De acuerdo a las cifras oficiales, tras el terremoto y tsunami ocurrido el 27 de febrero de 2010, Chile tuvo que enfrentar el desafío de reconstruir más de 220 mil hogares dañados por la catástrofe. Esto se tradujo en la disponibilidad de 220 mil subsidios excepcionales de reparación o reconstrucción en sitio propio, subsidios para acceder a viviendas nuevas en sitios nuevos, o subsidios especiales, según datos del MINVU.
La tragedia demandaba la reestructuración de los procesos administrativos del Estado para responder a la agravada vulnerabilidad social en la que quedaron las familias afectadas. Sin embargo – dada la urgencia probablemente – el sistema se organizó ajustándose a los programas ya existentes, sumando a las dificultades contingentes otras permanentes del engranaje, como las limitaciones municipales, la excesiva centralización, la irregularidad de los títulos de dominio de las propiedades y de los servicios básicos -en especial en el mundo rural-, por nombrar algunos.
Un número importante de familias damnificadas no podrá acceder al Subsidio de Reconstrucción por ser propietarios de segunda vivienda, ser propietarios unifamiliares, o no poder corroborar su condición de allegados o arrendatarios al momento del terremoto. Los damnificados rurales no quieren que sus viviendas se construyan en la ciudad; existe sobredemanda de personas que quieren postular al Subsidio Habitacional regular y que fueron desplazados por los proyectos de reconstrucción; muchos de los certificados de la Dirección de Obras Municipales (DOM) fueron mal emitidos o emitidos antes de la resolución que determinan sus condiciones; hay damnificados que cuentan con los certificados de la DOM pero que no aparecen en el Registro Nacional de Damnificados. Así, existen otras situaciones que impiden materializar la postulación de acuerdo a los requisitos reglamentarios de la burocracia presente en los procesos regulares, inflexible frente a quienes sufrieron las consecuencias materiales y emocionales de la catástrofe.
Los más vulnerables ingresan a la red de asistencia del Estado –en este caso, al Subsidio Habitacional- de acuerdo a los resultados que arroje su Ficha de Protección Social (FPS), instrumento que mide la vulnerabilidad de una persona y su grupo familiar, discriminando positivamente a quienes necesitan mayor apoyo. En este marco, la FPS debiera ser un instrumento facilitador del acceso a la vivienda para los damnificados más vulnerables, pero, ¿qué ocurre en realidad? Al menos en la práctica, muchos de los que atendemos día a día quedan fuera del sistema. En algunos casos los puntajes de la FPS han subido después del terremoto, varias comunas no cuentan con los encuestadores requeridos o suficientemente calificados para la labor que desarrollan, entre otras situaciones
Es cierto que el proceso de reconstrucción es una tarea compleja y de largo plazo, sin embargo, tras la experiencia, se hace presente la necesidad de idear un sistema que para futuras eventualidades funcione de manera ágil, paralelo al proceso tradicional de acceso a la vivienda, pues la institucionalidad actual no permite la solución rápida de los problemas cuando la vulnerabilidad de algunas familias se hace más presente.
