su violencia es superior a cualquier otra fuerza y a cualquier otra violencia. Las acciones recientes del partido mayoritario de Gobierno y del Ministro del Interior apuntan en esa dirección. Por otro lado, la fuerza política concertacionista tiene escasa presencia en el mundo social, separada de el por 20 años de práctica elitista a favor del modelo. Más de lo mismo no parece conducir si no a profundizar la desigualdad que produce el modelo chileno. Por lo mismo, a producir más violencia en la forma de explotación, delincuencia, segregación. Y demandas sociales que corren por fuera de los causes institucionales.
El PC, por su parte, si bien ha crecido considerablemente, pierde terreno cada vez que privilegia los acuerdos con la Concertación por sobre la construcción de una fuerza política transformadora y amplia. Las recientes elecciones en federaciones estudiantiles, al menos, muestran eso: los estudiantes confían en quienes se han movilizado, más que en los partidos que dirigieron las frustradas negociaciones.
Entre las dirigencias estudiantiles emergen colectivos con proyectos transformadores vinculados con distintas tradiciones de izquierda. No parece que presten demasiada atención a los muchos indignados que buscan o desean alternativas políticas nacionales. Las dirigencias estudiantiles consolidadas, y en particular Jackson y Vallejo en Santiago, emergen como actores con alta credibilidad pública y apuestan por cruzar las fronteras de lo posible y acercarse a las de lo deseable. El primero se ha embarcado en un novedoso proyecto de construcción de fuerza política. La segunda ha cuestionado viejas prácticas y nuevas alianzas de su partido, causando buena recepción social e incomodidad en un PC volcado a si mismo. A juzgar por la conducta observada por estas dirigencias y el movimiento social durante el 2011, existe una mayoritaria voluntad de cambio social y político que se opone prácticamente a la violencia, desconfía de las instituciones y prácticas políticas post-1973 y confía en la fuerza de la movilización para impulsar cambios profundos.
¿Cuál es el escenario más probable para el 2012? Primero, la continuidad y profundización de las movilizaciones, abarcando nuevos actores. Segundo, que ante la crisis de representatividad se fortalezca la línea represiva del Gobierno y la negativa de la UDI, que parece tener la llave de las instituciones, a reformarlas. Tercero, que ante esa clausura aumenten las expresiones violentas del descontento. Y que ello fortalezca la línea represiva de un Gobierno que sabe que, en el plano de la violencia, los que más sufren no son quienes monopolizan poder económico y político.
El panorama es más bien sombrío. La discusión que han intentado forzar desde la derecha sobre las expresiones de Vallejo y Jackson no es más que el intento de reflejar en ellos, y en los movimientos sociales a través de ellos, la mala conciencia de los partidarios de la Dictadura. No hay nada en los movimientos sociales, ni menos en Jackson y Vallejo, que sugiera que están interesados en impulsar una suerte de Vía Armada para conseguir los cambios que demanda la inmensa mayoría.
Sólo parece razonable concluir, sin embargo, que si el Gobierno persiste en su línea de negar las reformas y aumentar la criminalización, la violencia política aumentará en la forma de enfrentamientos callejeros. Y que en esos enfrentamientos, como ha sucedido históricamente, se forme una generación dispuesta a enfrentarse organizadamente a la injusticia y la represión, confiando más en la legitimidad de sus fines que en la factibilidad de sus medios.
La entrevista a Camila Vallejo en El País comenzó con una confesión de cansancio: “Siento una carga muy grande. La gente quiere que tenga respuesta para todo y tienen la expectativa de que voy a cambiar Chile, yo sola. En la calle me gritan: ‘¡Los apoyamos, no nos abandonen!’. Pero la responsabilidad, chucha, es de todos”. Estas frases contienen una de pocas claves de que disponemos para evitar la tragedia de las violencias, las permanentes y las excepcionales. Los jóvenes dirigentes no tienen todas las respuestas, y cargan sobre sus hombros, como nadie más, la confianza ciudadana. Se radica en ellos una expectativa radical: “cambiar Chile”.
Los cambios, posibilidad contra la violencia social y política, dependen sólo en parte de ellos. Fundamentalmente dependen de quienes cierran las puertas al cambio y de la expresión de la mayoría ciudadana. Sobre lo primero, Jackson fue muy preciso al denunciar a El Mercurio, cómplice de la violencia terrorista que jamás ha mostrado arrepentimiento. Sobre las mayorías, sin embargo, es urgente la formación de expresiones políticas amplias, que unan diferentes experiencias políticas y locales, diferentes clases y generaciones, porque la responsabilidad, como dijo Camila Vallejo, “chucha, es de todos”.
Si la contradicción principal es entre democracia y neoliberalismo, más triunfos de éste suponen más violencia, y los triunfos de la democracia suponen que recuperemos la soberanía de decidir, una soberanía constituyente de justicia y paz social. ¿Como se podrá hacer eso? De la respuesta colectiva dependerá que no tengamos que padecer, además de la violencia subterránea y aparentemente naturalizada, nuevamente esa violencia excepcional que todavía duele.
